El revival de los noventa que asoma en el arranque de la gestión de Javier Milei hace esfuerzos por no parecer una réplica trucha. Quizás por eso busque aggiornar con toques de macrismo explícito para armar negocios y optimizar el lobby, como por ejemplo en el tema portuario, puntualmente, en la hidrovía, que tiene su mayor traza en Santa Fe.
Sigue siendo incierto el capítulo final de la novela sobre quién mantiene operativa y qué esquema de gestión se define en la vía navegable. Finalizada la concesión por obra pública a manos privadas, fue prorrogada y luego adjudicada temporariamente a la Administración General de Puertos (AGP) que contrata el dragado y balizamiento de manera directa.
Con La libertad Avanza en el poder sólo se presume qué ideas liberales aplicaría el gobierno, pero no hay definiciones ni siquiera ideas, al respecto con un Estado casi corrido del tema. En las últimas semanas ese aire de liberalismo ávido de negocios empezó a traccionar sus intereses para la vía navegable con una vieja y conocida figura creada durante la gestión de Mauricio Macri: los proyectos de Participación Público Privada (PPP).
Las PPP a la hidrovía
Hace algunas semanas en esta columna Letra P contó que se cocinaba una privatización de AGP y no se sabía qué modelo podría adoptarse. Alguien vio la veta y se mandó. El ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, fue el primero en motorizar esta idea durante el mes que estuvo en el gobierno, incluso la arrimó al establishment agroexportador, usuario de la hidrovía, por ejemplo, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Esta semana algunos interesados se movieron y volvieron a poner el modelo en el tapete por lo bajo y en publicaciones, pero aún sigue sin estar en claro su eventual implementación. Por eso sectores del mercado agroexportador y portuario empezaron a pedir precisiones sobre lo que pretenden sobre "su" vía navegable.
El modelo, similar al de aquellas concesiones de corredores viales, consistiría en que usuarios de la agroexportación básicamente elijan a la firma que se encargue del dragado y del balizamiento, luego de pelear las condiciones (tarifas de peaje sobre todo) con los oferentes. Sería la candidata del sector privado en una licitación nacional e internacional del Gobierno, y tendría todos los números porque sería difícil que alguien externo mejore las condiciones .
No prende
Por ahora nadie del sector privado local se envalentona, a lo sumo levanta la oreja. Hasta hay liberales que conectan con el gobierno, muchos consultores, incluso del ambiente portuario, que juegan la ficha de la mesura y dicen que no existen alternativas en el tema: licitación internacional a riesgo empresario por peaje de varios años, como fue al principio durante 25 años. El propio Toto Caputo tendría en claro que no hay mucha vuelta.
De hecho ya está el marco legal con el decreto de 949/20 para el llamado a licitación de Transporte, firmado por Alberto Fernández, quizás lo único que le reconocen que perduró del tema hidrovía, y la ley de concesión de obra pública. Aquel momento previo a la concesión que quedó en Hidrovía SA (Jan de Nul-Emepa) fue agitado como ahora, pero se logró, pese a todo, establecer políticamente toda una reglamentación, por ejemplo, la ley de puertos.
Pretende más que prende
También hay liberales no libertarios más enfrascados en quedarse con el negocio y después ver cómo amoldarse. De hecho, las dragadoras, puertos y agroexportadoras, es decir los privados, serían los primeros en mirar mil veces la letra chica. Su implementación requiere de estabilidad y seguridad jurídica, algo lejano actualmente y vaya a saber hasta cuándo.
Hay una pregunta que cae de madura: si no se pudo aplicar con los inventores de la PPP Macri y su exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien tendría intereses en el negocio, ¿por qué sí podría aplicarse ahora con más turbulencias, sin rumbos claros y sin firmas ministeriales para avanzar? Por el momento prende más el modelo Menem que el Macri-Milei.
CON INFORMACION DE LETRA P.