Organismos del Estado contrataron casi 600 pólizas con Nación Seguros en los últimos dos años del gobierno de Alberto Fernández

A partir del decreto dictado por Alberto Fernández que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar sus pólizas con Nación Seguros, aumentaron un 45% las adjudicaciones directas a esa aseguradora estatal en sus últimos dos años de mandato. Así surge del relevamiento que hizo Infobae de las contrataciones publicadas en el sitio oficial Compr.Ar. En paralelo, creció el negocio de brokers cercanos al ex presidente, que se quedaron con comisiones millonarias.

Ese decreto 823/21 le entregó el negocio cautivo de los seguros de organismos públicos a la aseguradora del banco estatal, manejada en ese momento por un amigo de la juventud de Fernández, Alberto Pagliano, con quien había compartido sus inicios en el rubro de seguros en los 90′s. Además de otorgarle el monopolio de las pólizas, la redacción del artículo cuarto de esa norma habilitó el ingreso de productores privados, que cobraron un porcentaje por su intermediación entre dos organismos estatales, sin mediar una licitación que formalizara su participación en el negocio.

En total, durante la gestión del ex mandatario hubo 972 adjudicaciones a Nación Seguros. De esta cifra el 60% - un total de 587- se otorgaron después de la firma del decreto que puso al todavía hoy presidente del Partido Justicialista bajo la lupa de la Justicia. Casi en su totalidad (578) fueron por contrataciones directas a través de convenios interadministrativos. Solo hubo dos licitaciones privadas, cuatro públicas, dos compulsas de precios y un concurso privado dejado sin efecto. En cambio, en los dos años previos a la norma firmada el 1 de diciembre de 2021 por Fernández, los convenios con Nación Seguros habían sumado 385, de los cuales 359 fueron contrataciones directas (93%), 20 licitaciones privadas y 6 públicas.

Uno de esos productores de seguros favorecidos y hoy investigados por la Justicia Federal, es Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada histórica de Fernández, María Cantero, amigo y acreedor del ex presidente. En una nota enviada al mercado asegurador, el empresario negó que el ex presidente haya intervenido a favor de sus empresas y aseguró que no tuvo relación comercial con ANSES. “Nunca hemos solicitado como empresa al ex presidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, sostuvo. Otra es la aseguradora Castello Mercuri SA, principal aportante de su campaña electoral en 2019 y propiedad de Oscar Alberto Castello y Ernesto Mercuri. Un tercer intermediario en el negocio de Nación Seguros que quedó bajo sospecha es el empresario Pablo Torres García, de la firma TG Broker SA, a quien le adjudican un vínculo con el empresario Nicolás “Nicky” Caputo, y conexiones políticas que van desde el PRO hasta el massismo.

Del análisis que hizo Infobae de las pólizas con Nación Seguros publicadas en Compr.Ar hasta el 13 de marzo, surge que en 2017 (no hay datos de años anteriores), en la gestión de Mauricio Macri, los contratos con Nación Seguros habían sido 109. El primer año del gobierno de Fernández, cuando aún no era obligatorio para el Estado nacional contratar las pólizas con Nación Seguros, fueron 195. En 2021, sumaron 207. Sin embargo, a partir del decreto 823/21, las adjudicaciones saltaron a 282 en 2022. Y, en el último año de su mandato hasta la llegada de Milei a la Casa Rosada, escalaron a 288.

El caso que destapó la maniobra fue el de los préstamos otorgados por la ANSES a jubilados, revelado por Ricardo Roa en Clarín, en la que los brokers privados habrían cobrado una comisión del 17%, un porcentaje elevado para los valores del mercado, que terminaba siendo descontada de los haberes jubilatorios. La operatoria fue detectada por el ex titular del organismo, Osvaldo Giordano, despedido tras la polémica por el fracaso de la Ley Ómnibus. La prima anual era cercana a los $20.000 millones, lo que representaba cerca de $300 millones mensuales en comisiones para los productores designados como intermediarios.

A partir de las denuncias de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto, y de la abogada Silvina Martínez, se abrió una investigación en la Justicia, a la que sumó luego otra del propio Gobierno, presentada por el Ministerio de Capital Humano, la ANSES y Nación Seguros. Todas se unificaron en el Juzgado Federal de Julián Ercolini, y Fernández quedó imputado por presunta administración fraudulenta, al igual que Martínez Sosa y Torres García. El fiscal Ramiro González sostuvo que, según los denunciantes, a partir de esa normativa se consolidó un monopolio en el sector de seguros estatales que habría facilitado la intervención de reasegurados privados y brokers en operaciones “poco transparentes”.

Con el paso de los días, el Gobierno fue detectando la misma modalidad en otros organismos del Estado como los ministerios de Defensa y de Seguridad, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Casa de la Moneda, y el Instituto del Teatro.

Sin embargo, los organismos que contrataron Nación Seguros desde el dictado del decreto 823/21, fueron muchos más. Según lo publicado en el sitio Compr.Ar, entre el 1 de diciembre de 2021 y el 10 de diciembre de 2023, los ministerios y dependencias oficiales que adjudicaron contratos a la aseguradora estatal suman 91. Algunos de ellos con más de 40 adjudicaciones en esos dos años, con pólizas que van desde seguros para vehículos, embarcaciones, aeronaves oficiales y obras de arte, hasta muestras en museos, maquinarias, equipos informáticos y fotográficos, pasando por los bustos de la Casa Rosada y una variedad de seguros de accidentes personales, responsabilidad civil y contra incendios.

El ranking de contrataciones con Nación Seguros en la anterior gestión, a partir del decreto de Fernández, lo lidera la Administración de Parques Nacionales, con 47 contratos; seguida del Ministerio de Seguridad y la Secretaría General de la Presidencia, ambas con 45; y la Dirección Nacional de Vialidad, con 40.

De las 45 pólizas del Ministerio de Seguridad, casi la mitad son en dólares, y en su mayoría intervino Martínez Sosa como productor intermediario. Las tres más caras corresponden a aeronaves de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con valores de entre USD 1,3 y USD 1,7 millones cada seguro. En tanto, los tres contratos más onerosos adjudicados a Nación Seguros por la cartera que en ese momento estaba a cargo de Aníbal Fernández, van desde los $196 millones a los $394 millones cada uno, para asegurar automotores.

En cuanto a la Secretaría general de la Presidencia, las 45 pólizas que adjudicó a Nación Seguros, post decreto 823/21, sumaron más de USD 1,2 millones en esa divisa, y $124 millones. El contrato más costoso que concretó Julio Vitobello - a cargo de esa dependencia en la gestión de Fernández - fue en junio de 2023, para asegurar las tres aeronaves presidenciales por USD 1.179.315 durante un año. A principios de marzo, el Gobierno de Milei anunció que transferirá a la Fuerza Aérea la flota de aviones de la Presidencia, - compuesta del Boeing 757 comprado por Fernández en 2022, un Boeing 737, y un Leart 60 que ya estaba en manos de esa Fuerza, y tres helicópteros -, con el objetivo de reducir gastos. En tanto, para asegurar la flota de automotores de la Secretaría General, Vitobello contrató a Nación Seguros por otra póliza valuada en $73,4 millones, el contrato más alto en pesos de ese organismo.

En el ranking de contrataciones con Nación Seguros aparecen, luego, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán”, con 18; la Secretaría de Educación, con 16; el Estado Mayor General de la Armada, con 15; el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”, cada uno con 13; el Estado Mayor General del Ejército y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, con 12; y el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, así como el ex ministerio de Ambiente, ambos con con 11.

Hay otras 18 contrataciones que aparecen con fecha de apertura después de la asunción de Milei, pero que en realidad corresponden a procesos que comenzaron durante la gestión de Fernández. Sumadas, implicaron una erogación de más de $562,5 millones.

* Para www.infobae.com