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Reforma judicial, otro atajo para la impunidad

Una rápida lectura del proyecto permite realizar serias objeciones constitucionales, además de ocultar la finalidad cuyos redactores no se animan a explicitar

OPINIÓN 07/08/2020 Jorge ENRIQUEZ
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El proyecto de reforma a la Justicia -en rigor de verdad, al funcionamiento de un solo fuero del Poder Judicial de la Nación- presentado hace unos días por el Presidente de la Nación es, desde la técnica, indudablemente malo. Una rápida lectura del mismo permite realizar serias objeciones constitucionales, además de evidenciar una concepción decididamente vetusta del rol que cumplen quienes integran el servicio de justicia en la resolución de los conflictos dados en el seno social.

Todo ello resulta por demás preocupante y debería ser motivo suficiente para el rechazo de la iniciativa. Sin embargo, lo más grave de ello proviene de la finalidad cuyos redactores no se animan a explicitar, pero representa el único fin buscado por ellos, que no es otro que alcanzar la impunidad de la actual Vicepresidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en la multiplicidad de causas que la tienen como acusada, a raíz de los múltiples delitos cometidos por ella y por los otros miembros de la organización criminal de la cual era su Jefa.

No hace falta ser muy sagaz para darse cuenta de ello y por más que el kirchnerismo, en su versión actual de Albertismo, lo ha pretendido ocultar a la opinión pública durante la campaña presidencial del año pasado, lo cierto es que la recuperación del poder para evitar el accionar sólido avance de la justicia contra la ex presidente fue la principal motivación que determinó la conformación del “Frente de Todos”. Desde el 10 de diciembre de 2019 vemos cómo se viene desarrollando un obsceno plan de impunidad y así es cómo los aliados del poder han recuperado su libertad; la UIF y la Oficina Anticorrupción han perdido su rumbo y evitan cumplir con las funciones que le son propias, convirtiéndose así en organismos copados por los seguidores del régimen; tiene media sanción del Congreso un proyecto de moratoria impositiva a medida de Cristóbal López; y ahora esta iniciativa que pomposamente llaman de “reforma a la justicia” viene a dar un golpe funesto a cualquier pretensión de ejercicio independiente de la magistratura.


Tan palpable es esa indecible finalidad que la norma se concentra con exclusividad en el fuero penal y puntualmente dentro de él interviene en los juzgados con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. En un contexto de crisis inédita, en el cual el ciudadano común, angustiado por la cuestión sanitaria, abordada con absoluta impericia por el Gobierno nacional, carece de certezas tan básicas como si puede ir a trabajar -lo que parece depender del humor de los gobernantes- o si podrá tener recursos para poder vivir dignamente, resulta vergonzoso proponer una duplicación de la estructura de los juzgados hoy existentes. Esta impudicia no puede ser explicada de ningún modo por quienes diseñaron la solución, porque si lo tuvieran que hacer tendrían que decir que el único fin que tiene es designar jueces que respondan a sus dogmas políticos.

Además de todo ello, resulta sin dudas paradójica la ampliación de los juzgados en el marco de la progresiva aplicación del Código Procesal Penal Federal, el que adopta un modelo acusatorio, y que, por lo tanto, requiere una mayor dotación de Fiscalías, las que llevan adelante el impulso de la investigación. ¿Responderá ello a que el kirchnerismo no puede aceptar la independencia de criterio del actual titular del Ministerio Público Fiscal, al cual incluso están buscando apartar a través de injuriosas acusaciones en el ámbito del Congreso Nacional?

En la actualidad no existen motivos serios para reformar la justicia federal y menos aún bajo las pretensiones del partido gobernante. La República y los argentinos nos merecemos cierta ética por parte de nuestros representantes, valores a los cuales el Frente de Todos mira desde lejos y casi con desprecio.

Fuente: Infobae

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