Investigan la pata policial de las coimas por juego clandestino

Tras la detención de los dos fiscales Gustavo Ponce Asahad y su ex jefe Patricio Serjal, imputados de cobrar coimas, asoma otra pata de recaudación a través del juego clandestino: la policía. En la audiencia del martes pasado, el equipo de fiscales que acusó a Ponce Asahad y a Serjal incluyó dentro de las evidencias un papel que fue secuestrado en la casa de la secretaria del empresario Leonardo Peiti, que tras presentarse como arrepentido “prendió el ventilador” sobre esta trama de corrupción en la que él era uno de los favorecidos.

“Vamos a tener un gasto de 20 K por mes x sala. Se lo vamos a dar en 10 k por mes a cada comisario para que se lo reparta con los jefes de insp y orden y los otros 10 K por mes son para Sarna. Después también hay como otros 10 K por mes que serían los gastos de la federal, la fiscalía y otros Monos. En general cada sala tendría un gasto de 30 K por mes”, señalan las anotaciones que habría hecho Peiti y constan en la causa. Se calcula que en sólo en la ciudad de Rosario funcionan unos 80 “casinitos” ilegales.

Según lo que se desprende de la investigación, este esquema de pago de coimas es el que funciona actualmente. Se sospecha que antes también había otra caja negra, incluso más voluminosa que se nutrió históricamente del juego clandestino, un negocio ilegal –considerado benigno para la clase política -, que es minúsculo comparado con el dinero que mueve la venta de drogas y lo que absorben sectores de la fuerza por proteger estos emprendimientos cargados de mayor violencia.

En esta trama aparecen –según la investigación- puntos de contacto que abarcan las gestiones anteriores y la nueva en la policía. Uno de los enlaces sería Victor Martínez, hombre de confianza del ex titular de la Policía de Investigaciones Daniel Corbelini y actualmente afincado en la Unidad Regional II, en el entorno del jefe Danilo Villán.

 La casa de Martínez fue allanada por orden de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra hace dos semanas. En la residencia encontraron una caja fuerte, donde estaban guardados varios chips de telefonía celular y tarjetas de memoria. Ahora los investigadores están analizando esa información. Hasta ahora Martínez aparece sospechado en la causa de armar “una causa poncho” junto con el fiscal Ponce Asahad. Causas poncho se les llama en la jerga judicial a aquella que se “crea” para tapar otras.

Inventaron una causa sobre juego clandestino que estaba “vacía”, pero el objetivo era –según describió en la audiencia la fiscal Gisela Paoliceli- que absorbiera otras investigaciones reales contra Leonardo Peiti, quien pagaba coimas mensuales de 5.000 dólares.

 Era bastante sofisticado el mecanismo que funcionaba dentro de la Fiscalía de Rosario para encubrir al empresario. En 2018 Serjal le pidió a la fiscal de Cañada de Gómez Gabriela Lescano que hiciera un relevamiento sobre juego clandestino. En base a la información policial, la funcionaria envió un informe a la fiscal que coordina las delegaciones del interior Natalia Benvenuto, pero ese documento estaba vacío, porque los efectivos no habían encontrado nada, algo que le llamó la atención a la fiscal porque no había ninguna investigación abierta.

El informe fue a parar a la Unidad de Delitos Complejos. Según contaron en la audiencia, Benvenuto se tomó vacaciones y envió el legajo a Ponce Asahd, porque el fiscal debía ordenar unos allanamientos sobre juego clandestino.

“Con ese expediente Ponce Asahad abrió otro, con el mismo objeto y con los mismos imputados. Lo hizo para que figurara una causa”, describió Paoliceli. Esa causa estaba vacía y no iba a prosperar. Pero Ponce Asahad lograba proteger a Peiti y cubrirse sus espaldas. El 5 de diciembre de 2018 el policía de la PDI Víctor Martínez le envió un mensaje a Peiti para avisarle: “El allanamiento lo quiero positivo”. Debían encontrar algo para lograr cubrirlo y así quedaba todo en la nada.

Ese esquema de encubrimiento y protección entre los fiscales y la policía funcionaba en 2018, cuando la gestión en la policía era otra. Por los documentos encontrados en la casa de la secretaria de Peiti se presume que estas cajas negras se reacomodaron luego, con la nueva gestión.

 “En general cada sala tendría un gasto de 30 K por mes”, escribió Peiti. Esos 30.000 pesos era lo que –según se investiga- debían pagar a los distintas estructuras de la policía de Santa Fe y la Federal. En el texto aparecen desde “inspectores” a “orden público” y llamativamente aclara que otros 10 K (10.000 pesos) eran para “Sarna”. Aunque en la audiencia nadie aportó indicios sobre quién sería Sarna se cae de maduro que podría tratarse del actual jefe de la Policía Víctor Sarnaglia.

“No admitimos la recaudación de la policía y los que lo han hecho van a pagarla. Sean policías de la gestión anterior o policías designados por nosotros. Si tenemos que sacar esposados a altos jefes policiales lo vamos a hacer sin ningún tipo de miramientos”, afirmó el ministro de Seguridad Marcelo Sain al programa ATP.

En el caso del juego clandestino lo que se investiga, con fuertes indicios, es que el esquema de recaudación del juego clandestino fue parte de la transición en la alta jerarquía policial, sobre todo en las unidades regionales I, II y XVII. Dos de esas UR están intervenidas como son la de la capital santafesina y la de San Lorenzo, donde se habría cortado el flujo de sobornos pero no así en Rosario, por lo que en el Ministerio de Seguridad preparan cambios para las próximas semanas cuando avancen las investigaciones, algo que podría incluir –según señalaron fuentes del Ministerio de Seguridad- al propio Sarnaglia, en tensión permanente con Sain, pero que llegó al cargo por pedido del gobernador Omar Perotti.

(*)Germán DE LOS SANTOS Para Aire de Santa Fe