El kirchnerismo, dispuesto a todo para controlar la Cámara Federal Penal

POLÍTICA Por Román LEJTMAN
La ofensiva contra los jueces Bruglia y Bertuzzi es una pieza fundamental del plan oficialista destinado a colonizar al Tribunal que tratará todas las causas de corrupción que involucran a Cristina Fernández de Kirchner
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El objetivo político oculto y definitivo del oficialismo con su anunciada Reforma Judicial es colonizar la Cámara Federal Penal que debe tratar todas las causas de corrupción pública que involucran a Cristina Fernández de Kirchner.

El Gobierno pretende una mayoría automática en esa Cámara Federal y urde una estrategia que se apuntala en los tecnicismos del Consejo de la Magistratura, ciertas facultades constitucionales previstas para el Presidente y la inexpugnable mayoría del peronismo en la Cámara de Senadores.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner recitan de memoria a Juan Domingo Perón y Carl von Clausewitz, dos estrategas militares que enseñaron la necesidad de ejecutar movimientos visibles y grandilocuentes para mimetizar el objetivo político que se desea alcanzar ante un enemigo que sólo presta atención a lo obvio y corriente.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado aprobó ayer por mayoría un dictamen que apoya la Reforma Judicial enviada por Alberto Fernández al Congreso. Ese dictamen fue rechazado por la oposición y es el paso institucional necesario para lograr que la iniciativa oficial obtenga su media sanción de la Cámara Alta.

Y si la negociación ya emprendida por el Gobierno cumple todos los ritos del regateo parlamentario, la Cámara de Diputados sancionará la iniciativa oficial hacia fines de septiembre. Pese a los cuestionamientos de la oposición y a las críticas perpetuas de la opinión pública.


Desde la perspectiva bélica de Perón y Von Clausewitz, la Reforma Judicial es el hecho obvio y corriente que usarán Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para ocultar su verdadero objetivo político en esta etapa de su Gobierno.

La Vicepresidente necesita desplegar una mayoría automática en la Camara Federal que reemplace a los jueces independientes que fallaron en su contra, cuando comprobaron que había suficiente evidencia para probar su responsabilidad penal en determinados casos de corrupción pública.


La ofensiva contra la Cámara Federal Penal es minuciosa y se mueve a la velocidad de la luz. Martín Irurzun es un camarista federal respetado en Comodoro Py y la Corte Suprema, y odiado por Cristina Fernández de Kirchner. Irurzun tiene la piel curtida y durante sus años en Tribunales ya vio pasar a dos dictadores, diez presidentes y más de treinta ministros de Justicia.

En las últimas horas, un puñado de diputados oficialistas presentó en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra Irurzun por “mal desempeño” en sus funciones. Se trata de una típica operación de acoso y derribo contra un camarista federal que enfrenta operaciones políticas desde 1987.

La presentación de los legisladores kirchneristas, encabezada por Rodolfo Thailhade y Martín Soria, no tiene posibilidades de prosperar en el Consejo de la Magistratura. Y su único objetivo es iniciar una ola de presión institucional contra Irurzun para lograr su renuncia y ocupar con un juez propio su lugar en la Cámara Federal.
Junto a la ofensiva contra Irurzun, la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura, Alberto Fernández y la bancada justicialista en el Senado iniciaron una profunda arremetida contra los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Consideran que Bruglia y Bertuzzi están violando el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, y por lo tanto deben abandonar la Camara Federal porteña.

El artículo 99, inciso 4 de la Constitución, establece que un juez está ajustado a derecho si fue propuesto por el Consejo de la Magistratura, su pliego enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento y, finalmente, haber logrado su aprobación por la mayoría simple de la Cámara Alta.

Bruglia y Bertuzzi cumplieron el rito constitucional para ocupar sus cargos en un Tribunal Oral Federal y después fueron trasladados a la Cámara Federal Penal. Ese traslado -horizontal y en el mismo fuero- es impugnado por la Casa Rosada y la bancada kirchnerista en el Senado. Sostienen que es inconstitucional y que ambos camaristas deben renunciar y regresar a sus puestos en el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4).

La justicia Contenciosa Administrativa Federal concedió un amparo a favor de Bruglia y Bertuzzi, que el bloque de senadores peronistas transformó en papel picado. El próximo 4 de septiembre habrá audiencias oficiales para analizar la situación legal de Bruglia y Bertuzzi, pero la mayoría kirchnerista ya decidió: deberán regresar al TOF 4, a la espera de un fallo reparador de la Corte Suprema, que hace dos años interpretó que es constitucional un traslado horizontal en el mismo fuero (acordada 7/2018).

En este contexto, el balance de heridos y posibles bajas es posible de contabilizar. Irurzun sujeto a fuego cruzado en el Consejo de la Magistratura, mientras que Bruglia y Bertuzzi con muchas posibilidades de regresar a sus cargos en el TOF 4, hasta que la Corte se expida acerca de las decisión que el Senado consumará en las próximas semanas.


Detrás de los argumentos de la bancada oficialista, se esconde un hecho procesal que permite explicar la ofensiva del Gobierno contra Bruglia y Bertuzzi. Estos dos camaristas federales, hace menos de un año, confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner en una causa por presunta corrupción pública.

CFK no olvidó la decisión procesal de Bruglia y Bertuzzi -ajustada a derecho- y ahora bebe su vindicta política.

El desplazamiento de Bruglia y Bertuzzi puede causar una fuerte movilización social y provocar además un conflicto de poderes entre el Senado y los Tribunales. Si la Cámara Alta ordena su traslado inverso, y la justicia en lo contencioso y administrativo federal mantiene el amparo para bloquear esa posibilidad parlamentaria, se habrá llegado a una instancia política que sólo puede compararse con la Resolución 125 y el conflicto del campo.

Pero el eventual cimbronazo institucional no terminaría en esta instancia política. Balcarce 50 tiene intenciones de recolocar en la Cámara Federal a Eduardo Farah, un cuestionado magistrado que mantuvo relaciones ambivalentes con Mauricio Macri y Néstor y Cristina Kirchner. Farah está aburrido en su exilio corporativo y desea regresar Comodoro Py y su famosa Montaña Rusa.

En este contexto, Irurzun y su colega Mariano Llorens se mantendrán a pie firme en sus puestos. Bruglia y Bertuzzi es muy probable que pierdan sus cargos hasta una eventual revisión de la Corte Suprema, y Farah ya se prueba el traje clásico con tres botones y corte italiano.

Es decir: Irurzun y Llorens estarán en salas diferentes de la misma Cámara Federal. Farah regresará por decisión del Gobierno, y aún restan nombrar a otros tres camaristas, que serán elegidos por el Consejo de la Magistratura, avalados por Alberto Fernández y votados por la mayoría oficialista del Senado.

En cualquier variable matemática-política, Cristina Fernández tendrá mayoría en las dos salas de la Cámara Federal porteña, que deberán revisar las decisiones en su contra que eventualmente tome la primera instancia de Comodoro Py.

Si no suceden acontecimientos imprevisibles en Olivos y el Senado, Roberto José Boico será nombrado camarista en lugar de Bertuzzi o Bruglia. Boico -quedó segundo en los concursos públicos de oposición-, compartió estudio con el exjefe de gobierno Anibal Ibarra, y fue abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner en la causa abierta por el Memorándum con Irán.

Boico será un camarista independiente. Así lo prometerá cuando jure por la Constitución Nacional.

Fuente: Infobae

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