La quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires podría ser mayor de lo anunciado por Alberto Fernández

POLÍTICA Por Gustavo Alzirac
El Gobierno habilitó por decreto al Congreso a avanzar con un recorte de casi dos puntos con respecto a lo que le correspondía percibir a la Capital Federal hasta el día de ayer. En el Poder Ejecutivo prometen que garantizarán esos fondos por otras vías
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Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos, en la madrugada de este jueves se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 735/2020, cuyo primer artículo oficializó la quita a la Capital Federal de alrededor de $30 mil millones anuales en concepto de coparticipación, que desde 2018 integran el presupuesto porteño, para entregárselos a la provincia de Buenos Aires y así hacer frente al reclamo salarial de la Policía.

Sin embargo, el recorte podría ser aún mayor. El artículo 2 dispuso que una vez que el Congreso apruebe la transferencia de facultades y funciones de seguridad a la Capital Federal, el coeficiente volverá al nivel que estuvo vigente hasta diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri modificó el esquema de distribución de fondos.

“Con el DNU, el Gobierno le quitó 1,18% de coparticipación a la Ciudad, que pasó de tener 3,5% a 2,32 por ciento. De ese 2,32%, 1,4% corresponde al nivel histórico que regía antes del traspaso de la Policía. Entonces, el Poder Ejecutivo entiende que una vez que se termine de aprobar la ley que transfiere todas las competencias vinculadas a la seguridad, la Capital Federal volverá a tener el mismo porcentaje de recursos que estaba vigente hasta el inicio del gobierno de Mauricio Macri", explicó un especialista en materia fiscal de Juntos por el Cambio.

Si bien todavía están analizando los detalles del decreto, entienden que esa diferencia de 0,92%, que es el dinero que se utiliza para financiar a la Policía de la Ciudad, quedará establecido en la Ley o se aportará a través de otra vía.

En efecto, en el gobierno nacional prometen que ese diferencial será canalizado a través del Tesoro Nacional una vez que se apruebe la ley. Sin embargo, en términos estrictamente formales, el decreto representa un riesgo concreto de una poda mayor de recursos. El resto son promesas que podrían depender de una decisión política.

El traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires fue aprobado en su momento por la Legislatura porteña, pero nunca se avanzó en el Congreso Nacional. La denominada ley de transferencia de las facultades y funciones de seguridad no está en la agenda inmediata del Parlamento, pero en la oposición no descartan que haya una jugada en marcha para darle una segunda estocada a las arcas de los porteños en virtud de un discurso permanente de la Casa Rosada contra la presunta “opulencia” de la Ciudad de Buenos Aires.

En términos prácticos, la Capital Federal dejaría de recibir casi $60 mil millones en concepto de coparticipación una vez que se apruebe la ley.

Horacio Rodríguez Larreta ya prepara una fuerte defensa legal y hoy se reunirá con los abogados de la Ciudad. Por la tarde, hará su descargo político en una conferencia de prensa que sería a las 17.

Qué dice el decreto

En primer lugar, el artículo 1 estableció que “a partir de la entrada en vigencia del presente y hasta la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al DOS COMA TREINTA Y DOS POR CIENTO (2,32%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley”.

Luego, el artículo 2 determinó que, a partir de la aprobación del Congreso del traspaso de las fuerzas de seguridad, “con la correspondiente asignación de recursos en el marco de lo previsto por el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional”, la participación que le corresponde a la Ciudad “se fijará en un coeficiente equivalente al UNO COMA CUARENTA POR CIENTO (1,40%)”.

En definitiva, si bien el Presidente habló de “un punto de coparticipación”, en principio le quitó exactamente el 1,18 por ciento y, con el Congreso de por medio, esa reducción podría ascender al 2,1%, dado que CABA contaba hasta ahora con el 3,5.

A su vez, el Decreto aclaró que “las transferencias que requiera la implementación de la participación establecida en los artículos 1º y 2º de la presente medida se realizarán a través del Banco de la Nación Argentina” y se dispuso la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, “que tendrá por objeto contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas” del territorio que comanda el gobernador Axel Kicillof.

Entre los considerandos, se recordó que por medio del Decreto 705/03 se fijó desde el 1° de enero de 2003 la participación de CABA en un coeficiente del 1,40%, y que a través del Decreto N° 194/16, firmado en ese entonces por el ex presidente Mauricio Macri, se elevó al 3,75% a partir del 1° de enero de 2016, con el argumento de financiar el traspaso de la Policía al ámbito de la Capital Federal. Asimismo, se remarcó que en el marco del Consenso Fiscal 2017, el Decreto N° 257/18 estableció una reducción de la alícuota, desde el 1° de enero de 2018, al 3,50%.

Por otra parte, la nueva normativa firmada por Alberto Fernández aclaró que se reevaluó el “impacto presupuestario real de las funciones de seguridad asumidas por CABA”, en alusión al traspaso de la Policía, y que se estipuló en un 0,92%. De allí que el 1,40 original más ese 0,92 calculado para hacer frente a los costos de la fuerza de seguridad derivó en el 2,32% establecido en el Decreto como primera medida. El resto se definirá en el Congreso...

Para justificar la medida, el texto destacó que el “presupuesto per cápita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendía en el año 2019 a $106.472, mientras que en la Provincia de Buenos Aires era de $53.509”. En la misma línea, el Gobierno expresó que los sucesivos Decretos mencionados anteriormente generaron que “se vieron afectados los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que hoy lucen evidentes y cuya corrección es imperativa”.

Por último, se remarcó que con la modificación oficializada en el Boletín Oficial de este jueves “se cumple con la manda constitucional de proveer al crecimiento armónico de la Nación, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.

Con información de www.infobae.com

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