Peajes: UIF pidió la inhibición de bienes de empresas relacionadas con Macri

POLÍTICA Por Gustavo Alzirac
La Unidad de Información Financiera solicitó ser querellante en la causa que investiga maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en la causa que investiga al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional.

En una presentación realizada ante el juez Julián Ercolini, la UIF pidió ser querellante, esto es impulsar el caso, y requirió la inhibición de bienes de Ausol, GCO y Albertis, empresas sospechadas y que estuvieron vinculadas a los Macri.

La medida es para impedir que los imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena pecuniaria.

Este jueves la Cámara Federal declaró la nulidad de los procesamientos que el entonces juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral había dictado a los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri: Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel.

Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia hicieron lugar a un planteo de las defensas que alegaron que no contaron con toda la documentación a la hora de las indagatorias.

Esa resolución puede ser apelada por la fiscalía de Cámara encabezada por el fiscal general Jose Luis Agüero Iturbe.

Fuentes de la investigación explicaron que actualmente casi toda la prueba fue subida al sistema, tras reconocer las complicaciones que implica trabajar vía remoto.

Si bien las indagatorias no fueron anuladas, habrá que ver qué camino elige el juez Ercolini, que tiene dos opciones: o le exhibe a todos los imputados nuevamente las pruebas y define si los procesa o no; y la otra posibilidad es tomar nuevamente las indagatorias.

En la causa se investiga si funcionarios del gobierno de Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión a pesar de que las firmas Ausol y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

De acuerdo a la denuncia formulada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, para avanzar con la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis, que era socia del Grupo Macri, ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.

La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera como presidente en 2015 y retirada años después, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.

La relación de Macri con Ausol fue formalmente reconocida cuando la entonces vicepresidenta Gabriela Michcetti debió firmar el decreto de la prórroga de la concesión, para evitar eventuales conflictos de interés.

Uno de los argumentos que tiene el ex presidente es justamente él no firmó nada, ni como Grupo Macri ni como gobierno. Sin embargo, funcionarios que investigan el caso y los denunciantes deslizaron que ningún director de Vialidad, y ministros como el caso de Dietrich no pudieron haber firmado ninguna resolución sin la venia del jefe de Estado.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Vanesa Petrillo

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