Una coalición peronista que no funciona

Era un país de gente infeliz con una sola excepción, podrán decir los historiadores cuando escriban sobre estos tiempos. Cristina Kirchner está feliz. Dinamitó el único puente de racionalidad y diálogo que Alberto Fernández conservaba cuando lo despojó de más 30.000 millones de pesos a Horacio Rodríguez Larreta.

 
La vicepresidenta prepara al Senado para remover en la semana que se inicia a dos jueces que la condenaron y a un juez que todavía debe juzgarla por la pornográfica causa de los cuadernos de las coimas. La Corte Suprema demora su sentencia sobre esos jueces, ya sea porque la discute demasiado o porque prevalecen las viejas pendencias internas. La pandemia es una desgracia para todos, aunque la excepcionalidad le permitió a la expresidenta convertirse en dueña del Congreso y también de la administración política del país. 

Alberto Fernández prometió otra cosa, pero la gestión de su gobierno es demasiado gris. El decreto que saqueó las arcas de la Capital lo inspiró Cristina, según la unánime certeza de oficialistas y opositores, pero él lo firmó. Es una violación en toda la regla a los principios del país federal que consagra la Constitución. Condena a la Capital a menos obras públicas y a una seguridad pública de baja calidad. Que todos sean igualmente pobres. Macri le aumentó por decreto la coparticipación a la Capital, pero luego todos los gobernadores suscribieron esa decisión en el pacto fiscal. El Presidente fulminó esa decisión con su sola firma. Llama la atención que la medida haya sido respaldada por 19 gobernadores peronistas (con la honrosa excepción del cordobés Juan Schiaretti) sin tener en cuenta que a ellos les podría pasar lo mismo si cambiara el signo político del gobierno federal. Experto en hurgar resentimientos propios y ajenos, el kirchnerismo gobernante acaba de resucitar la vieja y absurda querella entre el interior y la Capital. ¿Qué debió hacer para resolver la inoperancia del gobierno bonaerense, que solo reclama más recursos del gobierno federal y casi siempre los obtiene? Podría haber suspendido en el acto el debate sobre la reforma judicial, que, según cálculos de Martín Lousteau, le costará al Estado 14.000 millones de pesos por la increíble distribución de abundantes cargos judiciales. Hecho su sacrificio, el Presidente podría entonces haber conversado con Rodríguez Larreta para que este cediera otros 15.000 millones de pesos. La suma se hubiera acercado bastante a la cifra que le sustrajo al jefe porteño. ¿Qué opositor confiará en Alberto Fernández después de que este divulgara un diálogo inverosímil con Macri y de que destratara de esa manera al único opositor que insistió en seguir hablando con él, aun cuando debió enfrentar serias objeciones entre sus socios de Cambiemos? Al contrario de lo que se propuso, el Presidente debilitó su dimensión política.

Todo sucedió porque dos ahijados predilectos de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Berni, ni se enteraron de que había un clima explosivo en la policía bonaerense. Kicillof culpó -cuándo no- a Vidal de sus desventuras. El peronismo gobernó la monumental provincia 29 años de los casi 37 de democracia. Motines policiales hubo con Daniel Scioli y con Kicillof. No hubo ninguno con Vidal, a pesar de que esta metió presos a 1000 policías y sumarió a 35.000. ¿O, acaso, todos los policías bonaerenses son de Pro? Quién lo sabe. Pero lo más probable es que ni Kicillof ni Berni se hayan detenido en una información clave. La mitad de los ingresos de los policías de Buenos Aires proviene de trabajos extras, como la custodia de los partidos de fútbol (que pagan los clubes) o de mirar para otro lado frente a ciertos delitos. La pandemia los desplumó; los dejó solo con los salarios formales. Cadenas de WhatsApp, de Facebook o de Instagram anunciaron la sublevación policial. Sin embargo, los jefes tomaron conocimiento cuando ya el hecho estaba consumado. ¿Por qué el malestar se llevó a la residencia de Olivos si la autoridad natural estaba en La Plata? Inexplicable. La policía es una fuerza armada, verticalista y disciplinada, que obedece sin discutir una orden superior. Recomponer la cadena de mandos que se quebró llevará mucho tiempo. La soberbia uniformada llegó muy lejos. Los policías sublevados rechazaron una invitación del Presidente para dialogar en la casona de Olivos. Reclamaron que el mandatario bajara a hablar con ellos en la calle. Un chantaje grosero, puro y duro, hecho ante las cámaras de televisión. ¿Cómo se vuelve de semejante desvarío si, encima, consiguieron gran parte de lo que pedían?

La pandemia, que fue uno de los vectores del motín policial, tiene resultados magros (para llamarlos de algún modo). El país está entre los 10 con más contagios en el mundo y entre los 15 con más muertos. Solo un dato es relativamente bueno: la cantidad de muertos por millón de habitantes sigue siendo baja en comparación con otros países del mundo. Pero la Argentina lleva seis meses de restricciones y limitaciones a las actividades sociales y económicas. Hay más muertos de los que se cuentan por estrés y de personas que padecían enfermedades crónicas. Los chequeos médicos son escasos por temor al contagio. No hay cuarentena, como dice el Presidente, pero hay hipocresía. Las críticas a la Capital por la liberación de ciertas restricciones se respaldan solo en la formalidad. Cualquiera que se haya trasladado del conurbano a la Capital vio la diferencia. En la Capital hay más disciplina social; en el conurbano ha regresado la intensa vida social anterior a la pandemia. Lo que no ha vuelto es la vida económica.

La bruma de la enfermedad tapa todavía la crisis económica. Hay miles de pymes que cerraron y cerrarán para siempre. La industria sobrevive en la cuasi parálisis. Solo el campo se está moviendo con normalidad. Con todo, el problema más inmediato del Gobierno consiste en que las reservas de dólares son muy escasas. Tampoco tiene posibilidades objetivas de aumentarlas. Todas las señales ahuyentan a los inversores, que son verdaderos proveedores de dólares. Nadie sabe cuál es el plan económico del Gobierno, si es que hay un plan. La administración no quiere recurrir al crédito, ni del Fondo Monetario ni privado. Los productores rurales están sentados sobre montañas de trigo y soja. Esperan a que se estabilicen los precios internacionales, que están subiendo, y que se defina la brecha cambiaria en el país. Un productor de soja recibe 45 pesos por dólar (descontadas las retenciones), mientras que en el mercado paralelo el dólar está a 130 pesos.

Cristina Kirchner no se ocupa de esos problemas. Su agenda política es una agenda personal. Remover jueces que la condenaron o que podrían juzgarla. La Corte Suprema posterga su decisión sobre esos jueces. Versiones que salen de los tribunales indican que eso sucede porque Ricardo Lorenzetti fue reemplazado por Carlos Rosenkrantz hace casi dos años. ¿Querrán decir que la Corte funciona solo si la preside Lorenzetti? Sería lamentable en un cuerpo colegiado. ¿O son versiones fabricadas por intrigas palaciegas? En tal caso, el máximo tribunal del país debería notificarse de que es una institución importante. No es un comité ni una unidad básica. Alberto Fernández no tuvo una sola noticia buena desde que asumió. Es verdad. Pero también lo es que su vicepresidenta es una figura que hace política a las patadas, que su gabinete es débil y que Cristina aprovecha esa debilidad. ¿Dónde quedó el presidente que prometió otro país, otros modos y otras políticas? Solo aparece un hombre sin rebelión aparente, sin nostalgia.

Por Joaquín Morales Solá para La Nación