Asoma plan B para caso Bruglia-Bertuzzi mientras el "republicanismo" se empieza a poner áspero

El viernes 18, un grupo de no más de 20 personas, ataviados con pancartas y con banderas argentinas se manifestaban en la vereda de Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia. Reclamaban contra la Corte Suprema por la situación de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que, en una jornada frenética, el día anterior, habían quedado afuera de la Cámara Federal. De repente, sintieron el impulso de ingresar al Palacio por Talcahuano 550 con frenesí. El intento de la pequeña turba fue impedido, sin la necesidad de usar la fuerza, por la custodia del edificio, cuatro pisos de donde el máximo Tribunal se ubica. Fueron invitados a retirarse del hall de ingreso. La cuestión alteró un poco el clima donde no se preveía un altercado o una “mini-toma”, y las vallas frente a Talcahuano habían sido removidas. La anécdota grafica la temperatura de la discusión actual entre quienes aseguran que la Corte debe ser garante de la República devolviendo a los jueces a la Cámara adonde habían sido trasladados por el macrismo. El “republicanismo” comenzó a ponerse áspero.

En simultáneo ocurrió un hecho inédito: al mediodía, la Corte decidió reenviar los pedidos de licencia extraordinaria que Bruglia y Bertuzzi habían cursado a los ministros el día anterior a la Cámara de Casación Federal. Lo hizo a través de un correo electrónico. Solo uno de los jueces de la Corte había considerado que ellos debían resolver sobre el planteo. El Tribunal de superintendencia de Casación –que el jueves había validado los decretos con los que Alberto Fernández revocó sus traslados tras la decisión del Senado- lo tomaron como una zancadilla. Máxime cuando les habían estallado los teléfonos luego de decidir que quienes estaban de reemplazo de los jueces trasladados debían cesar sus subrogancias para dejarles sus cargos originales. Así difundieron un proveído en el que aseguraban que tras recibir el mail habían llamado por teléfono a la Dirección de Despacho y que les habían dicho que era “a efecto de tomar conocimiento”. Respondieron con un “téngase presente” que daba a entender que ellos no decidirían sobre las licencias y que en realidad habían devuelto la pelota hacia la Corte. El máximo Tribunal consideró el asunto cerrado: “Donde manda capitán, no manda marinero”.

Así las cosas, Bruglia, Bertuzzi y Castelli quedaron mirando un partido de tenis con sus licencias, y al borde de tener que presentarse en sus anteriores lugares de trabajo. Casación, por lo bajo, dijo que la Corte solo los puso en conocimiento. Para la Corte, tendrán que hacerse cargo de la superintendencia sobre jueces que, en el fondo, son de Tribunales Orales Federales. Pero por las dudas, emprendieron un rastrillaje acerca de cómo había sido la jugada con toda la intención de que la represalia se traduzca en boicotear algún pedido de viático, licencia o cambio de auto que pida Casación.

De esta forma, quedó en un limbo si los jueces podrán esperar el resultado del juicio en sus casas, pero también quedó pendiente la apelación que plantearon ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que tomó nota de la decisión del Senado y estiró el suspenso acerca de lo que podría ser otro revés, según calculan en tribunales. La imagen de Bruglia en una entrevista dominical, solo frente a un espejo, fue indicio para el mundo judicial de la preparación para una derrota en esta instancia. El clamor volvió a ser para la Corte con el ejemplo del desplazado Procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, a quien finalmente le dieron la razón pero la cuestión se volvió abstracta. Impertinente, leyeron en la Corte. Lo sumaron a la lista de fastidios que acarreaban por la exposición mediática que los jueces le dieron a su estrategia de defensa. El per saltum puede darse por ignorado también. Sin embargo, la verdadera discusión llegará mediante un recurso extraordinario. Sin plazos.

El oficialismo y los jueces aludidos detectan “doble juego” de alguna vocalía de la Corte, sazonado además por la hipótesis de enfrentamiento entre Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se vive con mayor intensidad fuera de los muros de la Corte, que en la dinámica interna. Algunos sospechan que esa calma podría sacudirse si existe la reedición de algún tipo de denuncia de índole patrimonial sobre alguno de los ministros. Todo cobra relevancia en momentos en los que, como informó Ámbito, la judicialización de la política está alcanzando picos. Por las dudas, es un dato que el oficialismo paladar negro haya suspendido cualquier crítica y ataque hacia la Corte. Nuevamente, los más agresivos se enlistan entre los institucionalistas.

En el medio avanzan en paralelo el comité de notables con la ampliación en la mira -que algunos sospechan que tampoco cumple las expectativas de Cristina de Kirchner- y la discusión por la coparticipación de la Ciudad, que tampoco ha despertado corridas en la Corte. El Consejo de la Magistratura también está activo en “reperfilamientos”. El kirchnerismo de a pie le abrió las puertas a todas las teorías conspirativas posibles tras el allanamiento a la quinta de Mauricio Macri por las cámaras de seguridad para saber si había violado la cuarentena. El juez que ordenó ese operativo fue Juan Manuel Culotta, siempre identificado con el bloque macrista por su nexo con el abogado Alejandro Pérez Chada, defensor del expresidente. Sin embargo, hasta ese procedimiento, el consejero Culotta había tendido puentes para incorporarse al bloque oficialista, de manera táctica. Los efectos desatados congelaron las conversaciones subterráneas. Pero en el terreno de las sorpresas, el mundo judicial tomó nota del voto favorable del otro consejero juez Ricardo Recondo, furibundo anti-K, que le dio la razón a Cristina en el avance de su demanda contra Google en el fuero civil y comercial federal.

Se podría hacer un ejercicio imaginario. ¿Podría el kirchnerismo tener un Plan B en caso de un fallo que reponga a Bruglia y Bertuzzi bajo el argumento de que sus traslados fueron bien hechos a sola firma, con criterios igual de amplios? Bastaría con archivar el nuevo reglamento del Consejo (más estricto) para esa materia y desplegar una batería de traslados para juzgados y fueros clave, no solo en Comodoro Py, sino en cada lugar donde bastara el pedido de un juez y una silla libre. Si ese es el epílogo, Bruglia y Bertuzzi serían un leading case, pero al revés. El tema ya se habló -obvio- vía Zoom.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Gabriel Morini