Figuran en bases de datos públicas los nombres de 22 integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia

POLÍTICA Por Gustavo Alzirac
Cristina Caamaño, quien conduce la AFI, asegura que no es una “filtración”
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Una simple búsqueda en las bases de datos públicas que ofrece la empresa Nosis develó la identidad de 22 personas que trabajan desde este año en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que conduce Cristina Caamaño, la interventora designada por el presidente Alberto Fernández.

Nosis es (como Veraz) una empresa que ofrece el servicio de “bureau de crédito”. Las firmas recolectan información disponible en bases de datos públicas, la sistematizan y la ponen a disposición de sus clientes. Los clientes son, entre otros, bancos, financieras, estudios de abogados, medios de comunicación, inmobiliarias, empresas que venden a otras empresas y locutorios. La información recolectada permite determinar la situación económico-financiera de personas y sociedades. Los bancos, por ejemplo, utilizan esa información para aprobar o no el otorgamiento créditos o préstamos.

Cuando se hace una consulta sobre una empresa o un organismo que está tiene actividad en la Argentina se accede a -entre otra- información pública proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) . Entre los datos que aparecen están los empleados de cada sociedad u organismo que se presentan bajo un título llamado “empleados verificados”.

Al realizar una consulta con el número de CUIT de la AFI, hasta ayer por la noche, aparecía una lista de 22 empleados verificados contratados por la Agencia Federal de Inteligencia durante lo que va de 2020. De ese modo los nombres –que Infobae no revela- están al alcance de cualquiera que haga una simple consulta en Nosis.

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño explicó la sucedido a Infobae: “La que aparece allí es toda gente que entró en mi gestión. Y que decidió no inscribirse en la Caja Policial para que sus aportes jubilatorios fueran al sistema de reparto. Al hacerlo, los datos son públicos en Anses y en AFIP. Cuando lo hicimos, sabíamos que era posible que los nombres trascendieran. La empresa Nosis no hizo nada ilegal, solo recogió los datos de las bases de datos públicas que permiten saber qué empleados tiene un empleador registrado”.


La tradición del espionaje argentino señala que las identidades de los agentes quedan cubiertas al inscribirse en la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. Cuando esa caja jubilatoria fue creada en 1946 se determinó que los aportes de los agentes de inteligencia tanto civiles como de las fuerzas armadas, debían ir allí. Sus aportes jubilatorios se dirigen a un número de afiliado que no revela su identidad hasta el momento de la jubilación. Una vez que se concede la jubilación la Caja Policial accede a la verdadera identidad del agente.

La lista de los 22 de la AFI está integrada por diez mujeres y doce hombres. Están disponibles -como en el caso de cualquiera que se consulte- sus números de documento, sus domicilios, sus teléfonos e inclusive -en algunos casos- los nombres de los familiares directos. Y también sus obras sociales y sus situaciones crediticias. De los 22 agentes hay uno que tiene más de 60 años. Tres de los 22 tienen entre 50 y 60 años. Seis de los registrados como empleados de la AFI tienen entre 40 y 50 años. En tanto nueve tienen entre 30 y 40 años. Los más jóvenes son tres que tienen entre 20 y 30 años.

“No fue un error. No fue una filtración. Sabíamos que podía suceder. Queremos que quienes revistan en la AFI sean como cualquier otro trabajador del Estado. Al mismo tiempo, estamos trabajando con Anses para que los datos de quienes no eligen la Caja de Jubilaciones de la Federal sean resguardados, para que quienes se incorporen a la secretaría de Producción de Inteligencia Nacional también puedan optar por el sistema previsional público”, dijo Caamaño.

Caamaño niega que la aparición de los nombres de los agentes en bases públicas de datos sea una filtración producto de un descuido o de una falla operativa. Es que todavía está latente el caso de la revelación de decenas de nombres de agentes y ex agentes, algunos de ellos que revistaban en el exterior, producto de la difusión de un documento que se anexó a una causa judicial en la que se investiga espionaje ilegal. Por la causa por espionaje ilegal ya fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani quienes condujeron la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese expediente se agregó una copia del libro de Protocolo de Resoluciones de la AFI en el que aparecieron los nombres de agentes que salieron de viaje, que pidieron la jubilación o que solicitaron licencia por embarazo. A raíz de la filtración se inició una causa judicial que está radicada en el juzgado federal a cargo de María Servini con la intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Para ampliar la explicación de la situación, Caamaño agregó: “Los nombres que se hicieron públicos en este caso son de personal administrativo. Son personas que sabían que para mantener los aportes jubilatorios anteriores debían inscribirse de ese modo y así lo hicieron. Cuando llegué a la AFI, creé tres secretarías: la de Producción de Inteligencia Nacional, la de Planificación de la Inteligencia Nacional y de Administración y Apoyo. La mayoría de quienes aparecen en bases públicas son de la última secretaría”

Los datos públicos de cada empleado permiten conocer en qué categoría de la AFIP están inscriptos. Entre los 22 nuevos empleados de las AFI aparecen abogados y abogadas, investigadores en ciencias sociales y consultores informáticos. Hay uno de ellos que desarrolla actividades de atención a la salud y asistencia social y otro que presta servicios de taxi y remisería. También hay uno que se dedica a la dirección de empresas y otro a la enseñanza de gimnasia, deportes y actividad física. La actividad más rara en la que está inscripta una de las personas que ingresó a la AFI en los últimos meses es la de “servicios de organizaciones políticas”.

Entre la información disponible en las bases de datos se encuentran también los últimos empleos –obviamente registrados- de todas las personas. Varios de los que aparecen contratados por la AFI en lo que va de 2020 no tienen el perfil de un empleado meramente “administrativo”.

Entre los 22 hay una pareja de hermanos. La mujer trabajó antes de ingresar a la AFI en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y el hombre en una fiscalía de instrucción. Hay varios de los incorporados a la AFI en 2020 que antes revistaron en el Ministerio Público Fiscal, un terreno conocido por Caamaño quien fue fiscal de instrucción, y, entre otros casos, tuvo a su cargo la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra a manos de integrantes del gremio Unión Ferroviaria.

Dos de las mujeres recientemente ingresadas a la AFI trabajaron antes como empleadas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO). Según explica su página web el CIPDH “fue establecido en 2009, como el primer Centro de Categoría 2 de Unesco en el mundo dedicado a promover los derechos humanos. Fruto de un acuerdo entre Unesco y el Estado argentino, funciona en Buenos Aires como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, bajo el auspicio y alineamiento programático de Unesco". Una de las abogadas que entró a la AFI desde este año es experta en seguridad ciudadana y antes había formado parte del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).

Existe el caso de tres mujeres que antes de entrar a la AFI eran empleadas de la Policía Federal Argentina. Y mientras cobraban de allí también tuvieron ingresos pagos por otras entidades como el Espacio para la Memoria y la promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Universidad de la Matanza o el Instituto Nacional de Cine y artes Visuales (INCAA).

Entre los nuevos integrantes de la AFI hay quienes tuvieron un paso por el Ministerio de Justicia, la Cancillería, el Consejo de la Magistratura y por las municipalidades de Merlo y de La Plata. Otro de los nuevos agentes trabajó antes en Integración Energética Argentina, la empresa pública del sector petrolero y energético creada por Néstor Kirchner en 2004 con el nombre de Enarsa.

Otros pasaron por el área de recursos humanos de los ferrocarriles, la Agencia de Seguridad Vial, la Ciudad de Buenos Aires o la Corporación Puerto Madero. Uno de los recientemente ingresados es abogado y antes de sumarse a la AFI se desempeñaba como auditor de un hospital nacional situado en el Oeste de la provincia de Buenos Aires.

Una de las mujeres que se sumó a la central de Inteligencia antes trabajó como empleada de la Asociación de Industriales y Comerciales de artículos para caza y pesca. Y otro ocupó un cargo importante en el área jurídica del Ministerio de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri.

El más veterano de los agentes incorporados es el que menos encaja en el perfil de administrativo. Antes de ingresar a la AFI trabajaba en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Pero previo a ello ocupó un cargo relevante en la conducción en la Armada Argentina de la que se retiró como contraalmirante.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Omar Lavieri

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