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La oposición considera que las «prohibiciones» para proteger a Dolores Etchevehere atentan contra la libertad de expresión

El magistrado subrogante de La Paz no hizo lugar a la cautelar presentada por el ex ministro de Agricultura y ordenó medidas de protección sobre la hermana del peticionante

POLÍTICA 24/10/2020 Agencia de Noticias del Interior
Dolores-Etchevehere

Luego de que el juez Raúl Flores ordenara medidas de protección sobre Dolores Etchevehere, quien denunció por violencia económica y de género a sus hermanos -entre ellos el exministro Luis Miguel– y a su madre, en el marco de los conflictos por los terrenos de la familia en la provincia de Entre Ríos, referentes de la oposición dieron su parecer al respecto.

La primera en pronunciarse fue la Diputada Nacional y Presidente de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, quien calificó a Flores como «subrogante» por «apoyar a Grabois» luego de la presencia de funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación. «La radicalización de las organizaciones sociales van de la mano de la debilidad del presidente y el avance de sectores violentos en la estructura del Estado», apuntó la legisladora.

Más tarde, el ex Senador y referente de Propuesta Republicana (PRO), Federico Pinedo, denunció que «el juez (Flores) prohíbe a los argentinos expresarse por los medios o por las redes si eso molesta a los usurpadores de Entre Ríos». «Hagámosle saber cuál es el derecho básico de libertad de expresión», acusó con determinación, a la vez que difundió una imagen donde se observa las medidas pedidas por la fiscal Constanza Bessa.

Por último, el Diputado nacional por la Unión Cívica Racional, Luis Petri, consideró la determinación de Flores como «inédita», afirmando que «a Luis Miguel Etchevehere le usurpan el campo y le prohíben hablar en los medios. Avalan los delitos y silencian a sus victimas». «¿Qué puede salir mal así? Basta de usurpar», objetó. En esta misma línea, contó que presentó una ley «para impedir las nuevas modalidades de usurpaciones».

Lo dispuesto por el juez -que tiene 30 días de plazo- establece la prohibición de acercamiento al casto rural del campo en disputa y a otro lugar público o privado y un cordón policial desplegado al ingreso del mismo. Por otra parte, también prohíbe «actos violentos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social, por sí o por cualquier medio y/o redes sociales».

Con información de www.elintransigente.com

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