Una polémica ley limitará la difusión de imágenes de la policía en Francia

INTERNACIONALES Por Marc BASSETS
Periodistas y la defensora del Pueblo critican la propuesta del Gobierno de Macron por restringir la libertad de informar
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Más protección para la policía, nuevas restricciones para la información. Francia prepara una ley que limitará la difusión de imágenes de agentes del orden. Si se demuestra que estas imágenes se han publicado con afán de dañar a los policías o gendarmes, el responsable será castigado con un año de prisión y 45.000 euros de multa. Periodistas e instituciones de derechos humanos acusan a los promotores de la ley de vulnerar la libertad de expresión y entorpecer la fiscalización de la policía y la gendarmería. El Gobierno alega la necesidad de proteger a los agentes de amenazas y agresiones.


“Yo debo proteger a quienes nos protegen, a los policías y a los gendarmes. Por naturaleza estoy con ellos. Lo que me subleva es que les agredan en su vida personal”, dijo, en una entrevista publicada el domingo en el diario Le Parisien, el ministro del Interior, Gérald Darmanin. “Desde hace años a los policías se les escupe en la cara”, añadió. El ministro, desde que el presidente Emmanuel Macron le nombró en verano, se ha erigido como la voz del ala dura del Gobierno en materia de seguridad. Es la encarnación de un giro a la derecha que inquieta a algunos diputados de La República en marcha (LREM), el partido de Macron, y que podría llevarles a desmarcarse de la nueva ley.


El texto empezó a debatirse el martes por la noche en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, un millar de personas se concentraban fuera del edificio en una protesta que acabó con enfrentamientos con la policía, manifestantes filmando a los agentes con sus teléfonos, destrucción de mobiliario urbano, algún periodista entre los 33 detenidos, diez heridos leves —entre ellos nueve policías, según la Prefectura—, y una polémica que retroalimenta lo que se discutía en el hemiciclo.

“Pienso que lo esencial, para el legislador y el ministerio, es enviar un mensaje, y es un mensaje de intimidación”, dice por teléfono David Dufresne, un periodista que durante la revuelta de los chalecos amarillos publicó un registro, con fotografías, de los heridos en las manifestaciones. “Se trata de decir a los periodistas y ciudadanos: ‘Basta ya’. Es hipócrita decir que se puede filmar, pero no difundir”, añade.

En una Francia en tensión por los atentados terroristas, las protestas sociales y ahora el coronavirus, las fuerzas del orden se encuentran con frecuencia en el centro de los debates. En 2015, tras los ataques yihadistas que dejaron 148 muertos, los policías eran héroes. Se les aplaudían en la calle. Pero pronto se instaló la sospecha por la contundencia de algunos en las protestas sociales.


A partir del invierno de 2018 y 2019, se multiplicaron las acusaciones de agresiones a los chalecos amarillos, un movimiento con una deriva de violencia callejera. Muchas de las acusaciones se sustentaban en imágenes que se propagaban en las redes sociales. Las actuaciones de las fuerzas de seguridad francesas merecieron la reprimenda de representantes de instituciones internacionales, como la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet.

En paralelo, desde la policía y el Gobierno se denunciaba que algunas de estas imágenes se sacaban de contexto y en ocasiones servían para poner en el punto de mira a los agentes y a sus familiares. Darmanin, en la citada entrevista, mencionaba los llamamientos a la violación de mujeres agentes, o el atentado con cuchillo en 2016, en el que el terrorista mató en su domicilio a una pareja de policías ante el hijo de ambos, de tres años.

La solución, impulsada por el Gobierno y LREM, y con el apoyo de la derecha tradicional de Los Republicanos (LR), ha consistido en introducir, dentro de una ley más amplia sobre la seguridad, un artículo, el 24, que debe proteger la identidad de los policías y gendarmes.

El artículo, parecido a uno de la llamada ley mordaza española de 2015, dice: “Se castigará con un año de prisión y 45.000 euros de multa el hecho de difundir, por cualquier medio y en cualquier soporte, y con el objetivo de atentar contra su integridad física o psíquica, la imagen del rostro o todo otro elemento de identificación de un agente de la policía nacional o de la gendarmería nacional, salvo su número de identificación individual cuando actúa en el marco de una operación policial”.

“El artículo se ha redactado para proteger a policías y gendarmes”, argumentó en la cadena RTL el diputado y expolicía Jean-Michel Fauvergue, ponente de la ley. Pero añadió: “Si usted va a una manifestación y filma y lo difunde, no hay problema”. A última hora del jueves, el Gobierno introdujo una enmienda para calmar las críticas. La enmienda “precisará que las disposiciones contempladas no serán obstáculo alguno a la libertad de informar”. También añadirá que el objetivo de atentar a la integridad del agente debe ser “manifiesto”.

El problema es cómo establecer la diferencia entre la toma y difusión de fotos y vídeos de policías, y la intención malevolente que en el futuro podría penar esta práctica. En un comunicado, Reporteros sin Fronteras explica que, “aunque el riesgo de condena de periodista sobre el fundamento de este texto es débil”, los policías podrían arrestar a un periodista que filmase sus acciones sobre el terreno, lo que vulneraría del derecho de informar. Y avisan del riesgo de que, tras recibir una denuncia, un fiscal “pudiese usar la mínima declaración crítica o virulenta contra las fuerzas del orden y la violencia policial difundida en las redes sociales para demostrar la intención de dañar y justificar así una condena”. Las redacciones de una treinta de medios franceses pidieron en un manifiesto la retirada del artículo 24 por “amenazar la libertad de informar”.

Claire Hédon, la Defensora del Pueblo en Francia, ha alertado de que la propuesta “no cuestiona el derecho a captar imágenes”, pero “las privaría de cualquier efecto al limitar su difusión”. “La adopción de este artículo”, concluye Hédon, “conduciría a una vulneración del ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación que no es necesaria, ni adaptada, ni proporcional, y que al mismo tiempo sería un obstáculo para el control de las fuerzas de seguridad”.

Fuente: El País

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