Cristina tiene sitiado al Presidente

OPINIÓN Por Eduardo van der Kooy
La vicepresidenta arrastra a Alberto en su pelea contra la Justicia y la Corte. También condiciona la política exterior. Convirtió al Senado en centro de gravedad del Gobierno
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Un imprevisto dramático y un mal cálculo pueden haber sido determinantes para el primer año de Alberto Fernández como Presidente. La pandemia trastocó todos los planes iniciales. El papel jugado por Cristina Fernández resultó otro factor. El mandatario había imaginado un tiempo de calma mientras intentaba acomodar las deudas de la vicepresidenta con la Justicia. Esa tarea se complicó, sobre todo en las últimas semanas. La tensión se multiplica, pese a las fotos forzadas, entre las personas con mayor poder en la Argentina. 

Esa tensión y los límites quedaron expuestos en tres episodios. La nueva carta pública de la vicepresidenta que olvidó a Alberto y cargó contra la Corte Suprema. El fallo del máximo Tribunal que dejó firme la condena por corrupción al ex vicepresidente Amado Boudou. El aislamiento internacional en que quedó nuestro país por las anómalas elecciones legislativas en Venezuela. Evitó ponerlas en tela de juicio.

Alberto resultó en sus épocas en el llano un crítico de Boudou. Lo destrató públicamente mucho más que a Julio De Vido. Aunque en una carta reservada a Cristina, el día de su renuncia en 2009, consideró al ex ministro de Planificación como el personaje siniestro de su administración. Tal diferencia pudo explicarse en razones personales. De Vido fue un ladero histórico de Néstor Kirchner. Desde que llegó a la intendencia de Río Gallegos, a fines de los 80. Alberto es un agradecido eterno del ex presidente: lo catapultó a la política grande. Boudou fue apenas un banal invento de Cristina.

Desde que estalló el escándalo Ciccone, Boudou quedó como figura marginal en el poder. Máximo Kirchner reprochó a su madre, muchas veces, esa designación. La soledad del ex vice aumentó a partir del 2015, cuando Mauricio Macri ingresó a la Casa Rosada. ¿Por qué razón, entonces, la reacción de un amplio sector del kirchnerismo que cuestionó su condena? El viraje forzó al Presidente a fijar alguna postura para disimular sus diferencias. Sacrificó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La única voz del Gobierno que objetó el fallo de la Corte Suprema.

Cristina no estaba dispuesta a soslayar el asunto, más allá de que nunca le importó Boudou. Haberlo hecho podría haber afectado a ella misma en el derrotero de sus innumerables causas de corrupción. Varias de las cuales (los Cuadernos de las coimas y el juicio por la obra pública en favor de Lázaro Báez) tienen nueve apelaciones de su defensa que deberá resolver, alguna vez, la Corte Suprema. Todas ellas resultaron desechadas en el caso de la condena al ex vicepresidente.

Tampoco puede obviarse que el caso del régimen de Nicolás Maduro no responde solo a una visión geopolítica que Cristina profundizó desde el fallecimiento de Hugo Chávez. Aflora en medio otra cuestión con la Justicia: la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán, a raíz del atentado en la AMIA que causó 85 muertos. La vicepresidenta hace esfuerzos denodados para que dicho juicio no progrese. Teme que se ventile un secreto a voces. La influencia de Chávez para que ejecutara dicho pacto. El comandante estableció un puente con Teherán que con los años se convirtió también en un cimiento para Maduro. Además, está el vínculo de negocios turbios con el régimen. La valija de Guido Antonini Wilson con US$ 800 mil que quiso ingresar al país clandestinamente fue una bagatela. Sólo en ese mismo vuelo de agosto del 2017 se transportaron cifras 5 veces mayores que nadie interceptó.

El Presidente está, en ese conflicto, dentro de un laberinto. Se escandaliza, en forma privada, cada vez que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denuncia los crímenes y las persecuciones en Caracas. Posee con la ex presidente socialista de Chile una excelente relación. Distinta a la de Cristina.

El Gobierno se negó a firmar un comunicado del Grupo de Contacto Internacional en contra de las elecciones legislativas en Caracas que concedió al régimen el dominio absoluto de la escena. El GIC no solo lo componen naciones de la región y de Centroamérica. Está también la Unión Europea, con Francia, Alemania, Italia, España, Gran Bretaña y los Países Bajos, entre varios.

El Gobierno integró el GIC como alternativa al Grupo de Lima al cual se incorporó la Argentina en tiempos de Macri. Allí talla, sobre todo, Estados Unidos. Washington, aún bajo el timón de Donald Trump, también formuló un cuestionamiento a los comicios venezolanos. Alberto tuvo hace diez días su primer contacto con el futuro mandatario, Joe Biden. ¿Alguien supone que la próxima administración demócrata tendrá una postura diferente respecto de Venezuela? En el Frente de Todos hay un debate intenso para que nuestro país se aleje del Grupo de Lima. La voz disonante, en ese aspecto, es la de Sergio Massa. El líder Renovador habla de Caracas como una dictadura.

El remate sucedió en la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí, el embajador Carlos Raimundi –colocado por Cristina- se abstuvo a la hora de votar una resolución que calificó de fraudulenta la elección del domingo anterior. Para el kirchnerismo, Venezuela sería lo que es por el bloqueo y las sanciones que sufre de parte de Washington y de la UE.

El entuerto desnuda dos cosas. La política exterior es ajena a la Cancillería que dirige Felipe Solá. Consiste en una permanente tensión que el Presidente mantiene con Cristina y su tropa. La llegada de Biden a la Casa Blanca entusiasma de modo distinto a las líneas internas del FdT. Alberto supone que podría facilitar algunas cuestiones clave para la desquiciada economía. Por caso, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los K no piensan igual a raíz de un antecedente: la mala relación que Cristina tuvo en su momento con Barack Obama. El fallecido ex canciller Héctor Timerman bloqueó en 2011 en Ezeiza un avión militar de ese país. El problema es, según tal percepción, Estados Unidos.

La mirada desespera a Martín Guzmán, embarcado en la negociación con el FMI por la deuda heredada del macrismo. El ministro de Economía había hecho un diseño del sistema previsional enfocado a reducir el déficit y perjudicial para la clase pasiva. Ese perjuicio se mantiene, aunque Cristina se lo dio vuelta en el Senado como una media. El Presidente repitió un libreto que deberá resetear: dijo que todos los cambios se le habían ocurrido a él.

Alberto posee cada día un margen de acción más acotado. A veces daría la impresión de que Cristina busca sitiarlo. La nueva proclama de ella exudó ese espíritu. Exaltó al Senado que conduce como centro de gravedad del Gobierno. Ignoró a Diputados, que lidera Massa. Atropelló contra la Justicia y, sobre todo, contra la Corte Suprema. Abrió un potencial conflicto de poderes que deja al Presidente de rehén.

Resulta difícil conjeturar que la vicepresidenta haya dicho lo que dijo como simple catarsis. Producto de la furia y la impotencia que la envuelven. Muchos de sus párrafos trasuntan intenciones diferentes a futuro. Seguramente traumáticas. El diputado Leopoldo Moreau y el senador Oscar Parrilli las anticiparon: la posibilidad de un juicio político al máximo Tribunal; también la ampliación del número de sus integrantes.

Ambas cosas no son compartidas por el Presidente. Las hizo públicas. Aunque sus opiniones duran lo mismo que un billete de $ 100. De hecho, dijo que comulga “mucho” con la proclama. Acusó de “discrecional” a la Corte. La vicepresidenta repuso la idea de la “democratización” de la Justicia que naufragó en 2013. “De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones”, sentenció. Omitió que los jueces no afloran por obra de magia. Existe un sistema en el que participan el Consejo de la Magistratura, el Presidente y el Senado. Convalidado por la reforma constitucional de 1994, en la cual Cristina participó activamente como convencional constituyente.

Recordó –en línea con lo que dijeron sus portavoces- que, en 2003, con sólo el 22% de los votos, Kirchner renovó la Corte en un “proceso virtuoso”. Tan indesmentible, para terminar con la mayoría automática menemista, como que dos de los cinco siguen en funciones. Ricardo Lorenzetti, a quien acusa de haberse asociado al macrismo para promover el lawfare en su contra, fue ungido por ella misma aconsejada por el entonces senador de Santa Cruz, Nicolás Fernández. Elena Highton, cuyo pecado fue no haber renunciado al límite de edad, resultó promovida por el ahora Presidente.

Las arbitrariedades nunca están ausentes en sus textos. Exaltó, por ejemplo, a la fallecida jueza de la época kirchnerista, Carmen Argibay. “Magistrada independiente si las hubo”, suscribió. No opinaba lo mismo cuando la mujer se sumó en 2013 al voto de la mayoría de la Corte que hundió su “democratización” judicial.

Está claro que la vicepresidenta no comulga con la función que se le otorga constitucionalmente al Poder Judicial. Que no responde a una voluntad mayoritaria. Está pensado, justamente, como un balance entre mayorías y minorías capaces de garantizar los derechos individuales y colectivos.

El planteo de Cristina sobre la Justicia y la Corte no deberían desligarse de dos discusiones en boga. La reforma judicial que aprobó el Senado y espera en Diputados. Demasiado ajustada, según ella, a normas antiguas. Los cambios en el Ministerio Público, con media sanción en la Cámara baja, que liga la futura actividad de los fiscales a la voluntad del poder político.

Las propuestas de la vicepresidenta apuntan a una alteración lisa y llana del régimen. Deberá modificar la Constitución. Es el reto que le espera.

Eduardo van der Kooy para Clarín

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