Tarifas de gas y luz: Cristina Kirchner toma el control de un tema clave

POLÍTICA Por Sofía Diamante
La revisión tarifaria quedó a cargo de los entes reguladores del gas y la electricidad, que están intervenidos por funcionarios cercanos al Instituto Patria
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A partir de hoy, el Gobierno tiene 90 días para revisar de forma transitoria las tarifas de gas y luz. Al menos eso indica el decreto publicado en Boletín Oficial. Sin embargo, la mayoría de las empresas todavía se mantiene cautelosa ante un probable incremento, sobre todo luego de saber que el diseño de un nuevo esquema tarifario quedó en manos de los entes reguladores del gas y la luz, cuyos interventores son personas muy cercanas a la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

La expresidenta siempre se manifestó en contra de aplicar aumentos en los servicios públicos, especialmente en un año electoral. Además, de realizarse un incremento en las tarifas de gas y luz a partir de abril, el impacto de la medida se verá en invierno, durante el pico de demanda, lo que hará aumentar el costo del servicio por partida doble (precio y cantidad).

El diseño de un nuevo esquema quedó a cargo de Federico Bernal y María Soledad Manin, los interventores del Enargas y el ENRE, respectivamente, luego de que se prorrogara por un año más la intervención, ya que "vienen desempeñando sus tareas y competencias específicas de modo satisfactorio", según explica el decreto.

Según la normativa, los entes deberán establecer "nuevos cuadros tarifarios transitorios" antes de los próximos 90 días. "El mantenimiento tarifario (congelamiento) se extiende por 90 días más o hasta que entre en vigencia la nueva tarifa de transición, que estimamos tener lista para el mes de marzo. Esta decisión, tomada por el Presidente, se inscribe en el sentido que ya le dio a la emergencia energética y tarifaria de diciembre de 2019, la cual denotaba la gravísima situación tarifaria heredada y servicios públicos cuyas tarifas no fueron justas ni razonables ni asequibles", dijo Bernal a LANACION.

El interventor señaló que forman "un solo equipo" con la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, y explicó que la decisión de que los entes sean los que diseñarán el nuevo esquema tiene que ver porque se "tratan de organismos técnicos, especializados en materia tarifaria para los servicios públicos de gas y electricidad, así como las autoridades competentes respecto de la correcta y legal aplicación de las normas jurídicas de tales servicios públicos".

Por el lado del Ministerio de Economía, los cálculos que realizaron en la ley de presupuesto eran que los subsidios a la energía se mantendrían constantes en relación al producto (1,7% del PBI). Para ello, es necesario aplicar un incremento tarifario, ya que, por los nuevos contratos firmados en el Plan Gas, el costo del gas aumentó 30% en dólares para los usuarios residenciales y 60% para las usinas eléctricas, lo que generará un impacto en las necesidades de Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica.

El congelamiento de tarifas también es uno de los temas principales de negociación con el Fondo Monetario Internacional, con quien el ministro de Economía, Martín Guzmán, espera cerrar un acuerdo antes de abril. En el FMI ya habían realizado preguntas sobre el costo fiscal que tendrá el Plan Gas, que solo el primer año implicará un desembolso de por lo menos US$1100 millones.

"Si uno miraba el derrotero de las opiniones de los funcionarios públicos más ligados al Instituto Patria o la vicepresidenta, daban señales claras de que los aumentos de tarifas se iban a postergar", dice el consultor en temas energéticos Alejandro Einstoss, quien acaba de publicar el libro "Precios, tarifas y subsidios a la energía", sobre el problema de la regulación energética entre 2003 y 2019.

"Más allá de las declaraciones, si se miran los hechos, se está repitiendo paso a paso la receta que se aplicó entre 2003 y 2015: congelamiento eterno de tarifas, intervención de los entes y ruptura de los contratos. A eso se suma el decreto de hoy, que va un paso más allá, porque prorroga por dos años la intervención de los entes reguladores para que renegocien lo que ya estaba renegociado, y se abre un espacio de discrecionalidad para fijar tarifas; no hay una norma, se rompe la institucionalidad. Se aumentarán tarifas de acuerdo a la voluntad o posibilidad que vean los funcionarios de turnos. Esa discrecionalidad es veneno para la inversión, es refectorio a cualquier proceso de inversión", agregó Einstoss.

Las tarifas de gas y luz están congeladas desde marzo y abril de 2019, en un contexto de inflación superior al 35%. "Es muy difícil romper el descongelamiento. Es un costo político que nadie va a querer pagar me parece. Y las tarifas segmentadas es complicado en la Argentina", opinaron en una distribuidora.

"Las tarifas no pueden estar congeladas. Y eso no pasa por si fulano o mengano tuvo ganancias, distribuyó dividendos o que, como el año pasado lanzaron desde los medios oficialistas. El congelamiento es nocivo para el sistema y para el usuario", indicaron en otra de las empresas.

La nueva ruptura de los contratos que el Estado Nacional había firmado con concesionarios de servicios públicos podría dejar el espacio abierto para que las empresas vuelvan a reclamar ante el CIADI, la institución del Banco Mundial, por el congelamiento tarifario de 2004 a 2015, aunque todavía resta ver cómo evolucionarán las tarifas en los próximos 90 días.

"Es una posibilidad que esta medida puede abrir un frente de reclamos ante el CIADI. Al suspender las revisiones tarifarias acordadas y aprobadas, afecta directamente derechos contractuales de las concesionarias y licenciatarias y es una medida que podría encontrar límite en las protecciones que dan los tratados bilaterales de inversión", indicó Jimena Vega Olmos, socia del estudio Martínez de Hoz & Rueda.

"Pero el tema tiene sus aristas porque al CIADI podrían llegar los inversores extranjeros (y no los inversores locales) y porque dependiendo de cuándo y cómo se hace la revisión tarifaria habría que ver si ello impacta de manera significativa en las inversiones en el país, entre otros temas que deben analizarse. Es un tema complejo, pero la medida -como tal- es una de aquellas que puede dar lugar a reclamos no sólo con relación a estas empresas sino también, eventualmente, reclamos de los generadores eléctricos y productores de gas ya que los límites a las revisiones tarifas suelen impactar también en el precio de la energía y el precio del gas natural, al dificultar el pass-through de aumentos de estos precios", agregó.

Sofía Diamante para La Nación

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