México pone coto al espionaje de Estados Unidos en su territorio

INTERNACIONALES Por Elena REINA | Pablo GUIMÓN
El Gobierno de López Obrador aumenta el control sobre los agentes extranjeros y tensa una relación de colaboración estrecha de más de una década contra el crimen organizado
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El agente Víctor Vázquez de la DEA se enfundó en un traje de la Marina mexicana, agarró un rifle de alto calibre y una pistola. Era febrero de 2014 y el narcotraficante más poderoso del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, no había sido detenido todavía después de su primera fuga de un penal de Jalisco. En el juicio de enero del año pasado contra el capo en Nueva York, se desvelaron algunos detalles de cómo la agencia antidrogas estadounidense no solo desplegaba su poder en territorio mexicano en su objetivo de desmantelar al crimen organizado, sino que en operativos de este calibre era un agente como Vázquez el que daba órdenes a una decena de marinos. Nadie se extrañó entonces. Ahora México quiere que todo eso cambie.


El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado un golpe sobre la mesa para controlar la actuación de los agentes extranjeros dentro de sus fronteras. El mensaje, aunque no es explícito en la reforma a la ley de seguridad nacional —tramitada en tiempo récord y en vísperas de las fiestas navideñas— tiene un remitente claro: Estados Unidos y sus agencias policiales y de inteligencia que operan a sus anchas por todo el territorio mexicano desde hace más de una década y que han colaborado para detener y extraditar a decenas de criminales, algunos de la talla de El Chapo.


El actual Gobierno mexicano tensa una vez más la relación con su vecino del norte, en plena transición hacia el Gobierno de Joe Biden, con una medida histórica que pone fin, al menos en el papel, a la estrategia conjunta del combate al narcotráfico. Desde Estados Unidos la medida se recibe como un órdago inédito a los grandes cárteles de la droga. La reforma a la ley busca poner un control férreo sobre las agencias como la DEA, el FBI o ICE (el servicio de migración y aduanas estadounidense), y cualquier dependencia extranjera encargada de labores policiales y de cumplimiento de la ley dentro de México. En el país operan, según la DEA, más de 50 agentes, aunque se da por descontado que serán más. Consultado por el número de espías en su territorio, la Cancillería mexicana se escudó en que no es una información pública.

El caso que ha dinamitado todo fue el bochorno nacional por la detención del general Salvador Cienfuegos, jefe de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018). El Gobierno de López Obrador trata con esta medida de no volver a vivir una experiencia similar, en la que un jefe máximo del Ejército fue capturado y acusado por las autoridades estadounidenses de estar al servicio de un cartel sin informar a ninguna autoridad mexicana de tal investigación. La consecuencia inmediata ha sido la ruptura de la confianza con Estados Unidos, una relación siempre conflictiva, asentada sobre las bases de que en México la corrupción escala a todos los niveles de Gobierno.

Ante las quejas del Gobierno de López Obrador por la falta de comunicación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos encabezado por el fiscal general William Barr decidió retirar los cargos contra el general y devolverlo a México. En un comunicado publicado el 11 de diciembre por Barr, que en los próximos días se hará efectiva su dimisión por sus discrepancias electorales con Donald Trump, señalaba: “La legislación tendría el efecto de hacer más difícil la cooperación entre los dos países. Esto podría hacer que los ciudadanos de México y Estados Unidos estén menos seguros. La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las organizaciones criminales violentas transnacionales y a otros delincuentes contra los que estamos luchando conjuntamente”.


La medida para controlar a los agentes impone una burocracia que los expertos consideran “imposible de cumplir”. La ley ordena que los agentes extranjeros podrán trabajar en México, previa acreditación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que antes deberá consultar con el Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, la reforma prevé que funcionarios mexicanos que se reúnan o hablen con agentes extranjeros deberán avisar antes al Consejo de Seguridad Nacional mexicano, integrado por el presidente y los titulares de las secretarías del ramo de seguridad.

“No creo que vaya a tener ningún efecto en absoluto, y la razón es que no es más que un gesto de cara a la galería del Gobierno de AMLO [López Obrador], para que la sociedad mexicana crea que el Gobierno está haciendo algo”, opina Gary Hale, investigador de políticas de drogas y de estudios mexicanos en el instituto Baker de la universidad de Rice, en Houston (Texas). “No va a tener un impacto operativo. Afecta a todos los agentes federales, no solo a la DEA, hay muchas agencias federales representadas en la embajada de Estados Unidos en México. No supondrá más que otro requerimiento de informes burocráticos. La única manera de parar la actividad de los agentes federales en México es expulsarlos, y no es probable que eso ocurra”, añade Hale.

“Es absurdo creer que algún agente de la DEA se vaya a registrar ante la Secretaría de Exteriores”, señala el experto en seguridad y exasesor de Gobierno de Felipe Calderón durante la guerra contra el narco (2006-2012), Alejandro Hope. Durante esta etapa, el Gobierno mexicano firmó con el de Estados Unidos un tratado que abrió la puerta a una colaboración estrecha y sobre todo, permitió la entrada de decenas de agentes estadounidenses además de inversión en infraestructura militar y de inteligencia para combatir a los cárteles de la droga. El acuerdo, llamado Iniciativa Mérida (de 2008) sirvió, además de para descabezar a los grandes grupos criminales, para financiar una guerra que continúa en México y que ha sembrado decenas de miles de muertos y más de 70.000 desaparecidos.

En el Capitolio de Washington, legisladores de uno y otro signo expresaron también su indignación por la medida. Ted Cruz, senador republicano por Texas, remitió una carta a Barr y al secretario de Estado, Mike Pompeo, para expresar su “preocupación sobre los recientes esfuerzos del Gobierno mexicano por socavar” las relaciones entre Estados Unidos y México. En la misiva, fechada el miércoles, Cruz denuncia que “la intransigencia del Gobierno mexicano pone cada vez más en peligro la seguridad nacional en Estados Unidos, así como la salud y la seguridad de los estadounidenses”. “Atacar a la DEA es inaceptable”, defendió, y pidió a Pompeo y a Barr que “respondan” y que, de entrada, nieguen la extradición del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, solicitada por México.

Por su parte, el congresista demócrata texano Henry Cuéllar destacó el hecho de que el Congreso mexicano haya aprobado la ley en medio de una transición de poder en Estados Unidos hacia la Administración de Joe Biden, que heredará nuevos desafíos a la relación bilateral. “Me preocupa que esta legislación amenace la seguridad de nuestras naciones y ponga en peligro a los agentes de Estados Unidos”, dijo el congresista en un comunicado. Contactada por EL PAÍS, una portavoz de la DEA declinó hacer comentarios sobre la nueva legislación, y remitió al comunicado de Barr.

“La historia de la relación entre Estados Unidos y México en el tema de seguridad ha sido compleja. Y el caso más grave, cuando se llega al más bajo nivel la relación, es tras el asesinato del agente Kiki Camarena. Pero el problema es que para resolver el tema del narco necesitamos trabajar juntos. Punto”, resume el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés. Durante su liderazgo a cargo de la institución se creó un grupo de alto nivel de cooperación donde se sentaban los principales responsables de seguridad de ambos países, entre ellos Hillary Clinton, como secretaria de Estado durante el Gobierno de Barack Obama.

“Esta ley beneficia al narco y solo calma al Ejército. Yo sufrí y me quejé mucho de la prepotencia de los agentes de la DEA. Pero así como se han sentado a negociar las bases de un tratado de libre comercio, deben negociar y regular el trabajo de los agentes extranjeros”, señala Valdés. “Es una torpeza y un error político. Lo que parece un desplante de nacionalismo y soberanía, acaba siendo contraproducente para el país. Aquí pueden suceder solo dos cosas: o bien que Estados Unidos presione para colaborar o que su tarea se vuelva completamente secreta y clandestina. Ninguna de las dos nos beneficia”, añade Valdés.

Fuente: El País

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