Cristina tomó el mando

“En el pico de la crisis, hacia mediados de año, llegamos a tener 350 ollas populares, hoy no son más de 70 u 80, y el número de gente que va a comedores sigue bajando”, señaló a Data Clave el intendente de un municipio de la zona norte del gran Buenos Aires. 

La reapertura de la economía está dando lugar a una relativa mejora de la situación social, según confirman en este mismo sentido, distintas fuentes. En este contexto se explica que en la Casa Rosada haya mejorado el ánimo, por más que este sentimiento no sea compartido por buena parte de los argentinos, según revelan las encuestas.

La Universidad de Belgrano en su último relevamiento pregunta: ¿El año próximo la economía argentina estará igual, mejor o peor que ahora? La respuesta asombra: 38% afirma que peor, en tanto el 32% considera que igual (que este año), es decir que 70% de los encuestados no son optimistas respecto al futuro.

¿Cómo se explican las distintas lecturas? En el entorno del presidente Alberto Fernández y también de Cristina de Kirchner no se duda en calificar de “exitosas” a las políticas aplicadas durante el primer año de mandato. Señalan que sumada la deteriorada situación económica y social que recibieron -la llamada “pandemia Macrista”-, la inédita crisis desatada por el coronavirus podría haber provocado la muerte de muchos argentinos -por la incapacidad del sistema hospitalario para atender la pandemia-, que una gran parte de la población sufriera hambre, que se hubieran producido saqueos o que la inflación se desbocara.

Ninguna de estas situaciones se ha presentado, subrayan en el Gobierno. No hubo argentinos que no recibieran atención médica, se aseguró la provisión alimentaria, se llega a un diciembre sin desbordes sociales y si bien la inflación sigue siendo elevada (3,2% arrojó el índice del mes pasado), se afirma que descendió 17 puntos con relación a noviembre de 2019. Para completar el análisis debería agregarse que esta baja se dio en medio de una brutal recesión y con numerosos precios regulados.

Así, en el Gobierno creen que han evitado “este escenario de terror” -particularmente en el conurbano, donde se concentran los bolsones de pobreza-.

Bases 

El discurso de la vicepresidente Cristina Fernández de este viernes dejó sentadas las bases para el próximo año de gobierno. Como siempre fue clara y contundente y marcó los siguientes ejes:

- “Tenemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente”. Este mensaje va dirigido fundamentalmente al sector de las obras sociales. Uno de los poderes que pueden hacer frente a los gobiernos son los sindicatos, no en vano la dictadura militar, para tratar de controlarlos, les otorgo el manejo de la salud. La crítica de Cristina no solo apuntó al sistema privado o a el sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires, sino también a menguar el poder sindical.
- “El otro desafío que vamos a tener, obviamente, va a ser la economía. Yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más”. Mensaje claro a los sectores empresarios que deberán tener una visión “social” de sus negocios y el Estado será el árbitro que se ocupará de garantizar esa distribución de riqueza.
-Además precisó cuál es el modelo económico a seguir (mensaje a Martín Guzmán, al Fondo Monetario Internacional, empresarios, etc.) “Y para esto me parece que hay que alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo los de los alimentos- y tarifas”. En parte, este mandato ya se comenzó a cumplir al principio sin avisar, con el cambio que introdujo el Senado en la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta por el Ejecutivo, y ahora con la decisión de morigerar/ postergar el aumento tarifario.
-Para desautorizar cualquier crítica externa, la ex presidenta afirmo: “Argentina es el lugar donde mueren todas las teorías económicas. Acá la actividad económica la mueve la demanda. Y a la demanda no hay otra manera de hacerla que, a través de salarios, jubilaciones, y con precios de alimentos accesibles”.
-Y afirmó que: “No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. Con 12 años y medio en la República Argentina lo hicimos. Y por eso, además de por la unidad, volvimos”.
-Rescatando a quién más confía en materia económica dijo: “Axel debe ser el primer ministro de Economía de la Argentina que gana una elección tan importante como la provincia de Buenos Aires. Todos los que lo intentaron fracasaron. ¿Saben por qué? Porque hay una memoria de la sociedad”. Es decir “yo lo hice”, dado que Axel fue ministro de su gobierno.
-Insistió en la necesidad de “unidad” con un mensaje que fue dirigido a los que sueñan con un Albertismo. En una clara respuesta a quienes afirman que sin Alberto no hubieran podido ganar las elecciones, dijo que “hubo una unidad que fue fundamental, pero si hubiésemos estado todos juntos, y la gente hubiera vivido mal los 12 años y medio que estuvimos, tampoco nos hubieran votado”.
-Convencida de que su modelo de país es virtuoso y que busca que los que menos tienen, tengan más, Cristina cree que hay muchos sectores de poder que conspiraron y conspiran contra su gobierno. “Cuando no nos pueden parar ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, se van a los juzgados. Porque ojo, que nadie se engañe: el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer”.
-Por esta razón arengó a la militancia: “Les digo a todos y a todas: todos aquellos que tengan miedo, o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministros, ministras, legisladores, legisladoras. Vayan a buscar otro laburo”. Este mensaje no es un reclamo estricto de mala gestión, es una referencia a un compromiso y para que entiendan que quienes están en el gobierno están para “que los sillones que ocupe como ministro, ministra, legislador o legisladora, sea para representar los intereses del pueblo”.
Resumiendo, Cristina durante un año se mantuvo al margen de la gestión, incluso cuidando el detalle de no pisar la Casa Rosada para no debilitar al presidente. Pero en su entorno íntimo señalan que, dados de los resultados de la gestión de Alberto, consideró necesario establecer las pautas de ahora en más. Sostienen que, de todas maneras, la sociedad piensa que es ella la que gobierna y, con el firme propósito de no perder las elecciones legislativas del año próximo, “tomó riendas en el asunto”. Las directrices que dio Cristina fueron claras y Alberto las avaló.

¿Qué se puede esperar de ahora en más?, un presidente más proclive a escuchar a quien “gobernó por 12 años”.

Dos balances

Volviendo al resultado de gestión que efectúan en la Casa Rosada, es cierto que el Estado fue eficiente en contener a los sectores más vulnerables. Ahora aguardan confiados los próximos meses porque creen que la aparición de las vacunas perfila un final cierto a la pesadilla de la pandemia, más allá de las dificultades que se han presentado en los suministros, a diferencia de lo que sucedía en marzo cuando todo era incertidumbre.    

Pero la gente no compara con los escenarios posibles, según revelan los encuestadores sociales, sino con su situación relativa. Los datos que arroja la pandemia son demoledores.

En el tercer trimestre la actividad se contrajo un 10,2% en la comparación interanual, acumulando en lo que va del año una caída de -11,8% frente a igual período de 2019 (datos oficiales).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la economía argentina caerá este año 10,5% por efecto del coronavirus y en el marco de una contracción global, cifra cercana a las estimaciones oficiales y privadas y entre las mayores contracciones del planeta.

Este jueves el INDEC informó que la desocupación llega a 11,7% de la población, pero el dato oculta a la gente que dejó de buscar empleo desanimada por la situación. Si la cantidad de personas que quieren trabajar fuera la misma que en el primer trimestre de este año, el desempleo superaría el 20%, es decir unos 4 millones.

Y pese a que tuvimos una de las cuarentenas más largas, la Argentina se ubica en el 6to. lugar en el mundo por la cantidad de muertos por habitantes.

La pandemia también desnudó el deterioro de la situación económico social que la Argentina viene sufriendo desde hace décadas. Baste mencionar que fueron más de 11 millones de personas las que solicitaron la ayuda estatal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Ante de que se desatara la crisis, a fines del año pasado, las cifras oficiales mostraban que había en el país 8,5 millones de personas entre cuentapropistas (3,5 millones) y trabajadores en negro (5 millones). Estos números revelan la precariedad del mercado laboral (los asalariados formales sumaban 10,6 millones) que seguramente se ha deteriorado aún más en este año, según coinciden los analistas.

De esta forma, hay quienes están preocupados por los millones de argentinos que conforman la franja comprendida entre quienes tienen trabajo formal, por un lado, y los que reciben planes asistenciales, por otro. Abarca a la mayor parte del 43% de la población de clase media y el 32% de la clase media baja, según la segmentación de la Consultora W. Pero también es interesante señalar que, desde el punto de vista de la autopercepción, 85% de la población se considera de clase media, según el Observatorio de Psicología Social de la Universidad de Buenos Aires.

Se trata de la población que hasta la explosión de la pandemia confiaban en que su vocación laboral les iba permitir seguir a flote, pero que con el coronavirus comprobaron que también puede haber factores externos que los descoloquen. Y para ellos la respuesta del Estado ha sido magra, básicamente concentrada en 4 ingresos familiares de emergencia en los más de ocho meses de pandemia (un total de 40.000 pesos, para los que los recibieron).

Los sindicatos tampoco muestran interés por este segmento. La dirigencia gremial se concentró en esta oportunidad, como viene sucediendo desde hace mucho tiempo, por defender los intereses de los trabajadores en blanco.

Más aún, llama la atención y es solo un ejemplo, el importante poderío económico del gremio de encargados de edificios (SUTERH) a punto tal que cuenta entre sus activos a varios medios de difusión, un destino de fondos que cuesta entender qué beneficio concreto le aporta a los afiliados.

“Estamos en una economía del chantaje, los que reclaman como los piqueteros logran concesiones, los que no tienen capacidad de movilización como los jubilados o los trabajadores independientes, se joroban”, señaló a Data Clave un analista político.

El problema es que, en situaciones de crisis -agrega- las desigualdades son más evidentes. “Hay muchos trabajadores que ven muy mal que haya gente que reciba planes por 40 o 50.000 pesos mensuales sin hacer nada, o que los empleados públicos, al menos los jerárquicos, sigan cobrando como si nada pasara, cuando ellos tienen que deslomarse para conseguir una changa”.

Y este analista concluye: “Es difícil saber cómo reaccionarán estos sectores, pero seguramente habrá consecuencias”.

El sainete de las vacunas 

Si bien como se dijo, los ánimos en la Casa Rosada están más calmados, esto no quiere decir que no preocupen ciertos nubarrones que se observan en el horizonte.

Uno de los que más inquieta al gobierno es la posibilidad de una aceleración de la inflación, según reconocen sotto voce en el Palacio de Hacienda.

En noviembre los precios cedieron algo, pero las primeras proyecciones para el mes en curso anticipan una aceleración del índice a un rango de 3,5/4%, según las consultoras. Para el año próximo, la mayoría de los estudios y bancos de inversión prevén una inflación en torno de 50%, muy por encima del 29% previsto por el Gobierno en el presupuesto 2021.

No es casualidad en este contexto que el Gobierno haya mantenido el congelamiento de las tarifas de la luz y el gas para el primer trimestre del año próximo, cuando antes se preveía otorgar aumentos a partir de enero. El problema es que el congelamiento tarifario implica también mantener el gasto en subsidios, un tema que ha sido objetado por el Fondo Monetario Internacional que, como se sabe, prioriza la cuestión fiscal.  

También preocupa a las autoridades el manejo de la pandemia en los próximos meses. En lo inmediato se enfrentan con los problemas asociados con la obtención de la vacuna.

Según el Gobierno, la empresa Pfizer ha planteado requerimientos excesivos al gobierno. En fuentes cercanas al Ministerio de Salud hay quienes creen que es una excusa del laboratorio que se quedó “corto” en sus previsiones de producción.

Desde la industria farmacéutica se señala que la objeción se refiere a un aspecto específico de la ley de vacunas, el que señala que, si bien el país acepta la jurisdicción de tribunales extranjeros, “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.

Este sería el punto que Pfizer objeta y que fuera introducido en la nueva Ley de Vacunas -según dicen- por pedido de la oposición. A esta incertidumbre respecto a qué ocurrirá con la vacuna Pfizer se sumó el “papelón” con la vacuna Rusa.

Aquí se pasó de la afirmación presidencial “seré el primero en vacunarme” a descubrir que todavía no está aprobada para ser aplicada en personas mayores de 60 años.

Asimismo, crece el malestar con el ministro de Salud, Ginés González García, por sus marchas y contramarchas y sus pronósticos contradictorios sobre la evolución de la pandemia. El presidente siempre defendió la gestión del ministro y amigo, aunque ahora en la Casa Rosada no apuestan a que permanezca mucho tiempo más en su cargo. Es más, ya se habla de que sería reemplazado por Carla Vizzotti, actual Secretaria de Acceso a la Salud, una funcionaria que fue creciendo en consideración oficial.

También se viene especulando, como anticipó en exclusiva Data Clave con las salidas de Felipe Sola de la Cancillería, cargo que sería ocupado por Jorge Arguello, de Marcela Losardo de Justicia -su reemplazo sería Wado de Pedro y a su vez Juanchi Zabaleta ocuparía la cartera de Interior-.

Continúan las quejas tanto sobre la cartera de Producción, a cargo de Matías Kulfas, como por el desempeño de la AFIP, cuya titular es Mercedes Marco del Pont, en particular en el entorno de la vice presidenta. En cambio, rescatan al Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a Wado de Pedro (Interior), a Fernanda Raverta (ANSeS) y a Darío Martínez (Energía). 

Incertidumbre

Distintos especialistas vienen anticipando un rebote en los contagios a partir de febrero, como consecuencia de las reuniones por las fiestas y las vacaciones (en los últimos días volvió a subir el número de infectados).

El temor que existe en el Gobierno, según pudo saber Data Clave, es que los funcionarios tienen serias dudas en cuanto a la posibilidad de llevar adelante nuevas restricciones si la situación sanitaria así lo demandara.

Esto no lo comentan, pero el mal ejemplo de altos miembros del Poder Ejecutivo reuniéndose sin barbijos o el descalabro del funeral de Diego Armando Maradona sientan las bases para un bajo nivel de acatamiento ante una eventual nueva restricción a la circulación.

Y mientras la política argentina sigue enfocada en el corto plazo, la situación de fondo de la economía argentina continúa deteriorándose. El Foro Económico Mundial dio a conocer esta semana que la Argentina volvió a ceder posiciones en el ranking global de competitividad, ubicándose en el puesto 36 sobre 41 naciones.

Otro dato en este sentido lo aporta el economista Fausto Spotorno al puntualizar que es cada vez menor el capital invertido en el país con relación a los trabajadores. Que haya cada vez menos inversiones implica que los salarios estén condenados a la baja.

En lugar de revertir esta situación, el Gobierno camina en sentido contrario. Un botón de muestra: renovó la doble indemnización por despido. Probablemente logre que algunas empresas piensen dos veces antes de deshacerse de personal, pero lo que es seguro -coinciden los empresarios- es que “en estas condiciones nadie va a tomar más gente en relación de dependencia”.

Por otra parte, existen dudas respecto a cuándo se concretará el acuerdo con el FMI y qué características tendrá. Por lo pronto, lo planteado por Cristina en el sentido de privilegiar el consumo no condice con la necesidad de un ajuste que es central en los programas de estabilización del organismo multilateral.

A la luz de lo planteado por la vicepresidenta, el gobierno no parece dispuesto a pagar el costo de un ajuste en un año electoral. El temor de los empresarios es si no será el mercado el que termine imponiéndolo de la peor manera.

Liliana Franco para Data Clave