Horacio Rodríguez Larreta insiste con su reclamo y el lunes presentará otra medida cautelar

En un nuevo capítulo de la pelea que viene sosteniendo la Ciudad de Buenos Aires con el Gobierno Nacional por la quita de fondos de la coparticipación federal que sufrió, primero por un decreto presidencial y luego por una ley sancionada por el Congreso, este lunes el jefe comunal Horacio Rodríguez Larreta presentará una nueva medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia en busca de conseguir la suspensión porque la consideran inconstitucional.

El planteo judicial que repetirán desde la Ciudad se basa en que, para reducirle el dinero, el Poder Ejecutivo no puede determinarlo unilateralmente porque eso va en contra de la Constitución Nacional. Y además, insistirá en una cuestión de fondo, como que se sancione otra Ley de coparticipación.

La puja viene de lejos, desde antes que se desatara la pandemia en nuestro país. Pero después de una tregua que se prolongó durante los meses más duros del coronavirus, recrudeció en septiembre cuando el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 735. Allí, mientras se multiplicaban los reclamos salariales de los efectivos de la policía bonaerense, el Presidente decidió que a la Ciudad se le iban a sacar 150 millones de pesos diarios y que se los destinaría a la provincia de Buenos Aires dirigida por Axel Kiciloff.

 La reducción de un poco más de dos puntos de la coparticipación pasó a ser del 3,5% a un 1,4% del Presupuesto nacional. Esto significa que la Ciudad de Buenos Aires, anualmente, percibirá 62 mil millones de pesos menos. El 18 de septiembre, Rodríguez Larreta, a través de la Procuración de su distrito, presentó una acción de inconstitucionalidad, que incluía una cautelar, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de frenar esa poda de fondos. El 1º de enero, la Corte entrará en feria judicial y todavía no se pronunció sobre este primer pedido.

Alberto Fernández envió poco tiempo después un proyecto de ley al Congreso para validar lo que había expuesto en el decreto 735. El Senado lo aprobó el 2 de octubre y recién en este mes, el 1º de diciembre, la Cámara de Diputados le dio curso con modificaciones por lo que debió volver a la Cámara Alta en revisión. El 10 de diciembre, el mismo día que los diputados la daban media sanción a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los senadores la transformaron en ley por 40 votos a 25.

Según expresa esa ley la Nación dejará de enviarle en forma automática a la Ciudad los fondos de coparticipación para que afronte los gastos destinados a la seguridad. Y a cambio establece un monto fijo de 24 mil millones de pesos anuales que se ajustarán trimestralmente por un índice: en un 80% por la evolución del salario de los policías y en un 20% por la inflación en el distrito.

En esta ley el oficialismo también incluyó que se abra un período de negociación entre Nación y Ciudad durante 60 días. Pero en el larretismo la propuesta no cayó para nada bien porque consideran que les proponen un ámbito de discusión por demás desfavorable.

La reacción de Ciudad no se hizo esperar. En una muestra de un ajuste mayor que el esperado, en la aprobación de su presupuesto para 2021 impulsó nuevos impuestos: subió la alícuota de Ingresos Brutos que se les cobra a los bancos, eliminó la exención de Ingresos Brutos sobre las LELIQs y dispuso que se le cobre un 1,2% a los gastos que se hagan con tarjetas de crédito dentro de su ámbito. Además, se anunció que se paralizarán importantes obras públicas como la mudanza de la cárcel de Devoto y la urbanización de predio del Mercado de Hacienda en Mataderos. Según el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura, esas iniciativas fueron porque este es “un presupuesto de contingencia y con medidas transitorias producto de distintas acciones impulsadas por el Gobierno Nacional que buscan afectar gravemente tanto la autonomía como las finanzas de la Ciudad”.

La pelea, obviamente, promete muchos más capítulos. Ni bien asumió en diciembre de 2019, Alberto Fernández le había avisado a Rodríguez Larreta que pensaba revisar el decreto que en 2016 había confeccionado Mauricio Macri, cuando aumentó a un 3,75% la coparticipación en favor de CABA, por la transferencia de la Policía Federal. Nadie imaginaba que los cortocircuitos irían en aumento.

En el marco de esta puja, 19 gobernadores publicaron durante noviembre una solicitada en apoyo de la medida que impulsa el oficialismo y para cuestionar la presentación judicial de Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema. Los únicos que no la firmaron fueron los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) y el peronista Juan Schiaretti (Córdoba).

* Para www.infobae.com