Consejo Económico y Social nace por decreto y complicado por interna

POLÍTICA Por Mariano Martín*
Con Béliz como bastonero, el Gobierno prepara un DNU para arrancar en enero con un debate que, de concretarse, tendrá a Cristina como revisora.

El Consejo Económico y Social, esa institución de diálogo multisectorial inspirada en experiencias europeas y que Alberto Fernández enarboló durante la campaña electoral como el mecanismo para sacar a la Argentina de las crisis recurrentes nacerá con el arranque de 2021 por un Decreto de Necesidad y Urgencia, además de sacudido por las internas sindicales y la desconfianza de un sector predominante de la CGT hacia Cristina de Kirchner. Con esa mochila y el descreimiento por parte de un sector del propio Frente de Todos la mesa será llamada a hacer los primeros intentos por un diseño consensuado de política económica, social y educativa perdurable.

El encargado principal de tal empresa es el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el más silencioso de los funcionarios del Gabinete nacional y que en el primer año de gestión aceitó contactos con dirigentes sindicales de primera línea, empresarios y -su expertise- líderes de la Iglesia católica. En el Ejecutivo concluyeron que para el arranque de las deliberaciones bastará con el dictado de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y recién después de asentada la mesa (en caso de resultar viable) se podrá avanzar hacia su institucionalización definitiva mediante un proyecto de ley al Congreso.

El diseño del Consejo es todavía difuso y más relacionado con el voluntarismo que con una herramienta concreta de planificación de políticas públicas. De acuerdo al funcionario que se consulte podrá ser el cauce para establecer acuerdos de precios y salarios, regulación de tarifas, armado de planes sociales a la medida de la pospandemia, reestructuración de esquemas tributarios y hasta lineamientos de la currícula educativa. En la administración de Alberto Fernández están más convencidos de la necesidad de contar con la maquinaria que de lo que hará falta construir.

Los actores serán los previsibles aunque su convocatoria no estará exenta de tironeos. Por lo pronto tienen mesa asegurada la CGT, el sector disidente de Hugo Moyano (así se lo confirmó el propio Presidente a Pablo Moyano el 15 de diciembre) y la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, con chances concretas de extenderse a la versión Autónoma de la CTA que lidera Ricardo Peidró. Para la reserva de sillas empresarias todo indica que podrá usarse el mismo modelo de invitación que prevé el Consejo del Salario, con la Unión Industrial, las cámaras de Comercio y Construcción, la Bolsa y entidades bancarias y del agro. El denominado Grupo de los Seis.

También, las organizaciones sociales con preeminencia de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la confederación que cobija buena parte del Triunvirato de San Cayetano de entidades que crecieron con Mauricio Macri y que gozan de línea directa con el Frente de Todos. En función de los postulados, todavía brumosos, que enuncian el propio Presidente y parte de su equipo cuando se refieren al Consejo, deberán formar parte además la Iglesia y otros cultos así como entidades de la sociedad civil de acuerdo al capítulo que pudiese tratar el Consejo. Nadie en el Ejecutivo se anima a anticipar si estarán llamados los partidos de la oposición.

Pero incluso antes de las eventuales controversias propias del armado y los sectores involucrados la propia génesis de la iniciativa invita al escepticismo. En la cima de la CGT, la organización madre del sindicalismo argentino, advierten de la inviabilidad del emprendimiento en tanto subsistan el “albertismo” y el “cristinismo” como dos corrientes no del todo alineadas en la coalición gobernante. Un ejemplo palpable: cuando la central obrera pactó con la UIA un esquema de suspensiones durante la cuarentena uno de los primeros en salirle al cruce fue Máximo Kirchner. Lo mismo sucedió cuando la CGT compartió un comunicado con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que contenía el decálogo de reclamos del gran capital.

La inquietud de los jefes sindicales es simple: ¿con qué garantías acudir con el sector empresario a un espacio de mutuas concesiones si cualquier reformulación de derechos adquiridos por parte del gremialismo será bombardeado por el núcleo de mayor caudal de votos propios del frente gobernante? La propia Cristina de Kirchner dio una pista de los límites que debería tener el Consejo cuando sostuvo, en su discurso de la semana pasada, que en 2021 los salarios y las jubilaciones deberán ganarles a la inflación y a las tarifas.

Pero incluso las dinámicas internas de la propia CGT y de los movimientos sociales anticipan nubarrones para el debate. Por caso, una de las razones de la ruptura de Moyano con la CGT fue su desvinculación de la mesa en que la central obrera negociaba con Cambiemos una reforma laboral acotada. Si bien no está previsto que figure en la mesa un proyecto en esa dirección, la distancia histórica entre el camionero y los “gordos” de los grandes gremios de servicios puede hacerse abismal en el debate. Lo mismo puede preverse de la integración a las deliberaciones de dirigentes como Juan Grabois, más afecto a marcar sus divergencias con el Frente de Todos que a asimilarse como un engranaje del oficialismo.

* Para www.ambito.com

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