Cuestionan a la Corte Suprema por no resolver más de medio centenar de juicios de lesa humanidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se ve una vez más en el ojo de la tormenta por la falta de resolución en las causas que investigan crímenes de lesa humanidad. El organismo judicial aún no ha dictado ningún fallos en más de cincuenta casos y desde los organismos de derechos humanos advierten sobre el orden de prioridades de la Justicia.

A fines del 2020, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió una declaración en la que hizo referencia de «demoras injustificadas» por parte del tribunal supremo para resolver los recursos pendientes. «Es necesario y urgente que la Corte, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, se imponga a sí misma la obligación de resolver a la brevedad todas las causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes», señaló la organización según informó Télam.

Noche del apagón

Entre los reclamos de juicios inconclusos, uno de los más relevantes es el recurso de queja presentado ante el fallo de la Cámara de Casación que en 2015 revocó el procesamiento del dueño del «Ingenio Ledesma», Carlos Blaquier, y su socio Alberto Lemos, por los delitos cometidos por militares y civiles durante la célebre «Noche del Apagón«, ocurrida en Jujuy en 1976. De acuerdo a las organizaciones, con el paso del tiempo y la falta de definiciones se consagra una suerte de «impunidad biológica» ya que los acusados terminan su vida sin fallos firmes y, por tanto, con presunción de inocencia.

Prioridades

Uno de los aspectos más criticados de la Corte durante el 2020 fue la convocatoria a «acuerdos extraordinarios» de los cinco miembros del tribunal para intervenir en las demandas presentadas por los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes rechazaban las definiciones del Consejo de la Magistratura y el Senado sobre su traslado. Invocando el artículo 71 del reglamento de justicia, que faculta al presidente del máximo tribunal a convocar acuerdos, Carlos Rosenkrantz forzó la intervención del máximo tribunal en el caso por considerar que era responsabilidad del cuerpo «dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces».

En contraste con esto, los organismos evocan el caso del recurso de queja que interpusieron ante la Corte el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia de Casación que apartó a dos miembros del Tribunal Oral Federal 5, que juzgaban al represor Horacio «Pantera» Ferrari por crímenes contra la humanidad perpetrados en la ESMA. La Corte se tomó un año para rechazar, sin explicaciones, el recurso de los fiscales y Ferrari quedó afuera del juicio por estas complicaciones procesales que aprovechó su defensa.

«Comisión Interpoderes»

Otro de los reclamos a la máxima entidad judicial del país es la puesta en funcionamiento de la «Comisión Interpoderes», creada en 2008 por la misma Corte, para agilizar y resolver los problemas que surgieran en las causas de lesa humanidad y cuya última reunión se celebró en 2016. Cuatro años después, en mayo del año pasado, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la CSJN la «puesta en funcionamiento» de la comisión, como un modo de buscar la reactivación de los juicios luego del parate obligado por las restricciones sanitarias impuestas ante la pandemia de coronavirus.

La Corte recogió el guante y convocó a la comisión para el 8 de octubre, en una sesión con pocos miembros ya que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, declinaron la invitación por considerarla «oportunista». Tampoco participó Estela de Carlotto, quien señaló en la oportunidad que «la reunión la pedimos en mayo y recién llega ahora cuando la Corte está tan cuestionada: no queremos ser mal pensadas sobre la convocatoria de Rosenkrantz justo ahora, pero tontas tampoco somos».

Con información de www.elintransigente.com