Biden decreta el fin de la emergencia en la frontera con México

El presidente Biden ha rescindido formalmente la declaración de emergencia realizada en febrero de 2019 por su predecesor, Donald Trump, en la frontera de Estados Unidos con México. El fin de la excepcionalidad se suma a la confirmación de la congelación de fondos destinados a la construcción de un muro fronterizo. Pero los cerca de 3.600 soldados desplegados en la zona van a seguir allí, según el Pentágono.

“He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur fue injustificada”, defiende Biden en una carta remitida a Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, y a la vicepresidenta Kamala Harris, en su condición de presidenta del Senado. “También he anunciado que será la política de esta Administración que no se desvíen más dólares del contribuyente estadounidense a la construcción de un muro fronterizo”, añade el presidente.

La proclamación completa la orden ejecutiva firmada por Biden en su primer día en la Casa Blanca, en la que cuestionaba la validez de la declaración de emergencia nacional y ordenaba una pausa en la construcción del muro. En sus primeras semanas en la Casa Blanca, el presidente se ha dedicado a deshacer, vía decreto, algunas de las políticas más controvertidas de su predecesor.

Las tropas desplegadas sobre el terreno, según fuentes del Pentágono citadas por Politico, seguirán proporcionando apoyo al departamento de Seguridad Nacional y a los agentes fronterizos. El trabajo de dichos soldados, según las mismas fuentes, no estaba relacionado con la construcción del muro.

La mano dura con la inmigración fue una de las señas de identidad de la Administración de Trump, que llegó al poder con la promesa estrella de levantar un muro en la frontera con México. La declaración de emergencia decretada por Trump, después de rifirrafes con el Congreso sobre la financiación del muro, abría la puerta a desviar al controvertido proyecto dinero presupuestado para otras agencias.

Fuente: El País