OTRA VEZ CON EL SERVICIO MILITAR

Isaías ABRUTZKY / Especial para Tiempo de Santa Fe

Por descolgada, la propuesta no merecería más que un encogimiento de hombros. Pero proviene de un mandatario provincial, y no son pocos, desde la derecha irracional, quienes lo propugnan. 

Hablamos de reinstaurar el servicio militar obligatorio (SMO), algo que le parece una buena idea a Raúl Alejandro Jalil, actualmente a cargo del poder ejecutivo de Catamarca. 

Los partidarios de esa institución son los mismos que alaban a los padres que castigan físicamente a sus hijos para “educarlos”, y propagan las bondades de una forma de crianza que perpetúa el autoritarismo paterno, y familiar, que tan malas consecuencias sociales trae aparejado. 

Con esta vuelta de tuerca, Jalil retoma la postura del ex diputado salteño Alfredo Olmedo, hoy imputado judicialmente por “contrabando de importación agravado por el monto de la mercadería, en grado de tentativa” y a quien “AFIP denunciara que en un campo de su propiedad se encontraron 400 trabajadores alojados en forma precaria, con letrinas improvisadas y falta de higiene”  

El SMO fue instaurado en 1901 por un proyecto del teniente general Pablo Riccheri, entonces ministro de guerra bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, genocida de los pueblos originarios. 

En esos tiempos, en que las fuerzas armadas contribuían a consolidar el estado nacional, el programa puede haber tenido alguna utilidad, que luego se fue desvirtuando. 

Desde el inicio se convirtió en un ámbito de adoctrinamiento en la filosofía política más conservadora, y en la religión católica acrítica. “Ir a limpiar la casa del capitán es una forma de servir a la patria” supo decir un  prelado que visitaba los cuarteles. 

La humillación de los soldados, y los castigos arbitrarios ante la menor falta que cometieran, o que les fueran inventado, eran moneda corriente. 

Pero el declarado propósito de que el período que los ciudadanos pasaban bajo el arbitrio de oficiales y suboficiales, que fue brindar un ámbito de comportamiento social mínimo y capacitación para casos de necesidad de defensa quedó más que lejos frente a la realidad. La verdad era que se restaba a los ciudadanos uno o dos años de sus posibilidades de estudio o laborales, para nada. El poder de los miembros regulares de las Fuerzas Armadas -oficiales y, sobre todo, suboficiales, quienes eran aquellos que más contacto tenían con los soldados rasos- era casi omnímodo, y las violaciones que se cometían contra ellos eran disimulados y olvidados rápidamente. La queja de un soldado, además de inoperante e inútil, era motivo de escarnio para la víctima, “que no se comportaba como un hombre” al decir de esos militares. Y con esa cultura impuesta, no era raro que ella enfrentara también la desvalorización de sus propios compañeros. 

Ni que hablar de la capacitación para el combate, limitada al empleo de algún ejercicio con arma de puño o fusil. 

Los abusos y hasta los homicidios dentro de los cuarteles quedaban siempre dentro de sus muros. Y el hermetismo pudo mantenerse incluso durante la Guerra de Malvinas, una locura bélica de un comandante en jefe que no encontró mejor modo de intentar zafar de la entrega y el hundimiento económico al que habían conducido las políticas de los asaltantes del poder de 1976. 

Finalmente, y luego de la reacción popular que produjo el asesinato del soldado Omar Carrasco, y su vergonzoso encubrimiento, en 1994, el entonces Presidente Menem decretó el final de la institución que todavía hoy algunos intentan revivir. 

Pero volviendo al gobernador de Catamarca, es importante destacar la contundencia de la respuesta del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, que de modo tajante expresó su rechazo:

"Los que hablan de ese servicio no piensan en que vengan a buscar a sus hijos con el camioncito militar cuando cumplan 18 años, sino que vayan a buscar a los hijos de los demás, especialmente a los de los barrios carenciados", dijo. Asimismo señaló el atraso de una discusión que fue saldada por la sociedad argentina, sobre una experiencia social y económica negativa, y que implicaba un alto costo para el Estado.