La Oficina Anticorrupción cumplió la orden de Alberto Fernández y denunció penalmente a Mauricio Macri por el préstamo con el FMI

POLÍTICA Por Agencia de Noticias del Interior
La presentación del organismo que dirige Félix Crous fue hecha ante la jueza María Eugenia Capuchetti. Acusó al ex presidente de orquestar “un programa criminal”
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En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de marzo el presidente Alberto Fernández anunció que el gobierno iba a querellar a Mauricio Macri por el préstamo de millones de dólares recibido del Fondo Monetario Internacional. “Sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri. Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado” había dicho Fernández.

Luego agregó que “a una Argentina en absoluto default el Fondo Monetario le otorgó un crédito de 55.000 millones de dólares, el más alto de su historia. De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo se usaron para facilitar la salida de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces”. Luego de explicar la situación anunció que había ordenado que se presentara una querella por ese hecho.

La orden se la dio a la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Félix Crous que presentó la denuncia ante el juzgado federal que encabeza María Eugenia Capuchetti. Es que en ese juzgado se radicó una denuncia del ex secretario de Comercio Interior del kirchnerismo Guillermo Moreno por el préstamo otorgado por el FMI. El fiscal de esa causa es Franco Picardi y en 2019 había imputado a Macri, entre otros ex funcionarios del gobierno anterior.

Según explicaron fuentes de la OA a Infobae en la denuncia señala que: ”Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos”.

Según fuentes de la OA, los principales puntos de la denuncia presentada de forma remota hoy a las 18.06 son:

“El 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados”.

“Ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, quien en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado.

“Por cierto, la decisión de suscribir con urgencia y a como diera lugar el mayor empréstito otorgado por el FMI en su historia —con la correspondiente complacencia de éste tanto en la concesión como en la supervisión de su cumplimiento, lo que no corresponde ni es factible juzgar aquí—, se expresó en la violación de las normas esenciales para esa decisión”.

“La razón no era otra que ayudar a la reelección presidencial del por entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri”, continúa entre sus planteos principales la denuncia penal de la Oficina Anticorrupción.

“Para comprender cabalmente la maniobra es necesario obtener, en el transcurso de la pesquisa, tanto el listado completo de las personas físicas y jurídicas beneficiadas por la maniobra ilícita, así como determinar el tipo de vinculación que pudieran mantener con los funcionarios denunciados. Más adelante veremos que un puñado apretado de beneficiarios, es decir un universo hiperconcentrado, accedió a la divisa norteamericana en el pequeño mercado cambiario local”.

“Conocer si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores, y si estos pudieron prevalerse de información privilegiada -y quién la suministró-, para asegurar esas ganancias, que son el espejo del perjuicio que debe afrontar la mayoría del pueblo argentino”.

“Los imputados recurrieron a distintas conductas que se describen en la denuncia, desde evitar cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito; lo cierto es que entre mayo de 2018 y hasta que fueron restablecidos tardíamente los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI se desembolsaron casi USD 44,5 mil millones”.

“Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los USD 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por USD 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por USD 36,9 mil millones”.

“El FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento del empréstito como con el control de su ejecución”, establece la denuncia de Crous. “No resulta casual sino causal la coincidencia de las sumas, en tanto los USD 44,5 mil millones obtenidos mediante el empréstito con el FMI resultan muy cercanos a los USD 45,1 mil millones fugados por capitales especulativos y los USD 46,1 mil millones de Lebacs emitidos a junio de 2018 (...) El proceso fue espurio porque las autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y la salida de estos de la plaza local”.

“Los imputados violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305), soslayando la emisión del dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros para el inicio de las negociaciones de la operación (decreto 1344/07) y evitando la opinión previa del Banco Central de la República Argentina respecto del impacto de la operación en la balanza de pagos (art. 61 de la ley 24.156)”.

“Se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad”, concluyó la denuncia.

Con información de www.infobae.com

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