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Juicios de lesa humanidad: luces y sombras en la era Fernández

Referentes y organismos destacan avances, pero reclaman más compromiso de agencias del Estado y designación de jueces. Parálisis total durante el macrismo.

POLÍTICA 24/03/2021 Martín Soler*
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A más de 15 meses de iniciada la gestión de Alberto Fernández al frente del Gobierno, los juicios por delitos de lesa humanidad muestran algunos avances en relación a lo ocurrido en la gestión de Mauricio Macri, donde los procesos judiciales fueron impulsados solo por querellantes particulares (familiares, sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos). Sin embargo, de consultas con organismos y referentes de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, surgen sombras: falta de designaciones de jueces, de equipos de acompañamiento de testigos y de una comisión bicameral del Congreso Nacional son algunas de las materias pendientes del Frente de Todos.

Guadalupe Godoy, abogada querellante por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la Unión por los Derechos Humanos de La Plata, dijo a Letra P que los juicios tuvieron una etapa “muy difícil durante el macrismo”, debido al “retroceso que hubo en materia de las agencias estatales que los organismos de derechos humanos habían logrado que se pusieran a disposición de los procesos judiciales. En materia investigativa, no hubo ningún aporte más del Estado, se retiraron los equipos de acompañamiento de testigos y, sobre todo, el Poder Judicial fue muy receptivo al discurso negacionista que se impuso”.

En relación al retraso en las causas abiertas, aseveró que “ya era un problema estructural”, pero “se profundizó más aun y las causas por responsabilidad empresarial tuvieron un enorme retroceso”. A poco más de un año de la gestión Fernández, “se desandaron algunos de esos caminos, pero la pandemia y el parate judicial se hacen notar mucho y en el Poder Judicial no se ven demasiados cambios. Específicamente en la jurisdicción de La Plata, la falta de designación de jueces, que ha dejado los juicios orales en manos de magistrados subrogantes, reafirma el retraso. Esperamos con ansiedad las designaciones correspondientes”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) comparte ese diagnóstico. Sol Hourcade, coordinadora del Equipo Memoria, Verdad y Justicia de la entidad, indicó que durante el actual gobierno “se recompusieron algunas políticas públicas desmanteladas” desde el arranque de la gestión Cambiemos, pero dijo, además, que a la fecha no hubo cambios estructurales que impulsen y agilicen los juicios.

“No depende de una sola voluntad, sino de la acción coordinada de los tres poderes del Estado. Aunque el Presidente quiera ‘terminar con los juicios’, lograrlo para 2023 es imposible”, manifestó. En diciembre de 2020, 280 causas se encontraban en etapa de instrucción e investigación y 75 causas habían sido elevadas a juicio, pero ese proceso no se había iniciado. Hourcade destacó, además, que “quedan muchos responsables por identificar, lo cual puede hacer que la cifra de 628 personas procesadas que había hasta diciembre crezca”. Actualmente, hay 21 juicios en curso.

En relación a los logros obtenidos durante la actual gestión, la integrante del CELS señaló que el año pasado lograron que la Comisión Interpoderes volviera a reunirse tras cuatro años de inactividad. “Exigimos que el Poder Judicial les dé máxima prioridad a los juicios y que los tres poderes del Estado provean todos los recursos humanos y materiales para dar impulso a estas causas”, indicó. Dijo que, hasta el momento, no tienen novedades sobre acciones concretas tendientes a agilizar el proceso de justicia.

El CELS reclama, además, que el Poder Legislativo ponga en marcha la comisión bicameral para investigar las responsabilidades económicas y financieras de los delitos de la dictadura. Considera “fundamental la apertura de todos los archivos de inteligencia”.

“Cuarenta y cinco años después del inicio de la última dictadura cívico militar, valoramos el proceso de desclasificación de documentación iniciado por el presidente Fernández en el marco de la disolución de la antigua Secretaría de Inteligencia y de la intervención de la AFI. Consideramos que este proceso debe sostenerse y profundizarse en las oficinas de la ex-SIDE, pero, además, debe ampliarse como parte de un proceso integral de desclasificación y de acceso público a la documentación relativa al terrorismo de Estado producida en todas las agencias estatales de la época”, indicó. “Avanzar en ese sentido es una oportunidad histórica para obtener y aportar evidencias e información que permitan restituir la verdadera identidad a algunes de les 300 hijes de desaparecides que aún buscamos, conocer el destino de las miles de víctimas desaparecidas e identificar a los autores y responsables de estos gravísimos delitos”, manifestó.

Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo señaló a este medio: “En este difícil año pandémico para todos los argentinos, el Gobierno mostró un reconocimiento de parte del Estado hacia el movimiento de Derechos Humanos, hacia su trayectoria en la lucha por Verdad, Memoria y Justicia, que son los faros para la construcción de una democracia sólida”.

A partir de diciembre de 2019, “nos encontramos con un Estado que desde sus agencias no niega al terrorismo de Estado ni las consecuencias de este sobre el tejido social. En el colectivo de derechos humanos, nos sentimos acompañados en los reclamos históricos”, expresó Leonardo Fossati, integrante de ese organismo.

La entidad presidida por Estela Barnes de Carlotto marcó las diferencias de la actual administración con la del macrismo, cuando “teníamos que discutir públicamente con referentes del Gobierno cuestiones simbólicas muy arraigadas, como son 30 mil personas desaparecidas, o las referencias morales y éticas de nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Combatimos esos mensajes negacionistas en la histórica Plaza de Mayo contra del 2 X 1 de la Corte Suprema”.

Fossati destacó que este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, diferentes agencias estatales se sumaron a la campaña de los organismos “Plantamos Memoria” para dar visibilidad y apoyo y reconocer a los organismos como guías y actores principales en esta lucha de décadas.

 Juicios en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos  recuperó un rol activo en el impulso de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia a partir de la participación activa de la Dirección de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad en los juicios.

Fuentes del organismo conducido por Matías Moreno destacaron que, en el periodo 2015-2019, por dejar de hacer las presentaciones correspondientes, la Provincia perdió la posibilidad de participar en los juicios orales de San Nicolás – Rosario y Mar del Plata”.

Durante el gobierno de Axel Kicillof, la Provincia se presentó como querellante en distintas causas y ciudades: en La Plata, en la causa Molinos Río de La Plata, relacionada con la complicidad empresarial con la dictadura cívico militar, pidió que sean indagados 16 civiles; también en la Causa Jáuregui, en San Nicolás, en el Juzgado de instrucción de Campana en todas las causas que investigan hechos anteriores al 24 de marzo de 1976.

Durante 2020, la Dirección de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad pidió elevar a juicio cinco procesos penales, solicitó 75 prórrogas de prisión preventiva a imputados y pidió en 18 oportunidades que se rechazaran pedidos de prisión domiciliaria. Además, se presentó en la instrucción de las causas 1er cuerpo del Ejército y en Puente 12, que tramitan en la Ciudad de Buenos Aires, sobre crímenes cometidos en suelo bonaerense.

En la actualidad, el Estado provincial es querellante en 90 causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran en curso en distintas etapas, tanto en proceso de instrucción como elevadas a juicio y con sentencia. Los juicios actualmente en curso son Vuelos de la Muerte, Contraofensiva Montonera 2, juicio Unificado Campo Mayo y el de El Infierno, Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield, que se está desarrollando en el tribunal de La Plata.

La Subsecretaría se está presentando en todas las causas que se encuentran en instrucción, haciendo pedidos de incorporación ya que, al no haberse hecho los pedidos en tiempo y forma en la gestión anterior, había perdido la posibilidad de ser parte.

Verónica Bogliano, directora de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad, dijo que, haciendo un relevamiento de las causas, notaron que no se les daba impulso a todos los procesos. “Incluso, en muchísimas causas no estábamos presentados como querellantes”, indicó.

* Para www.letrap.com.ar

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