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Recaudación versus gastos: ¿últimas semanas de festejo para el bando "moderado" de Guzmán?

Los factores que marcaron la mejora en el ingreso de la AFIP tienen un efecto temporario, mientras que vuelven las presiones para un mayor gasto público

ECONOMÍA 07/04/2021 Fernando Gutiérrez*
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El festejo del Gobierno por lograr un aumento real de la recaudación tributaria -es decir, un ingreso de impuestos que supera la inflación, y también por encima del nivel de gasto público- es el gran arma del ministro Martín Guzmán a la hora de sentarse a negociar.

Y hay señales para el festejo, como por ejemplo que, cuando se compara con el recesivo 2020, los datos de recaudación del IVA de marzo mostraron incrementos nominales de 73%, según se desprende de los datos previos de transferencia de fondos desde el Gobierno a las provincias.

Pero este buen momento es, como dirían en la jerga de los financistas, un "depreciating" asset", es decir un activo cuyo valor tiende a disminuir con el tiempo y por eso es mejor hacer uso de él -o venderlo- cuanto antes. Por ejemplo, tratando de acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mientras los números todavía jueguen a favor.

Eso es lo que está sintiendo en estos días Guzmán, al apreciar cómo la mayoría de los factores que contribuyeron a la mejora fiscal amenazan con perder potencia, mientras que otros factores que fogonean el gasto y estaban anestesiados, empiezan a desperezarse.

Por el lado de los ingresos, hay elementos claros.

-El alivio a las Ganancias que favorecerá a los asalariados que cobren por encima de $150.000 implicará una merma en la recaudación, según prevén los consultores privados. La caja de AFIP dejaría de recibir un monto de $48.000 millones, según las últimas estimaciones. Y a pesar de que la promesa de Sergio Massa, el principal impulsor del acuerdo, es que la reforma resultaría fiscalmente neutra, en parte por un mayor "castigo" por Ganancias a las empresas y otra parte por lo que vuelve en forma de IVA al fomentarse el consumo, esa no es la visión existente en el mercado.

Por lo pronto, un informe de la Fundación Mediterránea pronostica que en el año habrá una merma equivalente a 0,1% del PBI, lo cual hablando en plata podría significar una cifra en torno a u$s400 millones.

-El aporte extraordinario de las grandes fortunas. Ha sido uno de los grandes alivios del Gobierno en un doble sentido. Primero, en lo fiscal, porque supone un ingreso extra que podría llegar a ubicarse en $420.000 millones, según estiman los consultores privados.

Pero además, esto supone un alivio en el plano cambiario, dado que la mayoría de quienes están alcanzados por este gravamen no tienen los pesos líquidos y por lo tanto deben vender algún activo, probablemente dólares. Implicaría un refuerzo de la caja del Banco Central, en una fecha clave, porque permitió la transición pacífica hasta el momento en que empiece a notarse el ingreso fuerte de las divisas de la exportación agrícola.

Pero claro, justamente por ese motivo el Gobierno estableció un calendario que acumulaba el pago del impuesto a las grandes fortunas en el arranque del año. Con la última prórroga, la fecha límite para el pago quedó establecida el 16 de abril.

Esto implica que, a partir de ese momento, ya no se dispondrá de ese ingreso extraordinario. Pero, además, el Gobierno deberá lidiar la batalla en el plano judicial, dado que ya hubo fallos que hicieron lugar a recursos judiciales de quienes argumentan que el aporte extraordinario se duplica con el impuesto a los Bienes Personales.

Asumiendo que todo salga de acuerdo con los planes oficiales, el aporte de Grandes Fortunas podría significar un ingreso de hasta 0,4% del PBI, según estima la Mediterránea.

-La otra gran apuesta -también doble, en los planos fiscal y cambiario- es la que dejen las retenciones a la exportación. Pero, si bien el boom agrícola luce firme, los expertos del área están haciendo advertencias en el sentido de que el Gobierno no gaste a cuenta de lo que no ingresó.

Por un lado, el clima no ayudó de la manera en que prometía, de manera que la cosecha de soja que realiza la Bolsa de Cereales volvió a tener una revisión a la baja. Ya se había bajado la previsión desde 49 millones de toneladas a 45 millones, y después sufrió una nueva corrección a 44 millones.

También en este caso, hay un efecto de estacionalidad. El gran momento de la recaudación se verá en el segundo semestre del año, cuando se produzca el grueso de la liquidación por la cosecha. Y a partir del segundo semestre empezará la clásica merma, con su doble efecto de escasez de dólares y de impacto bajo sobre la caja fiscal.

El efecto Covid

Pero la gran materia pendiente es el incremento de los impuestos ligados a la recuperación de la actividad económica, como el IVA, que apenas tuvo un incremento nominal de 49,3% en el primer bimestre.

Es donde el Gobierno espera que haya una mejora gracias a las medidas de fomento al consumo. Sin embargo, también aquí hay algunas amenazas, porque la estimación optimista de Guzmán -que subió a 7% su pronóstico original de crecimiento de 5,5%- suponía que los aspectos sanitarios no impedirían que la maquinaria productiva siguiera funcionando "a full" y no contaba con algunos factores que podrían jugar en contra.

Algunos son de tipo regionales, como por ejemplo que Brasil, uno de los grandes impulsores de la industria argentina, acaba de hacer su cuarta corrección a la baja en la previsión de PBI, que ahora se ubica en 3,18 por ciento.

De hecho, ya aparecieron señales inquietantes en los últimos números del comercio bilateral. En febrero, el renglón de la industria automotriz mostró un número deficitario mostraron una disminución de u$s71 millones mientras las importaciones crecieron u$s96 millones respecto del mismo mes del año anterior.

Pero, sobre todo, el gran elemento de duda es el impacto de la segunda ola del Covid. Si, como todo indica, fuera inevitable un retroceso a los regímenes de restricción de la circulación, será inevitable el efecto sobre la industria y el comercio, lo cual podría poner en riesgo la estimación fiscal del Gobierno.

En su último informe sobre la situación fiscal, Hacienda destacó que la expansión del gasto primario muestra una mayor incidencia de la obra pública, lo cual va en línea con el objetivo de incrementar la actividad económica.

"En simultáneo, la mejora significativa en los ingresos está permitiendo fortalecer progresivamente la sostenibilidad de las finanzas públicas", agregó.

Provincias, con menos parte de la torta

Quienes están festejando por estas horas son los gobiernos provinciales, que en marzo tuvieron la noticia de un incremento del 20,5% en las transferencias por coparticipación. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) apunta que esto se debió a los mejores desempeños de los rubros de Ganancias e IVA y, además, por el efecto estadístico de la baja recaudación de hace un año.

Pero otros informes sugieren que las provincias no serán las grandes ganadoras del año en términos fiscales, dado que los recursos que más harán subir la recaudación este año no son coparticipables.

De hecho, se estima que la porción de la recaudación tributaria nacional que quede en manos del Gobierno nacional aumentará del 66% registrado el año pasado a un 68%. La participación de provincias caerá del 34% al 31%, y se producirá una suba adicional para provincia de Buenos Aires del 0,8%, como consecuencia de la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Según estima el informe de Fundación Mediterránea, el reparto de la recaudación tributaria nacional en 2021 quedará 68% para Nación y 32% para provincias, versus 66% y 34% en 2020.

Se insinúa la presión por más gasto

Por otra parte, seguirán jugando en contra las medidas que, desde el ala política del Gobierno se sugieran con un doble propósito: morigerar la inflación e intensificar la asistencia fiscal a quienes están en peor situación.

Algo de esto ya se está viendo en estos días. Por lo pronto, el Gobierno postergó nuevamente la suba del impuesto a los combustibles líquidos, que pasó para el 21 de abril. El argumento, naturalmente, es el efecto de transmisión en cadena que los costos del transporte tienen sobre toda la cadena productiva.

Desde el punto de vista económico y político, implica un beneficio de corto plazo, porque se le resta presión a la inflación de abril, a los que los economistas ya ubican en torno de 4%. Pero el lado B, ya se sabe, es el sacrificio fiscal de la medida.

Con la misma lógica se está manejando el tema de tarifas de los servicios públicos, y cada vez parece más difícil de lograr el cometido de Guzmán de mantener los subsidios en un nivel de 1,7% del PBI.

Pero, sobre todo, la gran duda es cuánto afectará en el plano fiscal el agravamiento de la pandemia. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien ya tuvo que reconocer las dificultades del Gobierno en el plano social luego de la publicación del dato de pobreza e indigencia, admitió que posiblemente haya que aumentar el nivel de gasto social.

"Si la situación se complica y hay un rebrote, vamos a tomar medidas excepcionales y adicionales a las que ya venimos tomando desde el año pasado, dijo el ministro, que de todas formas se cuidó de aclarar que no se tratarían de reediciones de los programas IFE y ATP, que tuvieron un costo fiscal en torno a dos puntos del PBI.

Pero con una situación de desempleo todavía complicada -economistas independientes calculan en 16% la tasa real de desocupación y destacan que la mayor parte del nuevo empleo es a nivel de cuentrapropismo y sector informal-, resulta inevitable que habrá nuevas medidas.

Por lo pronto, en el sector más radicalizado del kirchnerismo ya advirtieron que Guzmán no debe ceder a las presiones para "mejorar" la previsión oficial de un déficit fiscal de 4,5% -una posibilidad que, en principio, era percibida con factible si el crecimiento de la economía fuera mayor al esperado-.

El argumento es que toda la mejora extra que pueda haber por la caja fiscal, debe utilizarse para programas de asistencia directa que tiendan a atenuar el impacto de la pobreza.

El problema, claro, es que mientras los factores que juegan a favor de una holgura fiscal están ahora en su mejor momento y progresivamente irán perdiendo fuerza, las exigencias para mayores gastos correrán en el sentido contrario a medida que el calendario electoral avance.

* Para www.iprofesional.com

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