El kirchnerismo insistió en la creación de una comisión bicameral que investigue a jueces y fiscales

Para el Frente de Todos, en el gobierno de Mauricio Macri hubo un “Estado paralelo, clandestino y secreto” que implicó un espionaje ilegal hacia 308 personas. La operación involucró a miembros del Poder Judicial. Así lo concluyó el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los organismos de Inteligencia, el diputado nacional Leopoldo Moreau, quien ratificó la intención del kirchnerismo de crear otra comisión bicameral para investigar a los jueces, fiscales y miembros de la Corte Suprema de Justicia que pudieron haberse apartado del Estado de Derecho.

Para Moreau, el espionaje ilegal “está absolutamente probado”. Lo dio ayer en la conferencia de prensa sobre el informe titulado como “El Estado mafioso” desde el Salón de Pasos Perdidos. Según ese reporte, de 400 páginas, durante la gestión de Cambiemos hubo un “plan sistemático de inteligencia ilegal” cuyo objetivo “era la extorsión y la persecución política”.

“Hemos observado que un puñado de magistrados, fundamentalmente aquellos que se refugian en Comodoro Py, llevaron adelante tareas de común acuerdo con los grupos de espionaje”, dijo el legislador nacional, que reconoció que ese posible accionar de integrantes del sistema de justicia no fue investigado. “No podemos avanzar en ese terreno porque nos excede”, añadió.

Detrás de la maquinaria de espionaje hay “figura públicas notorias, como Cristina Kirchner, y otros dirigentes políticos. Pero otras fueron a organizaciones no gubernamentales”, apuntó el diputado nacional.

La propuesta de crear otra bicameral -anunciada desde un primer momento por el senador Oscar Parrilli- para indagar sobre la conducta de miembros del Poder Judicial está plasmada en un dictamen de mayoría promovido por el Frente de Todos. Los legisladores de Juntos por el Cambio que integran la comisión bicameral firmaron su propio dictamen, donde manifestaron no cuestionan el contenido de la investigación sino el supuesto exceso de facultades de la bicameral, que se reúne en forma reservada.

El reporte fue presentado en una conferencia de prensa en la Cámara baja encabezada por Leopoldo Moreau; el senador Oscar Parrilli y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.

Según el informe, 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales fueron espiadas ilegalmente, con al menos 308 víctimas directas confirmadas. Hubo 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros doce meses del gobierno de Mauricio Macri, según el cual hubo un objetivo “extorsivo” que se propuso “quebrar emocional, económica y políticamente” a las personas seleccionadas.

El informe de la comisión que preside el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau propone crear un “nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado a la República Argentina”.

El blanco de los objetivos de la sospechada operatoria ilegal es variado y alcanza a opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri: Instituto Patria; el ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña Etchegaray; juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; dirigentes políticos del Norte argentino; Gas Natural Licuado, y en esas “operaciones” incluyen “la que sufrió la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”.

De acuerdo a ese análisis, Moreau señaló que la cabeza de esa dirección era la Mesa Judicial “presidida por Mauricio Macri”, donde se resolvía “el destino que iban a correr las personas u organizaciones que eran espiadas”.

Las operaciones no se producían solamente por parte del personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sino desde otros organismos. Entre ellos aparecen la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), “que llevaba adelante tareas de inteligencia fiscal”; la Unidad de Información Financiera (UIF), que “llevaba adelante tareas de inteligencia financiera; en “Migraciones, que hacía tareas de control de entradas y salidas del país; y en el Servicio Penitenciario Federal, que en coordinación con la AFI llevaba adelante las tareas de espionaje sobre los ‘presos K’ y sus abogados defensores”.

Nuevamente, el kirchnerismo denunció que la metodología detrás es la del “lawfare o guerra jurídica”, que consiste en “el ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos” o bien de “células paralelas” dentro del Estado.

A lo largo del reporte, Moreau destacó que en esa esta investigación se cuentan “los testimonios en primera persona, de los agentes de una de las principales células de espionaje ilegal, la que funcionaba en “La Cueva”, en la calle Pilar 1460, primer piso B, CABA”. El dictamen apunta que “el modus operandi era ablandar, es decir extorsionar moralmente – en su buen nombre y honor - a personas a través de publicaciones, fake news y testimonios armados para que luego declaren en contra de otras, era una de las tantas tareas de las células, coordinadas con ciertos enclaves en el Poder Judicial y sectores del periodismo. Otra de las estrategias era “la detención preventiva de familiares para negociar su libertad a través de confesiones bajo extorsión”.

“También hubo seguimiento, hostigamiento e instalación del pánico en la víctima”, se señala en el dictamen suscripto por los diputados Eduardo Valdés, Blanca Osuna, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, y los senadores nacionales Claudio Doñate, Gerardo Montenegro, Oscar Parrilli y Sergio Leavy

“La conclusión acerca de esta investigación es contundente: efectivamente, en el periodo 2015-2019, no solo se llevaron a cabo tareas de espionaje sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”, afirmó Moreau.

La propuesta de la “Comisión Parrilli”

En el marco de la presentación, Moreau insistió en la idea que había anticipado hace meses Oscar Parrilli, dirigente de suma confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El propio senador nacional avaló ayer el pedido de creación de una comisión que analice el comportamiento de los magistrados y dijo que sería complementario del informe presentado por el relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Diego García Sayán, que, a fines de 2019, denunció la existencia de un plan sistemático de amedrentamiento a magistrados durante el macrismo.

El informe apunta que “en el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores del Poder Judicial por lo que se recomienda a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral”.

Por lo tanto, se pide a ese organismo parlamentario que “de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.

En paralelo, la bancada oficialista adelantó que enviarán el dictamen no solo a la Justicia, sino también a organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional. “La víctima ha sido el Estado de Derecho, porque se arrasó con el principio de inocencia y con los derechos y garantías de los ciudadanos”, sintetizó.

La disidencia opositora

El diputado Cristian Ritondo (PRO) participó de la subcomisión que realizó la investigación, junto con su par Rodolfo Tailhade y el senador Martín Doñate. Sin embargo, el interbloque opositor no acompañó el dictamen del Frente de Todos en las conclusiones.

Para el bloque opositor, el Frente de Todos desencadenó una “persecución política” contra el gobierno anterior “a partir del direccionamiento interesado de esta investigación”. “Han desnaturalizado los fines con que la bicameral fue creada, transformándola en una usina de producción de prueba con efectos judiciales en sumarios en trámite ante el Poder Judicial de la Nación”, sostuvieron.

Al sintetizar los argumentos, consideraron que la comisión “se ha servido de declaraciones inválidas, ha torcido su razón de ser -que no es otra que la fiscalización-, ha violado el secreto impuesto por ley y ha desconocido elementales derechos y garantías constitucionales de toda persona sujeta a una investigación”, apuntó el escrito firmado por Ritondo, Sebastián García De Luca, José Cano y Pamela Verasay.

Los representantes de Juntos por el Cambio enfatizaron que la bicameral “no puede conducir investigaciones judiciales para pesquisar la posible comisión de delitos, a punto tal que, si de sus averiguaciones surgiese la posible comisión de delitos, tiene la obligación de hacer la denuncia penal”.

En ese marco, opinaron, “el proceder de la bicameral excedió las funciones para la cual ha sido creada por ley, dejando de actuar como un ente de fiscalización para convertirse en una unidad de investigación y producción de prueba al servicio de un Juzgado y una Fiscalía”, a cargo de Alejo Ramos Padilla y Guillermo Marijuan, respectivamente.

Según los firmantes, la comisión solo puede decidir “la apertura del sumario de investigación; la remisión de las actuaciones a la autoridad judicial competente; o la desestimación de la denuncia”, pero insistió que no tiene facultades para investigar delitos.

También se cuestionó la metodología. “No está claro en muchos casos si se trata de ‘testigos’ o de ‘personas imputadas’”, señalaron los dirigentes opositores, y que “al comenzar las diligencias no se les advierte a los declarantes sobre qué habrán de declarar ni los alcances de la investigación”. “Se conducían interrogatorios interminables que iban abordando los más variados temas pero que, de una forma u otra, terminaban centrándose en la gestión de la AFI durante el período 2015-2019 y sobre quienes habían sido sus conductores”, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, afirmaron en Juntos por el Cambio.

Por último, argumentaron que se violó el secreto: “Es por todos conocida la manera absurda en que registros sensibles de novedades cotidianas de la AFI, de carácter secreto, se introdujeron abiertamente en una de las causas judiciales de Lomas de Zamora, sea por impericia de la interventora de la AFI que las envió o de la fiscal actuante que las subió al sistema, y se hicieron públicas”.

Con información de www.infobae.com