Educación y salud: el quiebre del diálogo coloca dos temas socialmente sensibles en el medio de la más dura batalla política

POLÍTICA 21 de abril de 2021 Por Eduardo Aulicino*
El conflicto tiene impacto directo en la vida cotidiana de la gente. Expone capítulos judiciales contradictorios y poco sólidos. Todos miran a la Corte Suprema. Y en realidad, es un problema grave y esencialmente político a partir de una decisión presidencial
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Miles de padres hacen y deshacen las mochilas de sus hijos frente a la incertidumbre de las clases. El paso lo marca la Justicia, escala de una batalla provocada por la falta de consenso y que descoloca la explicación sencilla y cómoda que resume todo en el triunfo de los duros sobre los moderados. Hace rato que la centralidad del oficialismo expone a Alberto Fernández cerrado con el kirchnerismo duro. Pero la disputa de estas horas corrió de la escena al ala más confrontativa de Juntos por el Cambio y expone a Horacio Rodríguez Larreta como protagonista de la pulseada más dramática con el Presidente. El punto central no sería quién tiene razón en la Justicia sino quién debe hacerse cargo y rebobinar en dos temas especialmente sensibles: salud y educación.

Todas las señales de estas horas muestran reacciones contradictorias e incluso desconcertantes de distintos niveles de la Justicia, a la espera de que esta vez la Corte Suprema actúe a tono con la urgencia del problema social y no sólo político que se ha planteado en sus despachos. Expertos en Derecho sensatos y nada permeables a las presiones de la coyuntura creen que son por lo menos discutibles las decisiones judiciales conocidas hasta ahora, y también las posiciones que buscan poner en duda dos cuestiones: una de manual (el control de constitucionalidad difuso extendido a todos los escalones de la Justicia) y otro sobre el funcionamiento institucional (la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires).

En esa maraña de apenas un par de días, quedó la resolución a favor de la posición del gobierno porteño que expuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, es decir, la convalidación de hecho para mantener abiertas las escuelas. Ayer, un juez del fuero Contencioso Administrativo federal dispuso lo contrario, pero tampoco se hizo cargo y apuntó a la Corte. En sentido contrario, ante reclamos de intendentes de JxC, hubo rechazo de la justicia federal a pronunciarse sobre la suspensión de las clases presenciales, considerando que ese sería tema de la justicia provincial. En términos prácticos, la cuestión deberá ser resuelta en el último escalón de la Justicia.

El enredo podría tener desenlace judicial. Pero la cuestión previa es puramente política y exhibe el resultado del quiebre más profundo registrado en la relación de Gobierno y oposición desde la asunción de Alberto Fernández.

El DNU que dispuso la suspensión de las clases presenciales fue una medida reclamada especialmente por Axel Kicillof, con impulso o aval de Cristina Fernández de Kirchner. No parecía la salida incluso para varios funcionarios, no sólo para Nicolás Trotta y Carla Vizzotti, descolocados públicamente, sino por otros que, de mínima, lo desaconsejaban por razones tácticas. En otras palabras, creían por lo menos inadecuado el mensaje presidencial. Tal vez lamentaban que la “bandera” de la educación quedara en la otra vereda.

Ese cuadro previo habría sustentado la lectura de “éxito” que dejó trascender el Gobierno frente a la decisión del juez Esteban Furnari que desautorizaba la decisión judicial porteña a favor de las clases presenciales. Se consideró que eso aplacaba la imagen “triunfadora” de Rodríguez Larreta. Pero la idea de ganancias y pérdidas asoma como una mirada reducida y hasta negativa para la propia “estrategia” oficial. Y parece desconocer un dato sustancial: el impacto social de las clases. Y también, la prolongación en el tiempo, porque pocos consideran que esta medida presidencial pueda concluir a fin de mes. El propio discurso sobre la escalada de contagios anticipa restricciones prolongadas.

En otras palabras, se trata de un conflicto de extensiones que superan el cálculo más reducido a otro tipo de peleas políticas, más del día a día. Es sabido: las clases son un factor de organización de la sociedad y de la vida diaria. En sentido inverso, las “no clases” o la incertidumbre desorganizan, complican y, lo peor, castigan especialmente a las franjas sociales más empobrecidos.

Las nuevas cargas del Presidente y desde la provincia de Buenos Aires fueron respondidas sin demora por el jefe de Gobierno porteño, que contraatacó señalando los problemas en la provisión de vacunas. Más inesperada para algunos, incluso en el ala moderada de JxC, fue la decisión de sostenimiento de las clases presenciales difundido en la noche de ayer como respuesta a la decisión del juez referido.

No se trata en este caso de una cuestión lejana para la vida cotidiana del común de la gente como la postergación de las PASO. Esa idea, razonable, descolocó a los sectores duros de la oposición. Se anotó como éxito kirchnerista. Al revés, la suspensión de las clases presenciales emerge como un costo grave para el Gobierno.

Es llamativa la diferencia. En el caso del cronograma electoral, el Presidente avaló una movida que pone sobre la mesa la necesidad de mínimos acuerdos. Y en el caso de las clases, con consecuencias inmediatas complejas, quebró el diálogo, de manera profunda. Rompió una sostenida línea de conversaciones, en muchos tramos difíciles, para asegurar el consenso frente a la pandemia. Todos miran a la Corte. Pero el problema, grave, es antes que nada político.

* Para www.infobae.com

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