Con la ayuda del compañero Biden y el “no positivo” al aumento de tarifas, el plan electoral avanza

El Presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar un ambicioso proyecto de inversión en infraestructura -de empleo en realidad-, como complemento de la expansión del gasto ya realizada tanto por el ex presidente Donald Trump durante el 2020, como por el propio Joe Biden a principios de este año, instrumentada como respuesta a los efectos de la pandemia sobre la actividad y el empleo. Incremento del gasto que se suma a la expansión monetaria y la tasa cero, decidida ya en los albores de la pandemia por la Reserva Federal.

En otras palabras, tanto Trump durante el año pasado como Biden este año recurrieron y recurren a un aumento inédito en tiempos modernos del gasto público financiado con endeudamiento, en el caso de Trump, y con deuda y propuesta de aumento de impuestos en el caso de Biden, mientras la Reserva Federal se dedicó a “aceitar” con la liquidez necesaria a la economía, comprando bonos del Tesoro en el mercado, de manera de sostener la tasa de interés de corto plazo en valores mínimos -negativos en términos reales- y aceptando una suba moderada y supuestamente transitoria de la tasa de inflación.

Ignoro si el presidente Biden se siente peronista, pero lo cierto es que esta política, como la de Trump y en particular la acción de la Reserva Federal, ha generado un debilitamiento del precio del dólar y, por lo tanto, un boom en el precio de los activos financieros, de los commodities en general y de nuestros productos de exportación en particular (influidos también por cuestiones climáticas y el rebote de la demanda) que no se veía desde el ciclo de liquidez posterior a la crisis del 2008. En ese sentido, podría decirse que, como les comenté la semana pasada, el compañero Biden y sobre todo mi gran amigo Jay (Powell, presidente de la Reserva Federal), le han hecho un gran favor de corto plazo a la Argentina, al permitirle a la economía aumentar el valor de la cosecha en unos 10.000 millones de dólares y al gobierno recaudar mucho más en impuestos vinculados a dicha cosecha.

Sin embargo, quiero subrayar el tema del “corto plazo” porque, como advirtió la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la compañera Janet Yellen, si la economía norteamericana muestra signos de aumento de la inflación, más allá de lo previsto, por presión de tanto déficit fiscal en una economía que ya estaba creciendo “sin ayuda” por la salida de los confinamientos gracias a la vacunación, “habrá que subir las tasas de interés”. En otras palabras, existe alguna probabilidad, por ahora menor, de que este ventarrón de cola que recibe el escenario electoral de medio término, pueda convertirse en viento de frente, justo para el período electoral más importante (el del 2022-2023). Pero, obviamente, al oficialismo sólo le interesa la elección inmediata, después se verá.

Y eso me lleva al otro tema de la semana, el voto “no positivo” de la Vicepresidenta de la Nación al aumento de tarifas previsto en el presupuesto, posición confirmada ahora (después del discurso de diciembre) con la resistencia del subsecretario de Energía a abandonar su cargo.

Justo es reconocer que el problema de los precios de los servicios públicos en la Argentina, en particular los vinculados a la energía, se arrastra desde la ruptura de la convertibilidad y la consecuente explosión del tipo de cambio. Aguas arriba de la provisión del servicio eléctrico y de gas está la inversión en exploración y producción de petróleo y gas. Inversión que debe ser remunerada con referencia en los precios internacionales. El costo de oportunidad de los productores. Por lo tanto, ya desde el 2002, había que rearmar toda la cadena de precios del sector, para que tanto la producción de hidrocarburos, la generación, el transporte y la distribución de energía, tuvieran el retorno adecuado a una operación eficiente y los incentivos para aumentar producción, cobertura, y calidad del servicio.

Este rearmado, en serio y en profundidad, nunca se hizo. Al típico estilo argentino, se fue emparchando y renegociando constantemente, con esquemas precarios, discrecionales y parcializados, y con señales confusas para toda la cadena.

Respecto de los precios finales que paga el consumidor, lo que se decidió, en su momento, fue compensar con gasto público, subsidios, los costos de generación de energía, para que las distribuidoras compraran la electricidad más barata, y trasladaran ese “descuento” a los consumidores.

Nunca me canso de citar a uno de los grandes maestros del management, Peter Senge: “La solución de ayer es el problema de hoy”.

Los precios del petróleo y gas en el mundo aumentaron, al ritmo de los ciclos de commodities ya mencionados, y todo el esquema de precios se siguió distorsionando, mientras los subsidios al precio de generación aumentaron, al punto de convertirse en uno de los rubros más importantes del gasto público. Al mismo tiempo, se inventaron mecanismos para separar los precios internos del petróleo y el gas de los internacionales. Obviamente, el resultado fue menos inversión, menor producción y la necesidad de importar la diferencia entre la oferta y la demanda. Se logró el “milagro” argentino. Un problema de gasto público en pesos, y un problema de importaciones en dólares.

Estas distorsiones de precios relativos alteraron no sólo la oferta, sino también la demanda, alentando el sobreconsumo y la falta de ahorro de energía. El gobierno anterior, intentó revertir este esquema, pero lo logró parcialmente, primero porque fue bloqueado por la anterior Corte peronista. ¿O es la misma Corte macrista actual?, y después por su propio plan electoral que congeló tarifas.

Lo cierto es que con ese congelamiento preelectoral del gobierno anterior y con el del primer año del gobierno actual, el problema se agravó, al punto que a varias distribuidoras no les alcanza para pagar, con su recaudación propia, los precios de compra subsidiados actuales de la generación de energía, de manera que, para sumar otro problema, acumulan deudas con CAMMESA, la empresa que compra la energía a las generadoras y las vende a las distribuidoras.

Por si esto fuera poco, como el precio final -el que cobran las distribuidoras- lo regula el Estado Nacional sólo para el famoso AMBA, mientras que, en cada provincia, la regulación es propia, se da el caso de que consumidores en Santa Fe o Córdoba, por citar dos ejemplos, pagan por el mismo consumo el doble o el triple que lo que se paga en la Capital, mientras que con sus impuestos y con la inflación, financian también el subsidio al AMBA. Y encima dentro del AMBA, ciudadanos que no reciben la electricidad o el gas natural, subsidian con impuestos e inflación a consumidores de mayor poder adquisitivo. Y consumidores del interior de la Provincia de Buenos Aires, no abastecidos por Edenor y Edesur, pagan la electricidad más cara que lo cuesta en el Conurbano. Es decir, se subsidia el costo de generación de electricidad para todos y todas en todo el país, pero después cada gobernador determina el precio final para sus ciudadanos y sólo en el área de Edenor y Edesur, el gobierno nacional mantiene retrasados los precios de distribución.

Como se ve, todo el sector, incluyendo desde la exploración y producción de hidrocarburos y energías renovables hasta la distribución, pasando por el trasporte de dicha energía, requiere una revisión integral en serio que lleva casi 20 años postergada.

Pero claro, estamos en tiempos electorales y en pandemia con pocas vacunas, no es momento de andar haciendo cosas raras. Tampoco era momento para andar presupuestando y votando en el Congreso aumentos de tarifas “molestos” y un programa fiscal relativamente “racional”. Es tiempo de gastar sin criterio, acumular deuda insostenible en pesos, tanto del Tesoro como del Banco Central, postergar cualquier arreglo “tranquilizador” con el FMI y pedirle ayuda al Papa. Claro que el riesgo macro y de votos de que sea peor el remedio que la enfermedad no es menor.

Por lo expuesto, como bien dijo el Ministro de Economía el viernes delante del Presidente de la Nación, el actual sistema de subsidios es regresivo. Y yo le agrego, es regionalmente discriminatorio, desalienta la inversión, incrementa importaciones sin sentido, alienta el derroche y atenta contra el medio ambiente.

Pero no se preocupen, en cuánto el área de energía pase a la órbita del Ministro Guzmán, todo se arregla.

Fuente: Infobae