La economía electoral: se despertó el dólar, la inflación sigue firme y se vienen las paritarias

La duda ya no es si la inflación del 2021 superará la estipulada en el Presupuesto, en 29%. Tampoco si será parecida al 36,1% registrada el año pasado. En realidad, lo que ahora se está jugando es si superará el 53,8% registrado en el último año del gobierno de Mauricio Macri, en 2019. Algunos informes privados, como el elaborado por la sociedad de Bolsa TPCG, de fuerte llegada a inversores extranjeros, sugiere que este año la inflación podría cerrar el año en 57%. Otros consideran que se ubicará “cómodamente” por arriba del 50%. En todos los casos las revisiones son alcistas.

La sociedad, sin embargo, parece mucho más acostumbrada que en el pasado a estos valores. Como menciona el ex titular del BCRA, Federico Sturzenegger, la tolerancia social a la inflación ha aumentado en forma considerable. Posiblemente tantos años en niveles muy altos están detrás de este fenómeno. Resulta asombroso que en diez años la economía argentina pasó de una velocidad “crucero” de inflación en torno al 25% a manejarse en un entorno más cercano al 50%, exactamente el doble.

La elevadísima y persistente inflación de la Argentina tiene efectos colaterales. Destruye el poder adquisitivo de los salarios y sumerge cada vez a más gente en la pobreza, ya que las familias no llegan a superar el piso de la canasta básica, hoy en torno a los $ 62.000 mensuales. Pero al mismo tiempo el Gobierno consigue una fuente de ingresos excepcional ante la aplicación del “impuesto inflacionario”, que ayuda aunque sea parcialmente a achicar el déficit fiscal.

Martín Guzmán prometió que el 4,8% de marzo sería el nivel más alto del año. Y si bien ya se registran dos bajas consecutivas, el descenso viene lento. En abril fue 4,1% y en mayo se habría ubicado entre 3,5% y 3,8%. En los primeros cinco meses del año el acumulado ya estará cerca del 22%.

El Gobierno ve conspiraciones por todos lados. Le echa la culpa a la carne, a los empresarios “inescrupulosos”, a los monopolios o a quien encuentre primero de chivo expiatorio. Los funcionarios no entienden cómo a pesar de que el dólar está aumentando mucho menos que el promedio de los precios (el oficial sólo 1,2% este mes) y las tarifas están prácticamente congeladas, igual las remarcaciones continúan a todo ritmo. Pero no es solo la carne. La indumentaria y los materiales para la construcción subieron más de 70% en los últimos 12 meses.

Ni el ministro de Economía ni Alberto Fernández consideran (al menos públicamente) que la emisión monetaria producto del déficit fiscal esté directamente relacionada con el fenómeno inflacionario. El Presidente incluso ponderó el rojo de las cuentas públicas como una respuesta ante la pandemia, como ha ocurrido en casi todos los países. Claro que esas economías tienen acceso al financiamiento de los mercados para enfrentar la crisis y además en la mayoría de los casos se trata de déficits transitorios. La Argentina llegó a la pandemia en recesión y en el medio tuvo que atravesar una negociación para salir del default.

Los intentos por tapar la inflación bajo la alfombra están destinados al fracaso. Las consecuencias del déficit fiscal aparecen rápidamente. El Banco Central le giró $ 50.000 millones al Tesoro para cubrir el bache el 21 de mayo y ya acumula una emisión de $ 240.000 millones en 2021. La cifra aumentará fuertemente en los próximos meses: cada vez se emitirán más pesos que nadie quiere, retroalimentando el fenómeno inflacionario. Así y todo la emisión del año viene mucho más moderada que la del 2020, en medio de la gran ayuda estatal ante el cierre de la economía. Según un informe de la compañía bursátil “1816”, la ayuda financiera del Central al Tesoro acumula un 0,6% del PBI en el año, contra casi 4% del 2020.

Tasa, precios, salarios

La respuesta natural sería aumentar la tasa de interés para incentivar las inversiones en moneda local y frenar la dolarización. Pero el Gobierno se resiste, porque acentuaría el frenazo económico, para colmo en el medio de nuevas restricciones ante la ola de contagios del COVID-19.

Las remarcaciones de precios y la suba de los alimentos ya superaron todos los pronósticos y las paritarias firmadas hace dos meses o incluso meses ya quedaron antiguas. La gran mayoría de los sindicatos firmó aumentos del 29% al 35% anual en cómodas cuotas. Pero en todos los casos hay cláusulas de revisión. Los bancarios, por ejemplo, fueron los primeros en firmar su acuerdo con aumento del 29%, pero en la segunda quincena de septiembre se sentarán a revisar la evolución de los salarios en relación a la inflación.

El propio Gobierno apoyará los reclamos sindicales de reapertura de las paritarias. El 2021 será otro año en el que los salarios volverán a perder contra la inflación. Pero sería políticamente suicida llegar a las elecciones de noviembre con una caída del poder adquisitivo de otros 10 puntos. También habrá recomposiciones para las millones de personas que cobran planes sociales. No sólo ajustes trimestrales dispuestos por ley, sino nuevos bonos excepcionales como los $ 15.000 otorgados el mes pasado.

Mayo terminó como un mes récord para el Banco Central, que compró arriba de USD 2.000 millones. Pero no resulta menos paradójico que en el mismo mes el dólar financiero haya subido 6%, saliendo de la modorra de los últimos meses. El “contado con liquidación” volvió a niveles de $ 165 y el dólar libre subió los tres días de la última semana corta hasta $ 157.

El dólar se puso picante cuando faltan varios meses para las elecciones. Un mal síntoma, porque se adelanta mucho el período de turbulencia financiera y cambiaria. Este salto de la divisa hace suponer que el titular del BCRA, Miguel Pesce, deberá volver a intervenir con venta de bonos dolarizados para que no se escape más el “contado con liqui”. No es gratis, porque al final del día termina perdiendo reservas, que le cuesta mucho trabajo acumular.

El Gobierno se puede dar el “lujo” de llegar con una inflación superior al 50% anual a las elecciones, pero ya resultaría mucho más complicado que se vote en medio de un nuevo descontrol cambiario. Por eso, toda la “artillería” estará puesta en evitar que se amplíe la brecha cambiaria entre el oficial y el libre como ha sucedido en estos últimos días.

El alto nivel de desconfianza que provoca el Gobierno entre los inversores provocará que la Argentina deje pasar otra gran oportunidad. Prácticamente no quedará nada de los altos precios de las materias primas de la Argentina. Al final del 2021, se estima que el Banco Central con toda la furia acumulará reservas por apenas USD 1.500 y USD 2.000 millones. Todo esto a pesar de los USD 8.000 millones adicionales que dejará la soja y de los USD 4.300 millones que transferirá el Fondo Monetario como parte de la capitalización que planea para todos los países miembro.

La inflación, las paritarias o incluso el recalentamiento del dólar lucen, sin embargo, como cuestiones anecdóticas al lado de las señales que eligió dar el Gobierno en materia geopolítica. La Argentina va en un camino acelerado a estar cada vez más aislado del mundo occidental y ya no hay siquiera intención de disimularlo.

Esta semana hubo nada menos que tres señales contundentes: la decisión de retirarse de la demanda ante la ONU por violación de derechos humanos en Venezuela, la decisión de apoyar junto a Rusia, China y varios países africanos una investigación contra Israel por supuestos “crímenes de guerra” en los bombardeos a Gaza fueron dos casos claros.

Pero a esto se sumó el insólito viaje de la ministra de Salud para negociar la llegada de la vacuna cubana “Soberana” (aún en fase de prueba) a la Argentina para combatir el COVID-19. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, se apoderó ya de manera contundente de la política exterior argentina, en un contundente giro de 180 grados respecto a la dirección que había asumido el gobierno de Mauricio Macri.

Ahora Alberto Fernández deberá demostrar hasta dónde quiere tirar de la cuerda: ¿estará dispuesto a que la Argentina enfrente un nuevo default, esta vez con organismos internacionales? Con el Club de París viene ahora una prórroga de 60 días para determinar qué pasa con la deuda de USD 2.400 millones que vence mañana. Y se viene una dura batalla con el FMI que coincide con las elecciones. Entre septiembre y diciembre habrá que pagar más de USD 4.000 millones que habría que pagar ante la decisión de dilatar un acuerdo. Un eventua e inédito incumplimiento con el Fondo implicaría un nuevo y durísimo golpe a la poca credibilidad que le queda a la Argentina entre los inversores.

Fuente: Infobae