La vida que queremos: pan para hoy y hambre para mañana

“Vos sabes que frenamos la suba de tarifas de servicios públicos”, reza uno de los avisos del Gobierno con los que intenta resaltar los logros de la primera mitad de su gestión. Debe ser parte de la campaña para conseguir votos en Palermo y Barrio Norte, los barrios que quizás sean los más beneficiados por los subsidios energéticos. O para la tropa propia, la de Puerto Madero. Porque el resto del país se perjudica con esta medida.

“Los subsidios energéticos son pro-ricos en un país con un 57% de pobreza infantil. Estamos gastando subsidios de luz y de gas en un sector que no es prioritario, en barrios donde vive gente de altos ingresos.” Estas frases no son mías, sino del ministro de Economía, Martín Guzmán.

De acuerdo con un estudio muy minucioso de investigadores del Cedlas, dependiente de la Universidad de La Plata –el alma máter de Guzmán–, en el segundo trimestre de 2016 el 20% de abajo en la distribución del ingreso recibió un 14,4% del total de los subsidios residenciales a la electricidad, mientras que el 20% superior se apropió del 26,1% de los mismos. En el gas, la distribución de los subsidios fue más desigual aún, con 9,7% para el 20% más pobre y 31,7% para el 20% más rico. En ese momento, los consumidores pagaban el 29,1% del costo de la electricidad y el 30,9% del costo del gas. Para el segundo trimestre de 2019, luego de las fuertes subas de tarifas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, cubrían el 79% y el 83% del costo, respectivamente.

A fines de 2021 las tarifas volverán a cubrir un porcentaje del costo no tan lejano al de 2016, sin contar el nuevo subsidio adicional que reciben a partir de este año las denominadas “zonas frías.” Es decir, se está tirando todo el ajuste de tarifas del gobierno de Macri por la ventana.

La diferencia entre costos energéticos y lo que cubren las tarifas la terminan pagando todos los contribuyentes. Casi simultáneamente con la difusión del mencionado spot publicitario, el Gobierno firmó un decreto aumentando el gasto público del 2021 en $708.505 millones, equivalentes a un 1,7% del PBI. El decreto tiene beneficios para todos y todas, e incluye $90.000 millones para Cammesa, la empresa que maneja el mercado mayorista de electricidad. Este monto se suma a los $352.668 millones de subsidios energéticos gastados en el primer semestre, más del doble de los erogados en el primer semestre de 2020.

Como el Gobierno no puede emitir deuda para cubrir este agujero fiscal, dado que a medida que nos acercamos a las elecciones le cuesta hasta renovar la deuda que vence, recurre al financiamiento del Banco Central (BCRA). Este se disparó en las últimas semanas, justamente a medida que bajaron las temperaturas en el país. Desde el 25 de junio el BCRA emitió $430.000 millones para financiar al Gobierno, más del 1% del PBI, de los cuales casi el 40% fue en los primeros días de agosto. Tarde o temprano, todos esos pesos en la calle llevarán a una mayor inflación. Es decir, como en las propagandas de remedios, la publicidad oficial debería aclarar las contraindicaciones, algo así como: “Los subsidios a las tarifas se pagan con más inflación futura, la cual afecta a los segmentos más pobres de la población.”

Las encuestas no le deben estar dando tan bien al Gobierno. De otra manera no se entendería la seguidilla de anuncios de programas de subsidios o ayuda directa que viene haciendo desde hace varias semanas. Estos incluyen los $5000 para los jubilados en agosto (con un costo de $23.885 millones), el programa de subsidio al gas en zonas frías (cuesta $12.000 millones), y la extensión del programa Ahora 12, entre otros.

El último anuncio es un programa de créditos de hasta $150.000 para monotributistas, con seis meses de gracia y a devolver en 12 cuotas sin interés. Un verdadero regalo. Comparando con la tasa que cobran las tarjetas de crédito, de casi 96% anual para un crédito a 18 meses, el Estado, o mejor dicho los contribuyentes, les regalarán a los beneficiarios la mitad del crédito, según mis cálculos. Si 1,66 millones de monotributistas aprovecharan este donativo, el costo fiscal en 2022 sería de $100.000 millones, o casi un 0,2% del PBI del año que viene. Los técnicos del FMI deben estar tomando nota.

Lo paradójico, o no, es que estas ayudas monetarias y crediticias terminarán debilitando más aún al modelo económico de Alberto Fernández, ya que se destinan en parte a comprar bienes importados o bienes ensamblados en la Argentina, pero con gran parte de componentes importados. En el primer semestre del año las importaciones de bienes intermedios (insumos en el proceso productivo de, por ejemplo, automóviles y electrodomésticos) crecieron un 32% en comparación con el primer semestre de 2019. Comparo contra 2019 para evitar el impacto de la pandemia. La importación de bienes de consumo se expandió un 7% contra ese mismo período, a pesar de la fuerte caída de la economía desde entonces y de las fuertes restricciones a las importaciones.

La importación de energía también se está acelerando, como consecuencia de la “exitosa” política energética. Estas tendencias se van a acelerar a medida que los pesos de los programas electorales lleguen a los bolsillos de los votantes, digo... de los ciudadanos.

No extraña entonces que las reservas internacionales ya estén cayendo, y a una velocidad acelerada. Desde el 23 de julio hasta el 11 de agosto bajaron en US$1156 millones, es decir, casi un tercio de lo que el BCRA había acumulado desde el 1° de enero hasta el 23 de julio. Las exportaciones de cereales y oleaginosas fueron de enero a julio de 2021 de la misma magnitud que en todo 2020, de US$20.200 millones, pero el Banco Central solo sumó US$2542 millones hasta el miércoles último.

La sangría va a continuar hasta las elecciones. Solo será interrumpida el 23 de agosto, cuando entrarán los US$4300 millones de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que repartió el FMI, con la venia del gobierno de Joe Biden. “Te salvan los Estados (Unidos), no el mercado” cabe decirle al Gobierno. Sin la suba del precio de la soja –impulsada en gran parte por la política fiscal y monetaria de Estados Unidos– y los DEG, habría tenido que devaluar hace varios meses.

El objetivo es que no se noten todos estos desequilibrios hasta las elecciones. Porque, mientras se acumulan los desbalances, la economía comienza a mostrar los primeros brotes verdes. Luego de estar estancada durante los primeros cinco meses del año, la actividad se habría expandido un 2,4% en junio contra mayo, según datos de Orlando Ferreres y Asociados. En julio habría vuelto a crecer. Esto ya empieza a notarse algo en el ánimo de los consumidores. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella aumentó en julio un 9,3% con respecto a junio, aunque continúa en niveles muy bajos todavía.

A menos que la variante Delta revierta la reapertura de la economía, la suba de la temperatura a medida que entremos en la primavera, la expansión de la campaña de vacunación y el estímulo fiscal a la economía deberían seguir mejorando algo los ánimos. Así, los votantes estarían experimentando un poco de “la vida que queremos”, como dice el primer spot de campana del Frente de Todos.

Por supuesto que todo esto es pan para hoy y hambre para mañana. Muchas empresas y profesionales ven un poco más allá de noviembre y están votando con los pies. Nos enfrentamos a noticias casi diarias de empresas de todo tipo y sector que cierran sus persianas y se van a buscar la vida que quieren a otros países. La promesa de la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, de aumentar más los impuestos a las grandes empresas, no debe ser muy alentadora. Menos aún que el único que le responde con fuerza desde la oposición sea quien va segundo en las encuestas para las PASO de la ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy.

Después de las elecciones y acabados los eslóganes de campaña, regirá la gran máxima peronista de que la única verdad es la realidad. Sin reservas internacionales ni confianza, la única salida que tendrá el país para generar divisas, más allá de lo que pida el FMI, será contar con un tipo de cambio oficial lo suficientemente competitivo como para generar un superávit comercial elevado y que permita desarmar gran parte de las kafkianas restricciones cambiarias que rigen hoy. ¿Se animará el Gobierno a devaluar el peso? ¿Podrá soportar el impacto social de una devaluación? Incógnitas que solo pueden despejar desde el Instituto Patria, donde sí viven la buena vida.

* Para La Nación