Las transferencias nominales de dinero no mejoran los ingresos reales

Empiezo con una versión de “semi salón” de un cuentito que utilizaba un ex ministro de Economía de un país de la región para ejemplificar la cuestión del ajuste inflacionario.

Se trata de un sádico que le ofrece a un señor 10.000 dólares para que le permita pegarle. El señor acepta, pero justo antes de que se produzca el hecho, comienza a tener dudas y pregunta:

- ¿Me vas a pegar muy fuerte?

-No, tranquilo, pego, pero suave, no te preocupes.

- ¿Y hasta cuándo me vas a pegar?, repregunta angustiado

-Y…hasta que me devuelvas los 10.000 dólares- es la respuesta.

Los gobiernos, los empresarios, los sindicalistas, negocian en torno a valores nominales, pero luego viene la sádica realidad de la economía y pega hasta que las variables reales vuelven a su verdadero nivel.

Como vengo contando reiteradamente, Argentina se embarcó hace rato en un esquema de incremento nominal del gasto público, hasta montos infinanciables por la vía de la recaudación impositiva o del endeudamiento. Esto ha hecho que, agotados los ahorros, salvo una mejora transitoria de los ingresos públicos derivada, por ejemplo, de un aumento de los precios de los commodities exportables (y por lo tanto de la recaudación de los impuestos ligados a dichas exportaciones), las cuentas solo “cierren”, con un salto devaluatorio inflacionario, que devuelve al gasto, medido en dólares, a valores más sostenibles.

Pero el problema de este tipo de ajuste es que no sólo tiene obvias consecuencias de corto plazo, sino que, al destruir el bien público económico principal, el valor de la moneda, afecta el crecimiento y la distribución del ingreso de largo plazo.

Argentina mide la pobreza y la indigencia en base a los ingresos de la población. Se valoriza una canasta de consumo mínima que alguien debe poder comprar para no ser indigente o para no ser pobre, dependiendo del contenido de dicha canasta. Si con el ingreso que reciben esas familias no pueden comprar dichas canastas, los integrantes de esa familia son considerados pobres o indigentes, según el caso.

Claramente esta dimensión ingreso, para medir la pobreza, no toma en cuenta otros factores estructurales que hoy, entrados en la tercera década del siglo XXI, también resultan fundamentales para la calidad de vida. Tener servicios de agua potable y cloacas, las condiciones de la vivienda, el acceso a la educación o a los servicios de salud, etc. son algunas de las otras dimensiones de la pobreza que habría que tener en cuenta.

Paradójicamente, la explosión de gasto público de los últimos 20 años no mejoró, o mejoró muy marginalmente, las condiciones estructurales de pobreza arriba mencionadas. El gasto se concentró en varias formas de transferencias de dinero, para incrementar el ingreso nominal de ciertos sectores de la población. Otra vez, como esas transferencias, una vez agotadas las diversas “cajas” disponibles, se tornaron incompatibles con la producción de riqueza y la competitividad de la economía argentina, la realidad se encargo de pegar hasta volver las variables nominales a su valor real menor.

Lejos de crear las condiciones para que los ingresos de los sectores de menores recursos aumentaran por su mayor contribución a la creación de riqueza, las políticas públicas fueron acotando la posibilidad de progreso y ascenso social de estos sectores. Sin educación de calidad, sin capacitación, sin buenos servicios en general, sin infraestructura, cada vez mayor cantidad de población se encuentra marginada del proceso productivo y condenada a la pobreza.

La crisis de la deuda de 2018, sumada a la caída de ingresos por la sequía forzó un nuevo ajuste devaluatorio inflacionario. Ajuste continuado en los últimos meses del 2019, con la crisis política post PASO de ese año. Sobre ese ajuste, surgió uno nuevo, derivado del desmanejo macro del 2020-2021, justificado o no por la pandemia y los confinamientos. De hecho, los confinamientos completaron la “doble Nelson” a la pobreza (jóvenes a googlear). Por un lado, el salto devaluatorio inflacionario que hizo caer en términos reales las transferencias de dinero desde el sector público y por el otro, los confinamientos que impidieron la presencialidad de trabajadores y trabajadoras informales, reduciendo sus ingresos no provenientes del sector público a un valor cercano a cero.

El Gobierno, en estos días, estará poniendo platita en el bolsillo de la gente con diversos instrumentos. Pero, como detrás de la mayoría de ese dinero está el descontrol monetario, después de las elecciones, el ajuste devaluatorio inflacionario empezará a pegar, hasta que esa platita sea devuelta. Ajuste que, además, deberá contemplar que gran parte de la deuda nueva que coloca el Tesoro es “no licuable” en pesos, por ser indexada y otra parte, tampoco es licuable en dólares, por estar atada a la variación del tipo de cambio o estar denominada directamente en moneda extranjera.

Es posible que, con la vuelta a la normalidad post pandémica, el ingreso de los sectores más pobres que trabajan en la informalidad mejore y que, por lo tanto, el índice de pobreza, como lo mide el INDEC, se reduzca algo. Pero lo que hay que entender es que la pobreza es un resultado real, que no se arregla con aumentos nominarles de subsidios o transferencias. Son las reglas de juego en sentido amplio las que le dan el marco a una economía que genera poca riqueza. Una economía con la estructura actual de la economía argentina nos ha vuelto a todos más pobres, y a los pobres más pobres todavía. Insistir por este camino termina siempre en la sádica respuesta de la realidad que nos pega y nos pega.

Fuente: Infobae