La transición en Sudán, en la cuerda floja ante la amenaza de los militares

Miles de sudaneses se han movilizado este jueves en las calles de la capital, Jartum, y de otras ciudades del país en una nueva demostración de fuerza por parte de los partidarios de una transición hacia un Gobierno civil y democrático. Las manifestaciones se han producido cuando la tensión y el recelo entre los líderes civiles y militares encargados de dirigir a Sudán en su difícil camino hacia la democracia se han disparado en las últimas semanas a raíz de un intento de golpe de Estado abortado a finales de septiembre que ha degenerado en la crisis más peligrosa que afronta el país desde el inicio de la transición. Los reproches entre unos y otros, y las maquinaciones de una parte de las filas castrenses, han generado fracturas entre grupos civiles y han agravado la polarización social.

Una frágil unión de conveniencia entre el Ejército y una alianza de grupos políticos civiles ha gobernado Sudán desde poco después de la caída del dictador Omar Al Bashir en 2019, tras meses de grandes movilizaciones populares. Durante dos años, la parte civil ha evitado el conflicto abierto con los militares pese a su constante fricción, un equilibrio complejo cuyos límites e insostenibilidad dejó al desnudo el fallido golpe de Estado.

Desde entonces, la pugna ha quedado al descubierto y ambas partes han intercambiado afiladas acusaciones. Los líderes uniformados acusan a los civiles de ser incapaces de gestionar un país tan complejo como Sudán, les recriminan pelearse por cargos políticos y descuidar las necesidades del pueblo, y han exigido la disolución del Gobierno.

Miembros civiles del Ejecutivo, por su parte, han sugerido que el Ejército quiere hacerse con el poder, y han aprovechado el intento de golpe de Estado para reiterar la necesidad de realizar una reforma profunda de las instituciones de seguridad y militares y de someterlas al control civil, considerados dos de los pasos más trascendentales de la transición. Asimismo, reprochan a los militares su reticencia a ceder el mando del Consejo Soberano, que actúa como jefatura de Estado, y su política de obstrucción en cuestiones clave como depurar las instituciones del país, constituir un Parlamento de transición e investigar crímenes de las fuerzas de seguridad.

Además, algunos líderes civiles acusan a uniformados y simpatizantes del régimen de Al Bashir de estar fomentando la inestabilidad para crear una profecía autocumplida. En este sentido, manifestantes tribales han bloqueado desde mitad de septiembre la actividad en la zona portuaria de Puerto Sudán, en el Este, provocando escasez de productos básicos y agravando la crisis económica del país, algo de lo que el ejército se desmarca.

Los civiles les critican igualmente por sembrar la discordia entre sus filas con el fin de debilitarlos. Así, las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, una alianza civil que encabezó las protestas contra Al Bashir, ha visto como una facción escindida próxima a los militares ha pedido la disolución del Gobierno y ha formado una alianza propia, que podría ser utilizada por el Ejército como vía para hacerse con todo el poder bajo una cobertura civil.

En paralelo, desde el pasado sábado cientos de personas han acampado en Jartum para pedir a los militares que asuman abiertamente el poder, en una protesta envuelta en sospecha por las imágenes que circularon en las redes y que capturaban el reparto de comida y dinero entre asistentes, así como la presencia de niños. En este contexto, Facebook anunció el 11 de octubre el cierre de una red de páginas no auténticas vinculada a las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar, que intentaba manipular la opinión pública.

“Un golpe del Ejército puede adoptar varias formas”, apunta Kholood Khair, directora de Insight Strategy Partners, un centro de investigación en Jartum. “Pueden intentar tomar el poder directamente, lo que no creo que les funcione y creo que lo saben; pueden intentar colocar a alguien de primer ministro; o pueden dejar fluir las cosas, asegurándose de que los islamistas están bien armados y pueden recurrir a la violencia, y luego esperar a que las cosas estallen y usar el pretexto de la paz y la seguridad para tomar el poder”, agrega.

Las fuerzas revolucionarias y los partidarios de un Gobierno civil y democrático, por su parte, no se han quedado atrás y han vuelto a demostrar este jueves que cuentan con una gran capacidad de movilización y que sus aspiraciones siguen siendo las más populares, tal y como señalan también las encuestas. A finales de septiembre miles de personas se manifestaron en el país para mostrar su apoyo a los civiles y a la transición.

En las imágenes que han circulado en las redes sociales se han podido observar riadas de personas en las calles de distintas ciudades, portando la bandera nacional y pancartas, y una presencia muy significativa de mujeres, ausentes en las protestas del reducido sector promilitar.

Las movilizaciones están siendo pacíficas, pero se ha registrado al menos un incidente violento en las inmediaciones del Parlamento en la ciudad de Omdurmán cuando las fuerzas de seguridad han atacado a manifestantes, según ha denunciado en un comunicado la Asociación de Profesionales Sudaneses, uno de los mayores grupos civiles del país.

La comunidad internacional condenó en bloque el intento de golpe y países como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han enviado representantes al país para expresar su apoyo al Gobierno civil. La misión de la ONU en el país, la UNITAMS, también se ha mostrado muy activa.

En un intento de rebajar la tensión, el primer ministro Abdalá Hamdok se dirigió a la nación el pasado viernes en un discurso en el que se lamentó de que, en lugar de convertirse en una oportunidad, el intento de golpe de Estado hubiera precipitado luchas internas. Hamdok también aprovechó para presentar una hoja de ruta para acabar con la crisis, y tras una reunión de emergencia del Gobierno celebrada el pasado lunes, el dirigente anunció la formación de un comité de siete miembros, liderado por él mismo, para buscar soluciones.

Fuente: El País