La inseguridad en Santa Fe es una deuda que Perotti no puede saldar

La marcha que se celebró anoche en Rosario, por el estremecedor asesinato del arquitecto Joaquín Pérez en el barrio de Arroyito, se inscribe entre esos hitos masivos de los que ninguna gestión sale igual que al entrar. Le pasó a Néstor Kirchner cuando en 2005 una repleta Plaza del Congreso se expresó de manera rotunda tras el emergente del secuestro de Axel Blumberg. También en Rosario a Miguel Lifschitz con Rosario Sangra en 2016 donde la concentración cubrió cada baldosa y cantero de la plaza San Martín frente a la Gobernación. Hoy la prueba la afronta Omar Perotti quien entró a la provincia hace dos años embanderado contra la inseguridad como consigna más sonora.

 
Entre las multitudinarias marchas de Rosario Sangra y la que se organizó ayer por el asesinato de Joaquín pasaron cinco años. Lo que se advierte en Santa Fe es que las fuerzas institucionales que conforman los gobiernos no produjeron desde entonces modificaciones sustanciales entre aquel pasado y este presente. Las recetas se repiten en los momentos de agobio con pedidos de fuerzas federales que no pueden sino ofrecer muy modestos resultados o desplazamientos esporádicos para saturar zonas. Eso no es solo por omisiones, negligencia o impericia del Estado. El Estado tiene limitada eficacia para atemperar los peligros de una sociedad malograda por las transformaciones de su estructura social. Una sociedad en la que las formas de criminalidad violenta crecieron de manera exponencial pero en la que también se multiplicaron a velocidad inconcebible las desigualdades.

 

Pero aún así la institucionalidad santafesina fue incapaz de hacer frente a los dramáticos desafíos de una seguridad pública en crisis que origina demandas fundamentales de la ciudadanía. Fue incapaz de otorgarse esa módica grandeza. El politólogo Guillermo O'Donnell hablaba de la representación como responsabilidad. De la obligación que tienen los apoderados de dar respuesta. El fuerte residuo que deja esa ausencia es que produce a todos lados una forma de descontento que, triste es decirlo, hace sentir sus efectos tarde o temprano. Como pasó en 2001.

 
Señaladas estas cosas vuelve a ser ponderable situar cómo la comunidad manifiesta sus demandas. La voz de la sociedad civil siempre es importante. Pero también lo es meditar sobre el tipo de fenómenos a los que estas manifestaciones se refieren. Aunque no le quita ni su legitimidad ni su importancia la movilización que detona el homicidio de Joaquín Pérez la despierta una forma de criminalidad tremenda, que desata los mayores estragos emocionales, pero que no está muy lejos de ser la más representativo entre los 194 homicidios que ayer el MPA tenía contabilizados para el departamento Rosario. Es infrecuente que casi el 90 por ciento de los homicidios que se produjeron este año en Rosario produzcan movilizaciones. Que son los que involucran a personas conocidas mayormente, residentes de zonas periféricas o degradadas y con conflictos previos.

El Estado tiene limitada eficacia para atemperar los peligros de una sociedad malograda por las transformaciones de su estructura social

Estos hechos que hablan de una ciudad violenta alimentan razonablemente el contexto pero en una alta proporción no son delitos típicos de la inseguridad. La definición de inseguridad se vincula a un peligro aleatorio que puede abatirse sobre cualquiera. Precisamente lo que le pasó a Joaquín pero no lo que le pasa a la mayoría de las víctimas de homicidio en Rosario. Los casos que motivaron Rosario Sangra en 2015, que dejó a Lifschitz en incómodo tambaleo, fueron exactamente hechos letales de inseguridad en pocos días. El de Fabricio Zulatto, encontrado muerto a balazos en un pozo ciego de una vivienda de zona norte; el de Nahuel Ciarroca que fue baleado para robarle su celular en Dorrego al 2700 y el de Héctor Villarruel, asesinado en una entradera en Avellaneda al 1900.

 
Esos tres crímenes tuvieron ese rasgo y fueron casos ligados a economías delictivas: el de Zulatto, a la droga; el de Ciarroca, el del comercio de celulares robados, el de Villarruel el de las reducciones de robos domiciliarios. También fueron incidentes ligados a personas con recursos sociales como para interpelar a las autoridades como lo habían sido, en 2015, otros dos hechos de semejante conmoción, que impulsaron manifestaciones con idénticas consignas en el Monumento a la Bandera: los crímenes en ocasión de robo de Mariano Bertini en una entradera y el de Sandro Procopio, en un atraco callejero.

La inmensa mayoría de homicidios en Rosario no son activadores de protestas masivas. Pero una movilización ciudadana sobre este tipo de violencias, la del homicidio en ocasión de robo, puede actuar como un mecanismo regenerador de prácticas democráticas. Es por empezar una demanda horizontal canalizada hacia el Estado que es el destinatario del pedido. Busca una rendición de cuentas que también apunta a construir una responsabilidad basada en la participación ciudadana. Se trata de procesos en los que los ciudadanos corrientes o las organizaciones de la sociedad civil exigen, en forma directa o indirecta, y eso es muy valioso.

 
Pero en cinco años la representación política de la provincia no ha conseguido o no ha querido estar a la altura de estas demandas que pese a todo son mucho más esporádicas que el fenómeno sostenido hace casi diez de los homicidios dolosos que se duplicaron desde 2013. Este delito se mantiene en una meseta alta aunque este año terminará subiendo. Pero lo que se traduce en el reclamo es su particular combinación con otros hechos mucho más predominantes como son los delitos predatorios cuya reiteración es extremadamente irritante e instala una atmósfera de reclamo. Los arrebatos desde motos, los robos en inmediaciones de domicilios, los despojos de caños de viviendas o de partes de vehículos producen situaciones de contacto físico entre ofensor y víctima. Es este el combustible más inflamable de la protesta.

En una nota de 2016 se reseñaba que en seguridad los gobernantes socialistas se distinguieron por la marcha y contramarcha. Hermes Binner arrancó con un penalista conocedor del sistema carcelario como ministro (Daniel Cuenca) y siguió con un funcionario del Registro Civil (Alvaro Gaviola) que propició promociones en la fuerza policial con el cuestionado esquema de las juntas de ascensos digitadas por policías que colocaban a sus favoritos. La etapa de Bonfatti tuvo tres momentos muy diversos: la breve gestión de Leandro Corti que terminó con una discrepancia por la realización de un partido de fútbol, la sucesión con Raúl Lamberto postulando un plan de división por nodos y 51 jefaturas de policía de ciudad y una final con dos oficiales superiores de Gendarmería que mandó al archivo ese plan, renegó de las iniciativas de policía municipal y reimpulsó la idea de una policía dividida en dos escalafones. Lifschitz tuvo como principal objetivo la ocupación del territorio urbano con un criterio planificado de cobertura de patrullas en cuadrículas y un plan de reemplazo de las 32 comisarías por seis comisarías distritales que quedó trunco, sin grandes reformas en la fuerza policial, en la que mantuvo en puestos de conducción a algunos oficiales de cuestionado perfil.

 

Perotti asumió con un fuerte discurso de ruptura a lo anterior encarnado en el ataque a lo que llamó el pacto entre Estado y delito. Pero no organizó ninguna transición con sus antecesores, mantiene en cargos clave a oficiales jefe con pasado controvertido, como el actual subjefe de policía de Rosario, canceló iniciativas luego retomadas como las intervenciones multiagenciales en barrios de fuerte conflictividad. Y produce señales de enorme ambigüedad al mandar el pliego para un puesto clave en el Tribunal de Cuentas a un hombre que está acusado por dos fiscales de proteger a un ex jefe de policía de provincia camino a juicio por estafar al Estado con compras de vehículos. Las difíciles políticas preventivas atraviesan una etapa complicada en la que los fiscales de flagrancia hablan de delitos groseros en alza que producen fuerte fatiga en el ánimo ciudadano. El delito callejero, más que el homicidio, es la principal fuente de malestar público para marchas como las de hoy.

 
En este marco de flaquezas compartidas hay un problema común a cualquiera con intención de gobernar. Hoy un rasgo fundamental de la idiosincrasia de Rosario es que la violencia es el modo de regulación de un mercado donde, sin líderes fuertes y estables, nadie disciplina a nadie. En un mercado dinámico y fragmentado que produce mucha plata con economías delictivas como la droga, y sobre todo la venta de protección, la forma de conquistar terreno para hacer dinero es con disputas. Las fuerzas de seguridad, en especial la policía provincial, actuaron para regular los manejos delictivos de las bandas, dejando hacer, suministrándoles armas o actuando en contra de unas para favorecer a otras, como acaba de verse con seis policías detenidos en la comisaría 10ª, entre ellos jefe y subjefe.

La marcha de Blumberg empujó en 2005 como principal medida una modificación, superestructural y morosa, del Código Penal en el primer kirchnerismo. De Rosario Sangra para acá en Santa Fe se dieron algunas modificaciones que también se dieron con cambios positivos del sistema penal. Pero una cuota más significativa de la tasa de encarcelamiento lejos estuvo y está de frenar las dinámicas violentas. Sobre esta evidencia la política mantiene una notoria deuda con este presente. Una deuda con el control del delito pero también con la desigualdad que es lo que produce. Mientras esta emergencia constatable produce estos niveles de inquietud y angustia ciudadanas la política aplica toda su energía a discutir otra cosa. Por ejemplo si lo echa a Sain del Organismo de Investigaciones o si promueve un jury a un juez que pueda fallar de forma contraria a sus expectativas mientras la Legislatura sobre otras personas con pedido de imputación de un delito no dice nada.

Hay aquí una fractura visible que atenta contra el modelo de representación que lastiman el entusiasmo en algo que debe ser sagrado como la democracia. Se sabe que hay empresarios, constructores, profesionales y financistas que lucran con los narcos. De los procesos sociales violentos no solo tiene responsabilidad el Estado. Pero son sus representantes institucionales a los que razonablemente se dirige la demanda para moderar los conflictos que seguirán produciendo inestabilidad o desconfianza en la política con marchas como la de hoy. Gobierne quien gobierne. Para que no se generen sinuosos mecanismos donde grupos de interés "culpabilicen" a la política, la política tiene que tomar el toro por las astas. En cinco años de demandas la capacidad de interpretar el escenario y actuar en consecuencia permanece como deuda. Es un problema porque la política no debe dejar su lugar acción, solo ejercerlo a su debida altura.

 
 Fuente: La Capital sobre una nota de Hernán Lascano