Santa Fe ya no será la misma y Perotti sigue desorientado

Para empezar Aníbal Pineda, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, admitió que “es necesario hacer una autocrítica” en la Justicia federal, después de mucho tiempo en el que se impuso “un estilo arcaico”, en el que los jueces y fiscales, protagonistas principales de las investigaciones en ese fuero, se mantuvieron “de espaldas a la sociedad”.
 
“Nunca un magistrado federal dio una entrevista a los medios de comunicación. Siempre primó la postura de que los jueces hablan por sus sentencias, pero creo que esa idea en estos tiempos está agotada”, apuntó.

 En medio de un clima social agitado por la crisis en seguridad, el jueves pasado el gobernador Omar Perotti se reunió en Rosario con el presidente de la Cámara de Apelaciones. Del encuentro participó también el ministro de Seguridad Jorge Lagna y el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe Roberto Falistocco.

Desde hace tiempo que Pineda busca cambiar el estilo de extremo bajo perfil que tiene la Justicia federal, actitud que no se traslada a otras jurisdicciones del país. Esa característica llevó a que, sin posibilidad de defensa, el blanco más fácil de varios sectores de la clase política y del periodismo fuera descargar en la Justicia federal parte de la responsabilidad del problema del crecimiento del narcotráfico.

 La situación de la Justicia federal es extrema. Tiene una pésima infraestructura en Rosario, con un edificio como el de Oroño y Rioja, más cercano a la demolición, sumado a la falta de personal, y con dos juzgados y tres fiscalías penales desde hace 40 años para abarcar unas 200 investigaciones nuevas por año.

 Pineda decidió ahora salir a exponer esa situación ante la opinión pública. Parece un cambio revolucionario, pero es también fruto de una situación inédita, con un nivel de descontento social demoledor hacia la Justicia y a la clase política.

 La reunión entre los funcionarios de la Justicia federal con Perotti fue la primera en más de 100 años. La queja permanente de los jueces federales era que nadie los iba a ver, que nadie se interesa por ellos ni por su trabajo. “Todos hablan de la importancia de la Justicia federal, pero es más fácil criticar a los jueces que ir a respaldarlos y a colaborar”, señalaron fuentes de ese fuero.

 Pineda planteó hace unos meses, cuando se reunió con miembros de la Corte Suprema de la provincia, que era necesario que los fueros federal y provincial trabajaran de manera coordinada, ante una madeja de delitos que se entrecruzan de jurisdicción todo el tiempo, bajo el paraguas mayor del narcotráfico. Esa estrategia simple, cargada sólo de sentido común, parece ahora un cambio medular. Es que la desconfianza, los resquemores y los egos, de uno y otro lado, fueron más potentes que las necesidades de la población de encontrar justicia en una ciudad que parece ser desmantelada por las mafias.

“Si el delito y las organizaciones criminales están vinculadas, cómo no se va a vincular la Justicia federal y provincial”, consideró Pineda, en diálogo con Aire de Santa Fe.

 Este cambio de paradigma empezó a dar frutos en investigaciones profundas contra el crimen organizado, como el trabajo coordinado que realizaron fiscales provinciales y federales, la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Unidad Antisecuestros, con un megaoperativo contra miembros de la banda de Los Monos que pretendían expandir su negocio en barrio Godoy, en el oeste de Rosario, y San Lorenzo.

 Ese caso fue la contracara del inicio de la causa de Los Monos en el fuero provincial, en 2013, cuando el juez Juan Carlos Vienna empezó a investigar a la banda a partir del crimen de Martín Paz, que había sido en setiembre del año anterior. Esa investigación arrancó moldeada por los agentes de la División Judiciales, que después se detectó en otras causas, que jugaban para los rivales de los Cantero, como Esteban Alvarado. La causa estuvo cerca de naufragar en 2014 cuando se intentó sellar un juicio abreviado con la mayoría de la banda, incluido Ariel Máximo Cantero, al que pretendían zafar del crimen de Diego Demarre.

Si ese “arreglo” hubiese prosperado, hoy Guille Cantero estaría cerca de salir con libertad condicional. Esta semana el líder de Los Monos acumuló su octava condena y suma más de 100 años de prisión. En ese momento, el fiscal Patricio Murray había iniciado investigaciones importantes en el fuero federal. Eran causas que buceaban en la profundidad del negocio narco. La guerra que libraban los narcos en la calle tenía un espejo en los despachos de la Justicia provincial y federal, donde se entrecruzaban críticas y desconfianzas mutuas. El resultado fue mucho peor, que sólo lo pinta la realidad cotidiana.

Fuente: Aire de Santa Fe