Facebook desarticula la nutrida “granja de troles” de Ortega en Nicaragua

INTERNACIONALES 02 de noviembre de 2021 Por Wilfredo MIRANDA
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El gigante tecnológico Meta —hasta hace poco llamado Facebook— ha golpeado este lunes al principal músculo de la propaganda del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en redes sociales, al desmantelar una “granja de troles” que operaba en instituciones públicas en la generación de desinformación y ataques a opositores. Esta decisión sin precedentes para el mundo virtual nicaragüense ocurrió después de que un informe de la compañía, titulado Comportamiento Inauténtico Coordinado (CIB, por sus siglas en inglés), concluyó que la red de cuentas desactivadas era parte de “campañas diseñadas para engañar a las personas alrededor del mundo, ya sean extranjeras o locales”.

Según Meta, la red constaba con 937 cuentas de Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas en Instagram. “Esta operación se dirigía a audiencias locales y estaba vinculada al Gobierno de Nicaragua y el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Detectamos una parte de esta red a través de una investigación interna sobre comportamiento inauténtico coordinado en la región, y el resto tras revisar reportes públicos sobre esta actividad”, cita el informe.


A menos de una semana para que se realicen elecciones generales sin competencia en Nicaragua, el desmantelamiento de esta red supone un revés para la estrategia de propaganda del régimen en la que, según Meta, se invirtieron cerca de 12 mil dólares en publicidad en Facebook e Instagram, pagada principalmente en moneda nicaragüense y dólares estadounidenses.

La empresa detalló que al menos 585,000 cuentas seguían una o más de estas cuentas en Facebook, y unas 74,500 se unieron a uno o más de estos grupos. Cerca de 125 mil cuentas siguieron a una o más de estas cuentas en Instagram. Los trabajadores de esta red tenían un horario definido: de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, con una hora de receso al mediodía y con personal reducido los fines de semana.

El informe explica que la red comenzó a operar en abril de 2018, cuando el régimen Ortega-Murillo reprimió con brutalidad una oleada de protestas lideradas por estudiantes. Inicialmente, entre 2018-2019, se concentró en desacreditar a los manifestantes, esparcir información falsa y reportar masivamente a personas que estaban en contra del Gobierno. Pero desde finales de 2019, conforme la red se volvió sofisticada, pasó de criticar a la oposición y a los manifestantes a amplificar sus propias marcas de medios y contenido pro gobierno. “La campaña pareció tener por objetivo una saturación del ecosistema de Internet en Nicaragua con mensajes a favor del gobierno”.


Lo que dice Meta es consistente con investigaciones previas realizadas por medios de comunicación y periodistas independientes en Nicaragua. Correos electrónicos de la vicepresidenta Rosario Murillo a los que tuvo acceso EL PAÍS en 2018 detallan que la vicepresidenta institucionalizó las “granjas de troles” al calor de las protestas y la represión en abril.


El medio de comunicación Confidencial, cuya redacción fue confiscada por el Gobierno, detalló que casi dos horas y media después de que el joven Álvaro Conrado Dávila fue herido de muerte el 20 de abril de 2018 en el predio contiguo a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Murillo envió un correo electrónico ordenando a los militantes del FSLN propagar mensajes oficialistas en las redes sociales que eran dominadas por los manifestantes opositores, para intentar imponer su narrativa sobre la represión.

Más recientemente, en junio pasado, cuando el Gobierno desató una cacería de líderes opositores, entre ellos todos los precandidatos presidenciales, los medios digitales Divergentes y Nicaragua Actual publicaron una investigación que reveló que las “granjas de troles” funcionan en instituciones públicas y son operadas por empleados del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), principalmente, pero también desde otras instituciones, como la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y uno de los integrantes de la familia gobernante más activo en redes sociales, ha reaccionado airado a la decisión de Meta. “Las urnas electorales no están en un meta universo ni en redes sociales. Los votos se depositan en centros de votación ubicados en todo el territorio nacional. Los votos se ganan trabajando, en el universo tangible, donde el pueblo tiene demandas tangibles que demandan solución”, ha expresado.

Predominancia en distintas plataformas

La campaña desmantelada tenía predominancia en distintas plataformas, con una red compleja de marcas de medios de comunicación en Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Blogspot y Telegram, así como sitios web vinculados a estas. “Publicaban contenido positivo acerca del Gobierno y comentarios negativos sobre la oposición, usando cientos de cuentas falsas para promover sus posts”, ha informado Meta.

El portal Divergentes también publicó una investigación que demostró cómo el régimen sandinista entregó más de 100 millones de córdobas (unos 539,478.597 dólares) en contratos publicitarios a periodistas oficialistas, medios de comunicación dirigidos por los hermanos Ortega-Murillo, y empresas de publicidad que también están vinculadas a la familia presidencial.

La compañía tecnológica puso a esta red como un ejemplo del funcionamiento de una “granja de troles”, un esfuerzo coordinado de operadores que comparten una ubicación para corromper o manipular el discurso público mediante el uso de cuentas falsas para crear identidades falsas en diversas plataformas y engañar a la gente acerca de quién está detrás de la operación.

La propaganda promovida en redes sociales también ha funcionado como antesala para justificar el arresto de opositores, ya que suelen desatarse campañas de desprestigios. Todas las detenciones ocurridas desde junio pasado han sido anunciadas previamente por una batería de memes, videos y montajes difundidos por cuentas anónimas afines al sandinismo que operan en instituciones públicas. “El propósito es construir una argumentación ideológica para justificar sus actos de violencia”, aseguró la socióloga Elvira Cuadra.

Fuente: El País

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