Tras la derrota electoral: los cinco indicadores económicos a los que apunta el Gobierno hasta fin de año

POLÍTICA 20 de noviembre de 2021 Por Mariano BOETTNER
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Un funcionario del equipo económico separaba esta semana, horas después del resultado electoral que consiguió el Frente de Todos en las legislativas -es decir algo mejor que las PASO pero una derrota amplia al fin a nivel nacional-, en dos mitades los indicadores económicos que incidieron en la primera y la segunda performance del oficialismo en las urnas. Los datos, mirados bajo ese punto de vista, explican tanto el deterioro social general que le quitó una buena base electoral a la coalición de Gobierno a nivel nacional y otro puñado explica por qué recuperó algunos votos y mantuvo un núcleo duro de votos a pesar de haber pasado en los dos años de mandato la crisis económica más grave en dos décadas.

Las conclusiones que sacan en el gabinete sobre el cómo y el por qué de los números electorales están influenciadas, tanto para bien como para mal, por algunas variables económicas decisivas de los últimos meses. Así, por ejemplo, estiman que existe un deterioro general de los indicadores sociales que le hizo perder un buen caudal de votos al Frente de Todos en relación a 2019. En ese grupo de factores mencionan, por ejemplo, la situación de los salarios, que para un sector relevante del mercado laboral, principalmente el informal, siguen estando muy por debajo de la evolución de la inflación.

Eso impidió, en estos meses de repunte tras el primer impacto inicial de la pandemia, una mejora en el nivel de vida para los sectores más desprotegidos. La pobreza, por ejemplo, alcanzó un pico de 42% hacia fines de 2020 y solo logró bajar al 40,6% en los primeros seis meses de este año. Los expertos no anticipan que el 2021 termine con un índice de pobreza menor al 40 por ciento. La desocupación, por su parte, tuvo un descenso más marcado en el último año, pero solo se recuperaron poco más de la mitad de los empleos privados perdidos en los primeros meses de pandemia, según datos oficiales.

En el lado positivo, remarcan desde el Poder Ejecutivo, una tendencia de recuperación sostenida de un grupo importante de sectores de la economía, entre ellos algunos clave como la industria, la construcción y en menor medida el comercio, más algunos otros que habían quedado rezagados por la crisis sanitaria y que lentamente comienzan a levantar vuelo, tuvo algún peso para explicar la mejor cosecha electoral en noviembre en relación con las PASO dos meses atrás.

El cierre de año: cómo terminará la economía el 2021

En lo sucesivo, el Gobierno seguirá en lo que resta del año con especial atención una serie de indicadores económicos, que perfilarán por un lado cuál fue el resultado de los meses de “salida” de la pandemia y, por otra parte, cómo podría perfilarse un año como el 2022, que estará marcado por un eventual nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las presiones cambiarias de fin de año y una esperada aceleración de la inflación por el descongelamiento de algunos precios relativos clave, entre ellos el de las tarifas de energía.

Inflación: Las consultoras esperan que el 2021 termine con un nivel de inflación por encima de lo que pronosticó el Ministerio de Economía en su actualización de proyecciones que hizo en el Presupuesto 2022. El alto que tuvo el sendero de desaceleración de la suba de precios desde marzo fue más alto de lo que ya aguardaba el Poder Ejecutivo.

El Palacio de Hacienda admitía meses atrás que a esta altura del año podría interrumpirse esa disminución en el ritmo mensual de precios, pero terminó por ser un salto pronunciado de un punto porcentual entre agosto y septiembre, que en octubre se repitió con otro 3,5 por ciento. La situación forzó a un cambio de gabinete (la salida de Paula Español en Comercio Interior y la llegada de Roberto Feletti) y el apuro de medidas como el congelamiento de 1.432 precios de bienes de consumo masivo como alimentos y productos de limpieza, en este caso sin acuerdo de las empresas del sector, y por otra parte, un consenso con los laboratorios fabricantes de medicamentos para dejar los valores fijos, también, hasta el 7 de enero.

La nueva preocupación del equipo económico es ahora evitar que haya un salto importante del precio de la carne hasta fin de año. En el sector estimaban incrementos de hasta 20% en las semanas que restan hasta terminar el 2021 y el Gobierno ya analiza medidas para contener un salto en un precio sensible en las fiestas de fin de año.

El consenso de las consultoras y fondos de inversión que participan de relevamientos como el REM del Banco Central y el LatinFocus Consensus ubican a las estimaciones de precios cerca del 50%, y algunas ya proyectan que el 2022 incluso, será con una inflación más elevada, a pesar de que el Gobierno espera un recorte de la suba de precios anual hasta cerca del 33 por ciento. Consultoras como Eco Go, Invecq o Seido trabajan con cálculos de IPC del año próximo cercano o superior al 60 por ciento. La evolución del tipo de cambio y el descongelamiento de tarifas definirán si ese escenario pasa de probable a cierto.

Salarios: Atado a la inflación y como indicador espejo de la suba de precios es el índice de salarios. Según funcionarios del equipo económico, es al que prestarán más atención en los 40 días que restan de 2021. La promesa que hizo el Gobierno de Alberto Fernández es que este año los ingresos de los hogares deberían ganarle la carrera a la inflación, una tesis que a esta altura del año todavía presenta algunas dudas y tiene algunos asteriscos.

El último dato oficial de Indec fue publicado hace diez días, junto con el 3,5% de índice de precios de octubre, y marca la fragilidad de los sectores del mercado de trabajo que están desplazados del empleo registrado o público: en lo que va del año los salarios de los trabajadores informales están nada menos que 17 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Es incluso una brecha mayor a la que ya tenían en septiembre, cuando ese sector estaba 12 puntos atrás del ritmo de precios.

No se trata de un sector menor de la sociedad. Según se desprende de datos oficiales, poco más del 37% del empleo es informal, lo que incluye a unos 7,1 millones de trabajadores, que actualmente están muy por detrás de la suba de precios. Por definición no tienen mecanismos de protección de su poder de compra como las negociaciones salariales sindicales, por lo que la única manera de tener actualizaciones en sus ingresos es la referencia que da el salario mínimo, que este año tuvo un incremento cercano al 54 por ciento.

Según un informe del área de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad de San Martín, un eventual resultado positivo de los salarios promedio al finalizar el 2021 -principalmente entre los empleados privados formales y los públicos- compensará una parte muy menor del poder de compra que perdieron los ingresos en los últimos años.

“A pesar del eventual cambio de tendencia que podría producirse este año en la relación entre precios y salarios, la recuperación no podría calificarse más que como incipiente teniendo en cuenta la evolución que atravesó el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores desde fines de 2017. En efecto, entre agosto de ese año y diciembre de 2020, el salario real se redujo 20%. Desde entonces y hasta el mes de septiembre de 2021, apenas se recuperaron 2 puntos de esa marcada contracción”, mencionaron.

Tipo de cambio: La continuidad de la estrategia cambiaria del Banco Central en las próximas semanas, ya superada la instancia eleccionaria, es uno de los datos decisivos en la política económica del gobierno del Frente de Todos. Las consultoras vienen anticipando con insistencia que luego del paso por las urnas sobrevendría un salto en el tipo de cambio para comenzar a achicar la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas. Y si no fuera un ajuste pronunciado, al menos una aceleración del ritmo de depreciación del dólar mayorista administrado por el BCRA.

En ese sentido, la consultora PxQ del ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis mencionó que “la estrategia cambiaria actual no es sostenible dada la dinámica de apreciación real y su impacto sobre las reservas. Se espera que el BCRA revise dicha estrategia en el corto plazo. Como se señaló en repetidas oportunidades, un salto discreto en el tipo de cambio oficial tendría un impacto sustantivo sobre el nivel de precios y, por esta razón, es de esperar que el Gobierno busque evitarlo hasta las últimas consecuencias. La aceleración del ritmo de crawling-peg parece el escenario más probable y, aunque no tiene el impacto de un salto discreto, tiene efecto sobre los precios”.

Al respecto, Equilibra apuntó: “Esperamos una modificación de la política cambiaria una vez pasadas las elecciones, que podría implicar un ritmo de crawling-peg mayor o igual a la inflación, aunque no descartamos un salto discreto. La forma que tome la corrección cambiaria dependerá de cómo reaccione la oferta de divisas (no esperamos condiciones externas extraordinarias como en 2021) y lo que ocurra con la demanda de pesos una vez extinguida la estacionalidad positiva de diciembre”, explicaron en un informe reciente.

El Gobierno, de todas las formas que pudo, negó la posibilidad de un ajuste devaluatorio. Actualmente la distancia entre la divisa mayorista y el contado con liquidación supera el 110 por ciento. Esa brecha se amplió con el retiro del Banco Central de las intervenciones en las operatorias de “contado con liqui” y MEP. Sin esas manos amigas, en pocas ruedas el precio implícito de la compra de dólares a través de compraventa de bonos superó los 200 pesos.

Reservas: la robustez del colchón de divisas que mantenga el Banco Central en sus arcas marcará el pulso de las tensiones cambiarias. La lógica, de acuerdo a análisis del mercado, es que a menor cantidad de divisas, la efectividad del dólar mayorista como “ancla” inflacionaria es menor. Y en los próximos meses las reservas podrían disminuir nada menos que unos USD 6.500 millones por pagos externos y la propia demanda de divisas.

 

En ese sentido, según Analytica, “la pregunta relevante para los próximos meses es cómo evolucionarán los componentes críticos de las reservas netas: los pagos a organismos multilaterales de crédito y el resultado de las operaciones en el mercado de cambios (MULC). En el primer caso, descontamos que la Argentina alcanzará un acuerdo con el FMI que evite el pago de USD 2.873 millones de vencimientos de capital en marzo de 2022. Hasta entonces, los vencimientos los cancelará principalmente con los DEGs. En consecuencia, exclusivamente por pagos a organismos las reservas netas caerán USD 3.579 millones hasta marzo”, explicó la consultora que dirige Ricardo Delgado.

Pero por otra parte, mencionó, “resulta más complejo proyectar el resultado de la oferta y demanda de divisas que enfrentará el Central en el MULC entre noviembre y marzo”. Para los próximos meses el déficit estimado en ese aspecto es de USD 3.216 millones tomando en consideración lo que sucedió años anteriores para establecer una proyección.

“A su vez, el resultado cambiario incluye nuestra proyección de ingresos por exportaciones de USD 24.000 millones en los próximos cinco meses, con el agro aportando 42% del total dadas los favorables pronósticos de la cosecha fina y los precios que permanecen elevados”. Con toda esa cuenta en consideración, para Analytica, las reservas netas bajarían desde casi USD 9.500 millones actuales -contando el swap con China- hasta cerca de USD 3.000 millones.

Por su lado, PxQ hizo un análisis más cualitativo del nivel de reservas. “Al margen que la credibilidad puede estar negativamente afectada por la ausencia de un anuncio formal del programa en el marco de un plan macroeconómico, el aspecto central que define tal credibilidad es el nivel de reservas internacionales”, consideró la consultora en su último reporte.

“Si el nivel de reservas es tan bajo que el ancla es percibida como temporaria, la convergencia entre inflación y devaluación no tiene lugar. Este es precisamente el caso de 2021, dado que el nivel de reservas internacionales, tanto corriente como proyectado (debido a los pagos con el FMI) daña la credibilidad de cualquier tipo de ancla o semi-ancla cambiaria”, concluyó.

Pobreza y desempleo: Los dos indicadores centrales que reflejan la situación social sufrieron un deterioro notable por la pandemia y todavía no lograron recuperar gran parte del terreno perdido por la crisis sanitaria, especialmente en el primer caso.

Como referencia, la canasta básica total (CBT) aumentó 2,6% en octubre y una familia integrada por dos adultos y dos chicos necesitó contar con un ingreso mensual de $72.365 para no caer bajo la línea de la pobreza. La suba interanual fue de 45 por ciento. Por su parte, la canasta alimentaria (CBA) tuvo un incremento de 3% en el décimo mes del año, y en todo el año de 49,3 por ciento.

Los dos indicadores son decisivos para medir el impacto de la crisis económica en los indicadores sociales. Eso sucede porque la canasta básica –que además de alimentos incluye otros ítems del gasto como indumentaria, salud, transporte o educación– determina la denominada “línea de pobreza”. Es decir, los hogares con ingresos menores a la CBT son los que pasan a ser considerados pobres.

De la misma manera, la canasta alimentaria –que tiene un alcance limitado a bienes de primera necesidad– es la que configura la “línea de la indigencia”: aquellas familias que no lleguen a cubrir los ingresos necesarios para adquirir la CBA son indigentes.

La pobreza fue del 40,6% en el primer semestre del año, mientras que la indigencia alcanzó al 10,7% de la población. De esta manera, casi 19 millones de personas son considerados pobres por no poder cubrir el costo de la canasta básica total. El resultado del principal indicador social estuvo muy cerca del que había marcado el organismo estadístico para el primer semestre de 2020, de 40,9 por ciento. De todas formas, el pico de pobreza por el impacto de la crisis sanitaria tuvo lugar en el indicador del segundo semestre de 2020, con un 42 por ciento.

Hacia fin de año no se esperan cambios significativos en las cifras de pobreza. Una medición semestral “móvil” que hace el econometrista Martín González Rozada (UTDT) mostró que en el lapso mayo-octubre la proporción de población considerada pobre era de 40,6%, con lo cual sería una cifra igual a la que marcó el primer semestre del año, el último dato oficial. El número final del 2021 se conocerá en marzo próximo.

Respecto al desempleo, el Ministerio de Trabajo reconoció en informes oficiales que un año y ocho meses después de iniciada la pandemia, la economía solo pudo recuperar el 60% de los empleos privados formales perdidos por el impacto de la crisis santaria, unos 114 mil de los 168 mil que se destruyeron en esos primeros meses de medidas de aislamiento social. Las consultoras privadas esperan que el 2021 termine con una desocupación que de 10,4% y que tendría un leve retroceso hasta 10,3% en 2022.

Según el CETyD de la Universidad de San Martín, “en agosto -el último dato oficial-, el número de asalariados registrados en empresas privadas acumuló su décimo mes consecutivo de crecimiento, pero el ritmo de expansión no ha sido precisamente acelerado. Como consecuencia de esta evolución, en agosto de 2021 se contaron 74 mil asalariados registrados menos que en febrero de 2020″

“Los sectores que mejor evolución tuvieron desde el inicio de la pandemia son la pesca (+4,9%); las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+3,3%) y la industria manufacturera (+2,3%). Por oposición, los sectores más rezagados son hoteles y restaurantes (-20,9%); los servicios comunitarios, sociales y personales (- 4,9%); y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-4,1 por ciento)”, consideró el informe.

Fuente: Infobae

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