Clínicas y sanatorios dan marcha atrás con la decisión de aplicar un copago

Las empresas prestadoras de servicios de medicina privada darán marcha atrás con su intención de cobrar un 9% de copago a los beneficiarios de prepagas y obras sociales. Así lo comunicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación y la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), luego de que sus representantes fueran recibidos por las autoridades para buscar una solución a la problemática del sector.

Desde la la Superintendencia de Servicios de la Salud señalaron que continúa vigente la Resolución 2125 de julio de 2021, la cual establece que los agentes del Seguro de Salud y las entidades de medicina prepaga deberán incrementar los aranceles de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios y usuarios por los prestadores. La norma preveía una suba de 9% a partir de enero de 2022, sobre los valores vigentes al mes anterior.

“Las autoridades nacionales ratificaron a los representantes de la FAPS la plena vigencia del incremento vigente del 9% a partir del 1º de enero de 2022 y garantizaron al sector que arbitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado del 9% correspondiente a enero por parte de las empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales de Dirección”, dijo la organización en un comunicado.

“Por lo tanto, la FAPS informa que deja sin efecto la implementación del copago para los pacientes de las citadas instituciones a partir del 1 de enero del 2022. Los representantes de la FAPS informaron una vez más a las autoridades nacionales la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible”, agregaron.

De esa manera, finalmente, los beneficiarios de planes de medicina prepaga y obras sociales no deberán pagar un 9% del valor de cada prestación, como se había anunciado para el 1° de enero en adelante.

En la reunión estuvieron presentes el superintendente de Servicios de la Salud, Daniel López; y por parte del Ministerio de Salud de la Nación, la jefa de Gabinete, Sonia Tarragona. Mientras que en representación de las prestadoras privadas participaron: José Sánchez de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), Mario Lugones de la Fundación Sanatorio Güemes; José Luis Sánchez Rivas de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA); Jorge Cherro de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) y Marcelo Kaufman de CEDIM.

El conflicto comenzó cuando las empresas de medicina prepaga informaron a sus prestadores que no podrían afrontar los incrementos en los aranceles de las prestaciones. Los otros aumentos aplicados fueron 9% en agosto pasado, 9% en septiembre y 9% en octubre. 

“Lo que se ha decidido es aplicar lo que formaba parte de la resolución de incremento de las cuotas que establecía que ese porcentaje debía ser transmitido a los aranceles y es lo que se va a cumplir. Pero está faltando dinero dentro del sistema porque desde diciembre de 2019 a diciembre de 2021 el incremento inflacionario fue cercano al 100% y en ese mismo período la cuota se ajustó menos del 60%. Hay un desfasaje que no está corregido. El sistema esta teniendo problemas de financiamiento”, alertó Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada (Cempra).

“Vamos a ver si hay algún ajuste en la cuota, de modo que el sistema pueda recuperar la solvencia que en este momento no lo tiene. Esto está resintiendo también las prestaciones que se dan. Hay un costo de los medicamentos que se han incrementado de un 20% del gasto prestacional hace cuatro años a un 34% del gasto. En tanto, se siguen incorporando coberturas que no tienen previsto un financiamiento. Estamos planteando que las cuotas se deben ajustar con automaticidad, acompañando la inflación y revisar el PMO (programa médico obligatorio) para establecer un menu de atención que esté relacionado con los ingresos”, agregó Lilloy.

Otras fuentes del sector, además, advirtieron que en febrero hay una revisión del acuerdo paritario para los trabajadores del sector, que estiman estará por encima del 10%, lo que generará un nuevo conflicto. “Si el Gobierno no busca una solución de fondo, la situación va a ser terminal. Tenemos que cumplir con lo dispuesto por la Superintendencia y asumir esos costos sin los recursos”, explicaron.

Con información de www.infobae.com