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La pobreza y la violencia reactivan la migración irregular hacia la Unión Europea

INTERNACIONALES 18/01/2022 Marién KADNER
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Tras un insólito letargo, la afluencia de migrantes en situación irregular hacia la Unión Europea vuelve a despertar y se acerca a los niveles registrados en los estertores de la crisis de 2015, que puso a medio continente patas arriba. Según la estadística de Frontex, divulgada la semana pasada, en 2021 accedieron a territorio europeo 196.000 migrantes irregulares, cerca de los 204.000 de 2017. Es pronto para saber si este aumento augura una nueva oleada de llegadas; y, más aún, si esta alcanzaría las cotas de 2015, cuando 1,8 millones de personas entraron en suelo comunitario.

En lo que sí coinciden los expertos es en que la presión migratoria va a aumentar en los años venideros, una tendencia derivada del aumento de la desigualdad tras la pandemia; del estallido de nuevos conflictos y, en algunos casos, del recrudecimiento de otros; y del calentamiento global. Se trata de un reto de grandes dimensiones ante el que la UE renquea por la ausencia de una visión común, según denuncian los analistas consultados.

 
Las entradas a Europa crecieron un 57% en 2021, según las cifras publicadas el pasado miércoles por la agencia europea de fronteras. Su análisis indica que el levantamiento paulatino de las restricciones a la movilidad establecidas en los inicios de la pandemia —que se alargaron durante buena parte de 2020 y que provocaron el menor número de cruces desde que hay registros, en abril de ese año: 900— no explica por sí solo el incremento. Existen “otros factores” que provocan la afluencia migratoria, subraya Frontex en su informe.

En 2020, “la pandemia todavía creaba incertidumbre”, considera Patrycja Sasnal, profesora de la Academia de Migración del Colegio de Europa de Natolin, con sede en Varsovia. “La gente estaba en una especie de espera, pero el número de personas que quería o necesitaba emigrar siguió creciendo. El aumento es el resultado de la liberación de esa presión acumulada”, prosigue Sasnal. La escalada de la desigualdad provocada por el coronavirus —mientras los multimillonarios se enriquecían, 800 millones de personas más se han visto abocadas a la extrema pobreza— es otro factor clave detrás de este fenómeno. “El empeoramiento de sus condiciones de vida les ha empujado a emigrar”, constata Mira Milosevich-Juaristi, investigadora principal del think tank español Real Instituto Elcano.

Más allá de las repercusiones de la pandemia, las cifras de Frontex muestran también un alza con respecto a los años previos a la covid, con cerca de 50.000 llegadas más que en 2018 y 2019. Para la agencia de fronteras, uno de los factores “definitorios” ha sido la crisis en Bielorrusia. Los países europeos limítrofes con la antigua república soviética —Polonia, Lituania y Letonia— registraron el año pasado un crecimiento enorme: de 677 entradas irregulares en 2020 han pasado a cerca de 8.000. Sin embargo, la afluencia de personas orquestada por el régimen de Aleksandr Lukashenko representa solo un 4% del total de llegadas a territorio comunitario en 2021. “Este porcentaje no explica el aumento”, afirma Milosevich-Juaristi, de Elcano, por teléfono.

La agencia de fronteras recalca, además, que el movimiento de Minsk fue una “operación híbrida” —una definición casi idéntica al “ataque híbrido” al que se refirió el Ejecutivo comunitario— en la que “se utilizó” a los migrantes. Ese es, precisamente, el argumento de Bruselas para justificar su propuesta de endurecimiento de las normas de protección internacional, que permitirá mantener en la frontera a los aspirantes al asilo, prolongar hasta cuatro meses la tramitación de las solicitudes y devolver de manera expeditiva a quienes vean rechazada su petición.

La Comisión Europea busca de esta manera desincentivar la “instrumentalización de migrantes” por parte de terceros países con la “intención de desestabilizar” a Los Veintisiete. Una medida, según denuncian defensores de los derechos humanos, vulnera los convenios internacionales sobre el derecho al asilo. “Los flujos migratorios serán una constante en el futuro de la UE, lo que es un motivo más para ponerse de acuerdo y tener una ley común de migración y asilo. Hasta que la UE no tenga una visión común, podemos hablar de los números y porcentajes de Frontex, pero no mucho más”, critica la investigadora.

El recrudecimiento de los conflictos en todo el mundo en la primera mitad de 2021, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, también ha contribuido al incremento. En África, por ejemplo, Etiopía sumó 1,2 millones de desplazados: la guerra abierta entre el Ejército etíope y el grupo rebelde Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (norte) es una bomba de relojería para algunos analistas, que auguran una emigración en masa. De acuerdo con los datos de Frontex, los sirios encabezaron en 2021 los cruces a territorio europeo, seguidos de tunecinos, marroquíes, argelinos y afganos ―estos últimos huyendo del regreso de los talibanes―.

”La inmigración se está convirtiendo en un problema identitario en algunos países, que la ven como una amenaza”, advierte la investigadora de Elcano, que señala a los países del llamado grupo de Visegrado: República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría. Precisamente, este último —cuyo Gobierno mantiene una de las posiciones antinmigración más duras— registró el año pasado un incremento de las llegadas irregulares del 125%, hasta las 60.540, solo por detrás de las recopiladas en la ruta del Mediterráneo central. El aumento de casi 35.000 entradas en Hungría, que explicaría buena parte del alza, no ha podido ser aclarado, después de que este diario intentara sin éxito recabar la versión de Frontex.

La otra cara de la moneda es la creciente consciencia de varios países europeos —Visegrado al margen— de que el envejecimiento continuo de la población, derivado de las débiles tasas de natalidad y del aumento de la esperanza de vida, hace más necesaria que nunca la inmigración. El caso de Alemania, el país más poblado de la Unión, es relevante: allí, el Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales ha adelantado un cambio radical en sus políticas de migración. Sus cálculos son claros: necesitará la llegada de 400.000 extranjeros cada año para cubrir su carencia de personal.

Fuente: El País

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