La falta de consensos en el Congreso paraliza varias designaciones clave en el Estado

El Consejo de la Magistratura era, hasta la semana pasada, el lugar público por excelencia de negociación política en relación con la Justicia. Allí se acordaba y se cumplía lo prometido. Siempre los oficialismos -hoy, ayer, anteayer- intentan hacer valer que lo son e imponer sus decisiones. A veces lo logran, cuando hay consenso, y otras no.

Había un Consejo de la Magistratura hasta diciembre cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley que regía la conformación del organismo desde 2006. Y otro el que funcionó hasta el 15 de abril, el plazo que dio la Corte Suprema para que el Congreso determinara una nueva conformación “más equilibrada”. El Consejo tiene entre sus misiones las de seleccionar y destituir jueces nacionales y federales.

Luego del 15 de abril y con la asunción del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti como presidente del Consejo, el diálogo que alguna vez existió ha dejado de existir. Máxime luego de la maniobra del cristinismo de romper el bloque para quedarse con un cargo más. El diálogo allí está roto. Al menos por ahora.

Hay quienes intentan reconstruir algo del poco nivel de diálogo que había en el Consejo y volver a un escenario de negociación, según pudo comprobar Infobae a través de diálogos con funcionarios del oficialismo que tallan en el área de las decisiones judiciales. Y esa negociación tiene como contrapartida algunos cargos que necesitan de un entendimiento político en el Congreso.

Para designar los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la Constitución prevé la necesidad de contar con los dos tercios de los votos en el Senado. Es decir, una mayoría especial. Ese número que implica negociación, acuerdo y consenso entre los partidos mayoritarios para designaciones de personas en puestos clave.

Hace una década el Senado de la Nación le otorgó los dos tercios de los votos necesarios para que Alejandra Gils Carbó se hiciera cargo de la Procuración General de la Nación. Fue durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el kirchnerismo los peronistas federales y el radicalismo habían acordado.

En los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, luego de la poco feliz designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia, el Senado enmendó esa situación irregular. El peronismo federal junto los senadores de Cambiemos, lograron llegar a los dos tercios de los votos necesarios para que Rosatti y Rosenkrantz se sumaran a la Corte, esta vez de acuerdo con las normas constitucionales.

Hoy no existe la posibilidad de conseguir los dos tercios en el Senado, necesarios para varios cargos que están vacantes. Y la imposibilidad se debe a las diferencias entre oficialismo y oposición y también a las disputas dentro de las filas del oficialismo y de la oposición. Y a que en 2023 hay elecciones presidenciales.

Se necesitan dos tercios del Senado para cubrir la vacante que dejó en octubre pasado Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobierno de Alberto Fernández no ha nominado a nadie porque sabe que -hoy por hoy- no hay espacio para conseguir los votos necesarios. Y por eso desde el oficialismo siempre piensan en una negociación más amplia. Un paquete: el que incluye la vacante en la Corte Suprema y algunos cargos extra.

El oficialismo en el Senado propuso volver a tratar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y llevarla de los cinco integrantes actuales a nueve. La aprobación de una Ley en ese sentido suena poco probable hoy para el oficialismo pero si pudieran conseguirlo, allí habría más cargos para repartir.

También continúa vacante la Procuración General de la Nación. Eduardo Casal está de manera interina a cargo de la jefatura de los fiscales nacionales y federales. El Gobierno postuló al juez federal Daniel Rafecas para el cargo pero el tramite no se movió. Nunca jamás. Ese cargo necesita de los votos de dos tercios del Senado- como obtuvo Gils Carbó- y puede llegar a entrar en una negociación más amplia en la que piensan algunos oficialistas optimistas con influencia en las decisiones judiciales del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Además se encuentra la vacante de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Allí el consenso necesario también abarca los dos tercios de Diputados. No alcanza solo con el Senado. Pero a ese cargo -que nadie ocupa desde que Eduardo Mondino renunció en 2009- se le suman los dos adjuntos del mismo organismo que también están vacantes. La oferta para que la oposición cambie votos por cargos se amplía.

En el listado aparece un lugar también apetecible a la hora de negociar. Al frente de la Procuración Penitenciaria, que se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos de los detenidos en las cárceles federales, se encuentra desde 2000 el radical Francisco Mugnolo. Está allí desde que el procurador penitenciario se designaba por decreto. Pero en 2004 se aprobó una ley mediante la cual se determinó que la elección debía ser similar a la del Defensor del Pueblo. Es decir que se necesitan los dos tercios en Diputados y también en el Senado. Como no se eligió a través del procedimiento que establece la ley, Mugnolo quedó en el cargo a la espera de la designación que el Congreso nunca concretó. En las mismas condiciones está el cargo de procurador Penitenciario adjunto.

Sin salir del ámbito nacional y sin contar la propuesta modificación del número de jueces de la Corte Suprema hay en la actualidad siete cargos que necesitan sí o sí de un amplio acuerdo en el Congreso para ser ocupados. Pero como si esto fuera poco desde el oficialismo cuentan como un agregado posible las tres vacantes que existen en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Si bien la propuesta de los candidatos corre por cuenta del gobernador Axel Kicillof, la negociación para las designaciones podría pasar por otros canales, no solo los que estrictamente se activan en La Plata cada vez que hace falta un acuerdo en la Legislatura provincial. Esos cargos en la Suprema Corte de Buenos Aires se podrían integrar al paquete que necesita la reunión del “Club de los dos tercios” en el Congreso nacional.

Ante una hipotética oferta de negociación entre oficialismo y oposición por un conjunto de cargos aparece un inconveniente que hasta ahora parece no estar resuelto. Quién negocia en nombre de quién. En el oficialismo hay –para simplificar- albertistas y cristinistas. No hay una conducción unificada dentro o fuera del Congreso que esté -hoy por hoy- en condiciones de sellar un pacto.

Algo similar sucede en la oposición abroquelada en Juntos por el Cambio. Desde el oficialismo no saben si es Mauricio Macri el que manda sobre los diputados y senadores que tienen origen en el PRO. Tampoco si Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich tienen la suficiente influencia como para garantizar un acuerdo. Además están los gobernadores radicales y sus diputados y senadores, imprescindibles a la hora de juntar votos. Desde la oposición tampoco ven con buenos ojos negociar ahora cuando creen que pueden llegar a la Casa Rosada en 2023.

El oficialismo tiene que designar personas en cargos que están vacantes, algunos de ellos importantes en el ordenamiento institucional del país. Eso podría llevar a un acuerdo: el primer escollo para una hipotética concreción es la falta de interlocutores que se den la mano y se tengan confianza. Mientras tanto los lugares siguen sin se ocupados.

Fuente: Infobae