Inflación, impuesto a la “renta inesperada” y la restricción energética

ECONOMÍA Por Natalia DONATO
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Hasta hace algunos meses, el foco de los empresarios para lograr certidumbre y previsibilidad estaba puesto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante el 2021, ya en vías de superación de la crisis sanitaria del Covid-19, la economía argentina comenzaba a recuperarse, pero la espada de Damocles era el posible default con el organismo por el bajo nivel de reservas.

Hoy el acuerdo con el FMI está firmado, a pesar de la dura interna dentro del oficialismo, pero la incertidumbre en el mundo de los negocios persiste. Y se mantiene por varias razones, pero fundamentalmente porque el mundo hoy lo que menos hace es dar certezas, y mucho menos a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, pero además porque el clima político está mucho más enrarecido, las expectativas de inflación ya se ubican entre 65% y 80% y también hay dudas respecto de la provisión de energía.

De hecho, el propio FMI se expresó respecto de la inflación días atrás. Su titular, Kristalina Georgieva, remarcó que “es el gran riesgo” y reconoció que el programa firmado con la Argentina podría ser recalibrado a partir del nuevo contexto internacional. En este marco, que obligó al Gobierno a habilitar una reapertura de paritarias y a otorgar nuevas ayudas sociales a los sectores más vulnerables, el sector empresario observa con cautela la recuperación de la economía y con una gran preocupación la aceleración de los precios.

También observan con inquietud los problemas que pueden tener en el invierno en materia energética y el incremento de la presión impositiva al sector formal para financiar estas mayores transferencias, en un contexto de déficit fiscal y de compromisos con el FMI para reducir esa brecha entre ingresos y gastos. Concretamente, generó una señal de alarma en los últimos días el proyecto anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para gravar la “renta inesperada”, que fue masivamente cuestionado por parte del empresariado.

“Luego del crecimiento del 2021, este año el desafío es consolidar la recuperación. Para ello, es necesario tener en cuenta que hay tres ejes para la acción de un programa de desarrollo federal, integrado e inclusivo y son: certidumbre, confianza y concertación. Es menester tener un diagnóstico claro sobre los elementos que generan incertidumbre y trabajar para que impacten lo menos posible sobre el proceso de recuperación”, aseguró el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

En materia internacional, los elementos mencionados por el dirigente industrial son el bajo crecimiento de los socios comerciales (Brasil y China); la inflación mundial; la suba de tasas de interés y el retiro de estímulos monetarios en Estados Unidos; el incremento del costo de fletes y las dificultades en el transporte marítimo; la escalada en el precio de la energía por el conflicto bélico en Ucrania; entre otros. Según los relevamientos periódicos que realiza la central fabril entre las empresas socias, estos factores dificultan la provisión de insumos importados y generan pérdidas en la competitividad.

En cuanto a la agenda local, preocupa la volatilidad de los precios, la incertidumbre macroeconómica; la presión impositiva; las dificultades en el abastecimiento de energía -se está trabajando con la Secretaría de Energía para evitar que eventuales cortes afecten la producción- y la dificultad para acceder a las divisas para el pago de insumos importados.

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), su presidente, Mario Grinman, sostuvo que “los próximos meses se presentarán plagados de dificultades, que serán obstáculos para la recuperación lograda luego de la pandemia”. Cuestionó el proyecto para gravar la “renta inesperada” porque “conspira contra la inversión privada, imprescindible para generar puestos de trabajo genuinos”; se lamentó por la “duración del problema inflacionario” y remarcó, a pocos días de haber firmado el nuevo acuerdo paritario en torno al 60% por un año, que “la reapertura permanente de paritarias es un factor más de incertidumbre”.

Salvo raras excepciones, la mayoría de los empresarios cuestionaron la idea de fijar una nueva tasa a las ganancias de las grandes empresas para financiar los bonos a jubilados, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas. Consideran que es un nuevo “manotazo” al sector formal cuando el Gobierno debería concentrarse en reducir la alta informalidad que sigue habiendo en la Argentina. De todos modos, creen que no tiene muchas chances de ser aprobado en el Congreso. “Espero que Juntos por el Cambio no lo apruebe porque ya tenemos una presión impositiva gigantesca”, remarcó el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss.

Consultado sobre la marcha de su actividad, el dirigente afirmó que mientras que la obra pública marcha razonablemente bien a nivel nacional y de algunas provincias, no sucede lo mismo con las obras grandes privadas. Las chicas, como son la construcción y refacción de viviendas, sigue bastante activa. Pero la gran preocupación es la inflación. Weiss comentó que los constructores están sufriendo “la falta de algunos insumos, así como también la suba desproporcionada de ciertos precios, con procesos de redeterminación en la obra pública que no contemplan esos ajustes, por lo cual va a haber problemas con los contratos”, anticipó. “Varios temas no preocupan, pero el principal y más grave es que no se desacelere la inflación”, aseveró.

El empresario Martín Cabrales, dueño de la empresa homónima, consideró “una locura” crear un nuevo impuesto, cuando ya hay 165 a nivel nacional, provincial y municipal. “Para transformar esta reactivación en crecimiento, tenemos que crear incentivos a la inversión, de forma tal de que haya más producción y más oferta”, planteó. Además, se mostró preocupado por el abastecimiento energético y por la aceleración de los precios.

“La actividad respecto del año pasado está mejor. La economía se ha recuperado de lo peor de la pandemia, pero ahora viene la etapa en la que hay que establecer las bases sólidas para el crecimiento. Eso se da con inversiones. Y las empresas invierten si tienen expectativas favorables”, manifestó el director ejecutivo de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, quien reiteró el rechazo de la entidad al proyecto para establecer un nuevo tributo a la “renta inesperada”. En un comunicado, la institución había remarcado que “en la Argentina ya están en vigencia 165 impuestos y la carga tributaria sobre el sector formal de la economía es muy elevada y ha crecido fuertemente en los últimos 20 años, superando holgadamente el promedio de la región”.

“Las pyme también están preocupadas por este anuncio, ya que cualquier aumento de costos que sufran las grandes empresas serán trasladados luego a sus proveedores, enfatizó el presidente de la Confederación General Empresaria (Cgera), Marcelo Fernández.

Por otro lado, el dirigente destacó que le preocupa el aumento de las materias primas y la suba de los alimentos y la escasez de mano de obra calificada. Según dijo, “no hay mano de obra formada para recuperar esos turnos que las pymes dejaron caer porque no tenían producción ni posibilidades de empleo”. “Tenemos demanda y no podemos producir más porque no podemos ampliar los turnos. Si eso no se da, es probable que se frene la recuperación productiva”, dijo a Infobae.

Desde el sector agropecuario, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, cuestionó la propuesta del nuevo impuesto que “vuelve a poner al sector agropecuario en aprietos, más allá de que el ministro de Economía dijo que no está dirigido hacia él específicamente”.

“Se apuntó a aquellos sectores que incrementaron sus ingresos en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, y lo cierto es que aquí no hay renta inesperada. En lo que respecta al productor, la bonanza de los precios internacionales no ha llegado a su bolsillo porque los precios locales están desacoplados, desde hace mucho tiempo, a causa de los derechos de exportación, la intervención en los mercados y la brecha cambiaria. Y eso sin tener en cuenta la suba sideral en el costo de los insumos”, aseguró el dirigente rural.

Recordó Pereda que los productores aún no se han recuperado de los distintos embates del clima que sufrieron recientemente (sequía, incendios) y que apuestan a que la próxima campaña les dé un respiro. “Lamentablemente, nada de eso ocurrirá si el gobierno sigue adelante con esta política de ahogamiento sin escrúpulos”, agregó. Y le sumó la crisis energética, que en el caso del campo les afecta por la falta de gasoil.

Fuente: Infobae

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