Corrupción en el gobierno de Perotti: piden que Sain no pueda salir del país

La fiscal Mariela Jiménez y su par Ezequiel Hernández solicitaron siete medidas cautelares contra el exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain en la causa penal en la que se lo acusa de negociación incompatible con la función pública y tentativa de defraudación a la administración pública por un supuesto favoritismo hacia una empresa en la confección de una licitación pública para la compra de armas. Entre ellas se destaca la prohibición de salir del país y un embargo de 200 mil dólares. El pedido realizado al juez Hernán Candioti contempla también a los exfuncionarios Germán Montenegro y Maximiliano Novas.

La denuncia, formulada en marzo de 2021 por diputadas y diputados radicales, plantea la hipótesis de que Sain y un grupo de funcionarios confeccionaron un pliego a medida de una empresa para comprar armas para la policía santafesina.

“Prohibición de salida del país (con entrega del pasaporte), de acercamiento y comunicación con los denunciantes y testigos, de acercamiento a los ministerios de Seguridad y de Economía, embargo de 200 mil dólares a cada uno e inhabilitación general de bienes y prohibición de tener y portar armas”, son las medidas alternativas a la prisión preventiva formalizadas por los fiscales en una audiencia realizada en la capital provincial.

Para los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los exfuncionarios de la cartera de Seguridad son coautores de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial. El monto total de la presunta adjudicación fraudulenta asciende a los 17.103.543 dólares.

El defensor de Marcelo Sain, Hernán Martínez, rechazó la aplicación de las medidas cautelares y pidió el sobreseimiento del ahora asesor del ministro Aníbal Fernández. 

El diputado Juan Cruz Cándido (UCR Evolución), parte del grupo de legisladores que presentaron la denuncia, expresó que la audiencia demostró que “hubo corrupción en la compra de armas”. Además, resaltó que los fiscales sostienen que el pliego fue redactado por la empresa proveedora y detectaron otro proceso licitatorio en marcha para la adquisición de un software, que también tenía como único proveedor a la misma empresa. 

“Mientras en la provincia los índices de delito crecían, los funcionarios de entonces gestionaban para hacer negocios y de acuerdo a lo que veían en series. Los resultados están a la vista. El retroceso que vino con el slogan de paz y orden, llevará tiempo revertirlo”, disparó desde su cuenta de Twitter.

Fuente: Letra P