La oposición cuestionó a Alberto Fernández y responsabilizó al oficialismo por el fracaso de la reforma judicial

En la tarde ayer, en la provincia de Santa Fe y durante un acto que compartió con el gobernador local Omar Perotti, el Presidente de la Nación le pidió a la Cámara de Diputados que retome el debate sobre la reforma judicial. “No quisieron tratarla y lograron la impunidad de los narcotraficantes”, sentenció Alberto Fernández al responsabilizar a la oposición por el fracaso de aquel proyecto de ley que había obtenido media sanción en Senadores pero que luego naufragó en Diputados durante su primera año de gestión. La diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO) y el diputado Mario Negri (UCR) cuestionaron los dichos del mandatario.

“Yo mandé una ley de reforma judicial que el Senado trató y la Cámara de Diputados no quiso, con el argumento de que esa ley buscaba la impunidad de alguien (Cristina Kirchner). Lo que lograron es la impunidad de los narcotraficantes y de las grandes corporaciones criminales que se han asentado en la Argentina”, señaló este miércoles el Presidente sobre aquella iniciativa.

“No es la ley, Alberto Fernández. Es tener la decisión política de combatir a los narcos y cuidar a los argentinos, algo que hicimos durante 4 años y su Gobierno no hace”, replicó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual integrante de la Cámara baja en el Congreso de la Nación. En su posteo en Twitter, Vidal también compartió estadística comparativa entre las últimas gestiones respecto a los homicidios registrados en Rosario en los últimos años: “138 homicidios en 2019, 235 en 2021, 102 en lo que va de este año”.

En ese sentido, quien también se sumó a las réplicas desde el arco opositor fue el diputado radical Mario Negri. “En medio de una crisis financiera incontrolable, el Presidente le pide a los Diputados que aprueben la reforma judicial”, comentó en el inicio de su tuit. Luego, sentenció: “Le importa un carajo la dolorosa realidad que viven los argentinos, sólo le interesa avanzar con el plan de impunidad. Juegan con fuego, agotan la paciencia”.

En tiempos de confinamiento estricto durante el inicio de la pandemia por el COVID-19 y tras una sesión vía teleconferencia que se extendió a lo largo de diez horas de discursos (43 oradores), el 28 de agosto de 2020 el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de reforma judicial impulsado por el Poder Ejecutivo: el Frente de Todos logró 40 votos a favor y 26 en contra.

De esa manera, la iniciativa impulsada por Alberto Fernández registró un paso por la Cámara alta con un moderado éxito, debido al desgaste interno ocasionado por la pulseada con el kirchnerismo duro. A lo largo de aquella sesión, desde el Frente de Todos se defendió el debate, aún cuando a lo largo de esa misma semana Cristina Fernández de Kirchner había considerado: “El país se merece una reforma judicial que no es la que vamos a tratar”.

Con la media sanción en el bolsillo, se visualizó una recta final compleja en Diputados para el proyecto. Sucede que en la Cámara baja los números no estaban garantizados para el oficialismo.

Ahí se esperaba que entrara en juego la muñeca del presidente de la Cámara, Sergio Massa, y del por entonces presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Aquel era un tándem que tenía un sistema aceitado de gestión luego de pocos meses de haber trabajado en conjunto. El objetivo para el oficialismo pasó por estirar las negociaciones mientras el documento se discutía en las comisiones de la Cámara baja: el fin, a su vez, era consolidar números que parecían ser muy ajustados.

Por otro lado, más allá de poder asegurar el el quórum, el paso siguiente en Diputados sería buscar el acuerdo de un sector de la oposición para aprobar la ley, donde se necesitaría la mitad más uno, ya que Juntos por el Cambio, una vez habilitada la sesión, bajaría al recinto para discutirla, tal como se especuló por aquel entonces. Es fue el punto en el que el oficialismo sabía que la cuenta no le daba. No estaban los votos suficientes para lograr la aprobación y la única forma de hacerlo es negociar modificaciones, discutir punto por punto el proyecto y buscar consenso.

Durante el verano del 2021, y ya en el cierre del año legislativo, los plazos no permitían tratar el asunto en sesiones Extraordinarias a pesar de haber sido incluido ahí por Alberto Fernández en los decretos de convocatoria. Por aquel entonces tampoco hubo reuniones de comisión ni fueron previstas para el cierre del calendario veraniego. Finalmente aquel proyecto de ley de reforma judicial terminó por perder estado parlamentario.

El Presidente, este miércoles, agregó respecto a aquella iniciativa: “Había un lugar que nos preocupaba que era Rosario y resulta que esa ley quedó varada, pararon todo. Por eso, le pido al Congreso de la Nación que cuanto antes debata esa ley, y la saque porque lo necesitan Rosario y la Argentina”. Desde el arco opositor, según pudo saber Infobae, responsabilizaron al espacio político del mandatario por el fracaso de aquella iniciativa que contó con media sanción.

El jefe de Estado señaló que buscará poner en debate la normativa nuevamente y aseguró que esa decisión está vinculada a conversaciones que mantuvo con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y su bloque de legisladores nacionales, quienes le propusieron modificar la iniciativa que cuenta con media sanción en el Senado.

La idea santafesina, según Fernández, es “tomar una parte” del proyecto presentado y avanzar con la creación de “los juzgados federales y las instancias judiciales que necesita Rosario para apurar esos juzgamientos, y terminar cuánto antes la lucha contra el crimen organizado”.

La iniciativa del Poder Ejecutivo buscaba, además de cambios en el fuero federal, la creación de juzgados para el combate del narcotráfico y el crimen organizado. Los articulados destinados a esa temática serían los que quedarían en pie, de acuerdo a la visión del Presidente. De prosperar esta iniciativa, Alberto Fernández se alejaría de las intenciones del kirchnerismo de avanzar en una reforma judicial “profunda”.

Para Juntos por el Cambio, la reforma propuesta del Frente de Todos buscaba garantizar la “impunidad” de la vicepresidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios imputados en causas por corrupción o vinculadas a su desempeño en la función pública.

Con información de www.infobae.com