Más de 188 mil trabajadores sociales renunciaron a los movimientos piqueteros para depender de las intendencias del conurbano y las provincias

Desde el 29 de diciembre de 2021, fecha en que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, aprobó una resolución que habilitaba a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a pasar de Unidad de Gestión, es decir el lugar dónde desarrollan sus tareas, 188.222 personas (hasta junio pasado) pidieron hacerlo invocando distintos motivos: mudarse del lugar de residencia; sufrir “abusos”, “amenazas”, “extorsiones”; o el “cobro compulsivo” de un porcentaje de los honorarios que reciben del Estado, por parte de las organizaciones a las que pertenecen. Este movimiento fue paulatino, no ocurrió de un día para el otro, ni siquiera coincidió con las críticas que la Vicepresidenta Cristina Kirchner realizó sobre los programas sociales y sus cuestionamientos al Movimiento Evita.

De hecho, de la totalidad de solicitudes recibidas para pasarse de un lugar de trabajo a otro, hasta ahora Desarrollo Social efectivizó el 30%, esto es alrededor de 60.000; el resto se irá “reasignando” a medida que se evalúen las necesidades de cada beneficiario; por ejemplo, el lugar dónde mejor desarrollará las cuatro horas de contraprestación. Si es panadero, a una panadería, si es agricultor, a una huerta, si es enfermera a un hospital o si es barrendero o albañil, espacios públicos o una cooperativa de trabajo.

La mayoría de los beneficiarios que pidieron cambiar de Unidad de Gestión venían desarrollando sus tareas en lugares como cooperativas de trabajo, que pertenecen a organizaciones populares enroladas en la Unidad Piquetera, según le aseguraron a Infobae desde la cartera a cargo de Zabaleta. El Polo Obrero es la organización que menos Unidades de Gestión tienen, solo cuatro. Así y todo, en ellas hay anotados unos 60.000 beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Una cantidad similar lo hacen en cooperativas que dependen de otros movimientos que integran la Unidad Piquetera, como el MST y el FOL, entre otros.

Desde el ministerio de Desarrollo Social le informaron a este medio: “La solicitud de Cambio de Unidad de Gestión para titulares del Programa Potenciar Trabajo ha mostrado un crecimiento sostenido desde su puesta en marcha el 29 de diciembre de 2021″. Además aseguraron que hasta el 16 de junio se tramitaron exactamente 188.222 solicitudes.

Casi la totalidad de reasignaciones, realizadas por Desarrollo Social, fueron derivadas a las Unidades de Gestión que dependen de las intendencias, la mayoría del conurbano bonaerense y gobernaciones. En números redondos, un 50% a municipios que pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver, según se explicó, “con el lugar de residencia del beneficiarios del plan”. En segundo lugar quedó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 6,2%, le sigue la provincia de Tucumán con el 4,8% y Jujuy con el 4,4%.

Hasta el 29 de diciembre pasado, esta posibilidad y los beneficiarios del Potenciar Trabajo, según entendió Zabaleta, quedaban rehenes de los lugares ofrecidos por los movimientos sociales que se mostraron muy activos al momento de anotar en el registro oficial las Unidades de Gestión. A poco de reemplazar en el cargo al actual diputado Daniel Arroyo, el intendente de Hurlingham en uso de licencia, firmó la resolución “2021-1868-APN-MDS” que en el punto 7.5 del anexo sostiene: “TRASPASO. Los titulares podrán solicitar su traspaso entre las Unidades de Gestión, de Gestión Asociadas y/o Unidades de Certificación a partir de la entrada en vigencia del presente y de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo que forma parte integrante del presente”.

Para eso, y como ya publicó Infobae en varias oportunidades, los motivos que deben seleccionar son tres:

- Búsqueda de nuevas propuestas de actividades por parte de las Unidades de Gestión. En este caso se anotaron 117.046 personas.

- Mudanza, esta elección fue señalada por 15.027 beneficiarios y el rubro “otros”. En este caso la respuesta, o los motivos, es “abierto”. En este caso, fueron 56.149 personas las seleccionaron este punto. Las razones fueron variadas, pero muchas de ellas de preocupación.

Dentro de la respuesta abierta, más del 15% de los beneficiarios manifestaron “situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones. Según el registro que lleva Desarrollo Social, “alrededor de 7700 titulares manifiestan este tipo de situaciones” para argumentar el cambio de Unidad de Gestión.

De esos 7.700, cerca de 900 manifiestan recibir algún tipo de amenaza, más de 3.000 expresaron que los piqueteros que manejan esos lugares de trabajo les exigían “un bono o cuota en función de aporte a la organización”; otras 1.400 personas señalaron “presión para asistir a marchas o movilizaciones” y alrededor de 1700 titulares describieron “maltratos por parte del referente (piquetero o social) o de la organización al solicitar el cambio de Unidad de Gestión”, es decir al querer renunciar al lugar de trabajo que dependía del movimiento popular.

Desde la cartera de Zabaleta se aseguró que “esas situaciones manifestadas en la respuesta abierta, que podrían representar algún tipo de irregularidad, fueron derivadas al equipo que trata las denuncias para avanzar en una denuncia penal siempre y cuando la persona esté dispuesta a firmar la denuncia”, un hecho que no siempre ocurre, en varios casos, porque el denunciado vive cerca de su domicilio y esto genera temor.

Son por estas razones que la Secretaría de Desarrollo Social, que depende de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, “reasigna” a los beneficiarios a otros lugares de tareas, que, como se explicó, la mayoría depende de las intendencias y gobernaciones.

Quizás este hecho, que sucede desde hace más de seis meses, tomó otra dimensión, o muchos se interesaron después que la ex Jefa de Estado criticara la “tercerización” de los programas sociales; o que el legislador porteño, Gabriel Solano, del Partido Obrero, confesara que a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que cumplen tareas en sus Unidades de Gestión, se les retiene el 2% de los $ 22.770 que recibirán como modo de aporte para sostener las movilizaciones que realiza el Polo Obrero en contra de las medidas económicas y de ajuste del gobierno de Alberto Fernández, o en reclamo de más planes sociales.

Tanto dirigentes sociales como Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, o Silvia Saravia, de Barrios de Pie, como funcionarios de Zabaleta, le aseguraron a este medio que ayer, durante la séptima reunión que el ministro de Desarrollo Social mantuvo con la Unidad Piquetera, “no se tocó el tema de los traspasos de una Unidad de Gestión a otra por parte de los beneficiarios”.

“Este es un tema que viene desde fin del año pasado y que nosotros no estamos de acuerdo porque mandan a la gente a trabajar a los municipios o a las gobernaciones como mano de obra barata”, afirma Belliboni, ratificando que desde hace meses existe la migración de los movimientos populares a municipios o gobernaciones.

Según lo expresó el propio ministro Zabaleta, muchos de los trabajadores sociales que son reasignados a prestar sus tareas, por ejemplo en intendencias, terminan formando parte de la plantilla municipal con lo cual se empalma el Potenciar Trabajo con empleo genuino. En este caso, y por un lapso determinado por reglamentación, la intendencia equipara el monto asignado del programa social con el sueldo básico que corresponda según la tarea y la categoría que se le asigne. Lo mismo sucede con los beneficiarios que cumplen funciones en empresas o PyMES de diversos rubros, como alimentación, textil o metalúrgica que son inscriptas en el registro del ministerio de Desarrollo Social para ser tenidas en cuenta como Unidades de Gestión laboral para los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

De hecho, el 12 de agosto pasado se realizó la presentación del plan de promoción del empleo registrado para trabajadores rurales, que compatibiliza la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado. Un mes después, se publicó en el Boletín Oficial una resolución conjunta para la implementación del decreto 514/2021, que tiene como objeto promover el trabajo registrado y la ampliación de la protección social de los trabajadores y trabajadoras rurales que realizan actividades temporales y estacionales, estableciendo la compatibilidad de la percepción de los beneficios de los planes y programas sociales y de empleo con las nuevas contrataciones formales en las modalidades temporarias del sector rural.

El 4 de octubre se lanzó el programa Mejor Barrio, una iniciativa que apunta a la construcción de 400 playones deportivos y circuitos aeróbicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida comunitaria en ciudades de toda la Argentina. A este proyecto, en el cual intervienen los municipios, se reasignaron beneficiarios que pidieron renunciar a la Unidad de Gestión que depende de organizaciones piqueteras o de otros movimientos sociales.

* Para www.infobae.com