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Cristina Kirchner cuestionó el "alquiler de cautelares": "Argentina se vuelve una misión imposible"

POLÍTICA 18/07/2022 Agencia de Noticias del Interior Agencia de Noticias del Interior
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Cristina Kirchner reapareció en redes sociales y cuestionó al "funcionamiento judicial y empresario" por una maniobra a partir de la que las empresas que lograron obtener una medida cautelar provisoria para ingresar mercadería y liberar dólares se las "cedían" a otras firmas que no habían obtenido los mismos permisos.

"Alquiler de cautelares? O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilas? Esa sí que no la tenía", cuestionó la vicepresidenta en Twitter y afirmó: "Argentina se vuelve casi una misión imposible".

Hace poco menos de un mes, en el plenario de la CTA, Cristina Kirchner ya había entrado en el debate con respecto al uso de las reservas del Banco Central, donde señaló: "No es que no haya dólares o nos falten dólares, la economía argentina produce dólares que se evaden. Los dólares están afuera y ese es el problema que hoy tenemos".

"Creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente el Banco Central, Ministerio de Producción, AFIP y la Aduana. No estaría sucediendo porque hay un festival de importaciones desde hace tiempo, no es tan difícil controlar esto", agregó en aquel momento.

A su vez, en dicha oportunidad la presidenta también arremetió, al igual que ahora, en contra del Poder Judicial: "Entre enero del 2021 y marzo del 2022 salieron del país 1.847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales con amparos. Donde hay una necesidad de dólares ahí habrá un juez y fiscal para darle dólares a los importadores".

 

¿Qué es el "alquiler de cautelares"?
Lo que Cristina Kirchner catalogó de "alquiler de cautelares" se trata de una maniobra que le permite a una empresa ingresar mercadería al país y recibir dólares del Banco Central utilizando el "permiso" de otra empresa.

En concreto, las licencias para que las empresas realicen importaciones sobre bienes, un juzgado les debe otorgar una medida cautelar provisoria, la cual puede ser prorrogada y que libera la mercancía y obliga al Banco Central a girarle dólares a valor oficial.

Ante esta situación, una firma que no ha conseguido dicha medida cautelar pero necesita importar, logra hacerlo a través de la habilitación de otra firma a la que si se le haya otorgado.

 

El caso que "destapó la olla"
Este viernes 15 de julio, la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció la operación de la que se percataron a partir de las maniobras de la empresa Yoko, quien le "cedió" el beneficio judicial otorgado a la firma de marroquinería Tropea.

Dicho organismo reportó que Yoko realizó una operación de importación sin la validación de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), la cual luego "transfirió" a la firma Tropea.

Yoko había obtenido autorizaciones judiciales, a través de medidas cautelares, para importar mercadería sin el requisito del SIMI, de forma que luego le "cedió" estas autorizaciones a Tropea para permitirles ingresar carteras desde China salteándose el mismo requisito.

 

"Yoko le 'alquiló' la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería" mientras que la primera de las empresas "funcionó como una usina de SIMI", explicaron.

"La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado", mencionó al respecto el director general de Aduanas, Guillermo Michel.

Tras ser detectada la maniobra, Aduana bloqueó la mercancía antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que equivaldría al quíntuple del valor importado.

Por su parte, la denuncia fue presentada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°8, a cargo de Osvaldo Otheguy.  En este sentido, se le reclamó al juez que se abra una investigación por presunta estafa procesal en el marco de una importación, convirtiendo lo ocurrido en un asunto federal.

Fuente: Perfil

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