El “mito” de la Corte Suprema

OPINIÓN 21 de julio de 2022 Por Diego Armesto*
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El presidente Alberto Fernández sostuvo que ha realizado una “reflexión” sobre el mensaje que días atrás difundió la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. En tal sentido, el primer magistrado arremetió contra el Máximo Tribunal expresando las siguientes palabras: “He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos. Nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente una reforma profunda y democrática”. Y concluyó: “La designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue un acto político inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la justicia”.

Estas declaraciones atentan contra el sistema republicano y conllevan un mensaje contradictorio que devalúa aún más la institucionalidad que merecemos los argentinos. Además, carece de sustento y es fruto de un “mito” generado a partir del relato populista, que solo busca desgastar y atacar a la cabeza de uno de los poderes del Estado, que es más ni menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 15 de junio de 2016, la Cámara de Senadores aprobó por amplia mayoría los pliegos enviados por el presidente Mauricio Macri, que concluyeron con la designación como jueces de la Corte Suprema de Justicia a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En aquella votación para la designación de los Ministros, Carlos Rosenkrantz obtuvo 58 votos afirmativos y 12 negativos, mientras que el pliego de Horacio Rosatti contó con 60 positivos y 10 en contra.

En este sentido, es evidente la falacia que esgrimen las declaraciones que hablan de “deslegitimidad”, por cuanto la designación de ambos miembros de la Corte Suprema se realizó conforme el procedimiento establecido en nuestra Carta Fundamental y tan solo con mirar 6 años atrás en el tiempo, podemos verificar datos y hechos, en lugar de ahondar en conceptos vacíos.

En aquella sesión, el senador Rodolfo Urtubey dijo: “En nuestra República los dos poderes del Estado cuya legitimidad y origen está dada por el voto popular –presidente de la Nación, votado por el pueblo argentino, y Senado de la Nación, legisladores que representan a las provincias argentinas– son quienes eligen a los miembros que conducen e integran la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Evidentemente, se trata de un acto de cogobierno, del ejercicio de una responsabilidad política compartida”. A su vez, el legislador agregó que la administración Macri enmendó el error “en los hechos y por los actos del gobierno que, volviendo sobre sus pasos, inició el procedimiento previsto en la Constitución Nacional remitiendo finalmente al Senado los pliegos para su tratamiento”.

Es decir, los candidatos a la Corte Suprema, participaron de la Comisión de Acuerdos, donde se los escuchó, se analizó, se resolvió́ cada una de las impugnaciones (Dto. 222/03) y se practicó el correspondiente dictamen, el cual resultó favorable. Por ello, es dable destacar que no sólo se cumplió con el procedimiento establecido en la Constitución, sino que quedó demostrada la idoneidad de los candidatos, cumpliendo el rito constitucional y otorgando legitimidad a los designados Ministros de la Corte.

Resulta necesario clausurar este debate y entender que todo relato concluye en una simple historia imaginaria que pretende alterar las verdaderas cualidades de nuestro Máximo Tribunal y algunos de sus integrantes, queriendo imponer -pareciera- esa falsa verdad en busca de impunidad por encima de la realidad. Un buen juez debe ser idóneo, imparcial e independiente y, estas tres cualidades nunca pueden ser parte de un plan para desestabilizar o perseguir gobierno alguno. En definitiva, colocar a la Justicia en ese espacio, propio de la lucha en la arena política, no hace más que desgranar la poca institucionalidad que le queda a nuestro país.

* Para www.infobae.com

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