Más presión fiscal sobre el campo: cómo es el proyecto para gravar la producción de soja y trigo con una tasa a favor de las semilleras

En medio de las dificultades para modificar en el ámbito legislativo la actual Ley de Semillas y con la posición de los mejoradores de semillas de que el costo de la tecnología debe ser reconocido, el Gobierno avanzará en las próximas horas con la imposición de un monto fijo o universal a todos los productores para “compensar” a los semilleros por sus ventas de variedades en el mercado.

Este martes habrá una reunión extraordinaria de los integrantes de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), con el objetivo de exponer el tema a los representantes de los productores que integran ese ámbito. Es decir, sobre quienes recaerá la “contribución” obligatoria, algo que semeja demasiado un impuesto.

Cabe agregar que últimamente las principales empresas semilleras del país lanzaron un programa para estimular el uso de semillas registradas entre los productores, previo al desembarco masivo en el país de la tecnología Enlist en soja (son semillas modificadas para resistir las aplicaciones de varios herbicidas, incluido el 2,4D).

La medida, promovida por Obdulio San Martín, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase) se denominará “Compensación a la Innovación Tecnológica” y se aplicará a “todos aquellos productores agrícolas que utilicen semilla de propia producción y comercialicen el producto obtenido”. El Inase designará la lista de especies que pasarán a estar gravadas por la nueva retención, que posiblemente serán soja y trigo.

Según estimaciones de la Sociedad Rural, la “compensación” implicaría el pago de más de USD 300 millones al año, de los cuales dos tercios recaerían sobre los productores de soja y el resto sobre los de trigo.

El borrador de la propuesta, al que accedió Infobae, establece que “la compensación a la tecnología y al germoplasma de las variedades vegetales protegidas será hasta el 1,5% del valor por tonelada del producto al momento de la comercialización”.

En caso de que la entrega del producto no implique su comercialización, “la compensación se descontará al momento de dicho acto”, señala la propuesta.

El proyecto establece que el acopio, la industria o terminal portuaria serán los encargados de descontar el porcentaje mencionado y transferirlo a una cuenta especial administrada por la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov), para hacer frente a los pagos de regalías correspondientes a cada uno de los obtentores de variedades registradas ante el Inase.

Un tema central de la medida es que un 10% de lo recaudado se destinará al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para financiar “programas de investigación y desarrollo de germoplasma y tecnologías aplicadas”. El 88% será derivado a “obtentores de variedades vegetales protegidas y titulares de la tecnología incluida en ésta”, y el 2% será para el Inase.

Medida y críticas

Todo esto busca zanjar una situación histórica en el país. El argumento de semilleros y desarrolladores tecnológicos es que el actual sistema, en el que más del 80% de las semillas son de “uso propio”, aleja inversiones y desalienta la introducción de nuevas tecnologías en la agricultura local, aumentando la brecha de rendimientos entre la la Argentina y sus competidores. Ya hubo reuniones de los funcionarios con la industria semillera y en el ámbito productivo surgieron algunos planteos a la movida oficial.

Según pudo saber Infobae, la regalía obligatoria será descontada incluso a aquellos productores que hayan sembrado un cultivo con semillas de “uso propio”, por lo cual este derecho ancestral de los agricultores a guardar parte de su cosecha para utilizarla como simiente pasará a ser oneroso. La única excepción serán los pequeños agricultores registrados debidamente en el registro de la agricultura familiar.

Desde el ámbito productivo ya surgieron las primeras críticas. “Esto afectaría directamente lo que, para algunas normas, es una excepción expresa de los agricultores a los derechos de obtentor y para otras normas es el derecho del agricultor de destinar parte del grano de su cosecha como semilla de uso propio”, expresó en un comunicado Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades de la Mesa de Enlace.

Cualquiera sea el camino que se tome para establecer una solución de largo plazo al reconocimiento de la propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético, dijo CRA, se deben respetar dos acuerdos básicos consensuados por toda la cadena de producción, comercialización y uso de semilla: Los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético deben ser debidamente reconocidos, y el cobro de este reconocimiento se hará exclusivamente sobre la semilla.

“El pensamiento y el comportamiento circular también se repite a lo largo de los años, siempre somos convocados para ser informados de una decisión ya tomada, lo que necesitamos es que se nos convoque a intercambiar opiniones y propuestas que terminen en una decisión que comprenda e integre a todas las partes”, concluyó el comunicado.

Con información de www.infobae.com