"La dirigencia santafesina no ha cuidado al Ministerio Público de la Acusación"

"La dirigencia santafesina no ha cuidado al Ministerio Público de la Acusación; en ocho años han cambiando tres veces el régimen disciplinario" afirmó el fiscal regional número 1, Carlos Arietti, en la audiencia pública realizada ayer en el recinto de la Cámara de Diputados con el objetivo de discutir el control y la auditoría así como el régimen disciplinario sobre los órganos fiscales tanto del MPA como del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.
Fueron más de dos horas de exposiciones que abrió el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Daniel Erbetta y cerró el fiscal general, Jorge Baclini, quien remarcó que los cambios "han afectado la calidad institucional en Santa Fe".
La audiencia fue convocada a instancias de la socialista Lionella Cattalini quien junto al presidente de la Cámara, Pablo Farías, encabezaron la reunión. Cattalini es autora de uno de los tres proyectos a debate que tiene la Cámara sobre el sistema disciplinario de fiscales y defensores que en parte está en manos de la Legislatura y es lo que rechazaron todos los expositores ayer. Los otros dos proyectos son de Fabián Palo Oliver (UCR) y de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) y ambos los expusieron y cuestionaron la ley vigente.
En contraste a la unanimidad de voces escuchadas en el recinto pidiendo cambiar el sistema e incluso volver al texto original de la ley 13.013 hubo escasa presencia de legisladores. Solo un senador -Hugo Rasetto- acompañado del jurista Víctor Corvalán. Además de los diputados mencionados líneas arriba estuvieron Oscar Martínez (Frente Renovador), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Gisel Mahmud (PS) y Sebastián Julierac (CC). Los dos primeros también hablaron de la necesidad de cambios con miradas muy particulares.
Fue Erbetta quien hizo un racconto de lo ocurrido en Santa Fe hasta llegar al sistema procesal penal actual, cuestionó que sea la Legislatura la que tenga el control disciplinario de fiscales y abogó por unificar el sistema público de defensa de todos los fueros como ocurre en todas las provincias argentinas. Propuso sí una mesa interinstitucional para coordinar y planificar reformas al sistema y reclamó la instauración de juicios por jurados populares. Como repitieron varios expositores, calificó a la ley de disciplina vigente como un gran retroceso institucional y advirtió que no existe antecedente alguno de este control político sobre fiscales. Es más, avanzó en la necesidad de dotar de inmunidad de arresto a fiscales y defensores. Balangione coincidió con Erbetta e insistió en la necesidad de unificar el sistema de defensa santafesino.
Los cinco fiscales regionales -Arietti, María Iribarren, Matías Merlo, Rubén Martínez y Diego Vigo- abundaron en cuestionamientos que luego coronó el fiscal general Baclini. "El MPA ejerce una potestad pública muy delicada y debe haber garantías funcionales que garanticen la independencia del organismo", pidió Arietti. "El control político sobre órganos técnicos de investigaciones atentan contra toda política de persecución penal" añadió Vigo.
Más adelante, la Auditora del MPA, María Cecilia Vranicich remarcó los cinco controles que tienen los fiscales: adversarial, jurisdiccional, supervisión jerárquica, disciplinario y de gestión. Además reclamó para el cuerpo que hoy conduce autonomía funcional. Más tarde Baclini destacó que fueron varios los fiscales sancionados por los trabajos de la propia auditoría interna.
Los fiscales expusieron a través de autoridades que tienen actualmente las asociaciones que los agrupan. Agustín Nigro lo hizo por Santa Fe y la titular de la organización en Rosario, Gisela Paolicelli quien recordó que esa entidad fue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que opinó que la norma santafesina viola derechos humanos. "No queremos que nos protejan los legisladores, es la ley la que nos debe garantizar la independencia para nuestra tarea" exigió para recordar que fueron los propios fiscales que detuvieron a varios de sus pares, incluso al ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal a quien incluso mencionó por su apodo 'Pato'.
El presidente del Colegio de Magistrados, Roberto Dellamónica reiteró que el sistema actual erosiona el equilibrio de poderes. Mencionó que en Santa Fe, los jueces de primera instancia y los camaristas son juzgados por un tribunal de enjuiciamiento y sólo los miembros de la Corte por un juicio político mientras que en el sistema penal todos son susceptibles del juicio político.
Otras voces que se escucharon fueron de los colegios de abogados de Santa Fe y de Rosario así como de las facultades de Derecho. El propio decano de la UNR, Hernán Botta, se sumó al debate y desde la UNL la titular de la Cátedra de Derecho Constitucional, Mariela Uberti. Sobre el final, también con sentidos muy críticos hacia el sistema vigente expusieron Jorge Barraguirre, procurador actual de la Corte, y el jurista Corvalán. El primero pidió reconstruir el consenso constitucional que originó las leyes del nuevo sistema penal y el segundo propuso volver al sistema dispuesto por la ley 13.013.
En el final, Baclini además de cuestionar el sistema sancionatorio, señaló que los fiscales no buscan un privilegio sino garantías para los ciudadanos. También advirtió sobre retrocesos en las facultades que tienen las propias autoridades del MPA. "No podemos ni sancionar a un empleado" lamentó. "Destaco la valentía de los fiscales. Están expuestos por su trabajo porque su tarea puede quedar politizada y esto es grave", añadió. Baclini había estado reunido en la previa con los cinco regionales acordando parte de la estrategia llevada al recinto de Diputados.

Con información de El Litoral