La carrera que más preocupa a Perotti

La carrera por la nueva conducción política del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe ya está casi en marcha. A principios de septiembre, la Secretaria de Justicia abrirá la inscripción a los concursos para cubrir los cargos máximos en la estructura, que vencen en abril de 2023. Jefe o jefa se busca y por estas horas el apuro es grande: cuanto más cerca de las elecciones del año próximo estén los resultados y el gobernador defina la terna que enviará a la Legislatura, más complejo va a ser lograr los acuerdos necesarios en la Asamblea del parlamento local. Es que desde hace algunos años a esta parte, los señalamientos sobre afinidades partidarias de los y las investigadoras ocupó el centro de la escena en las discusiones sobre el funcionamiento del MPA.

Mientras se terminan de definir las fechas de inscripción y la letra chica de la modalidad del concurso, ya comenzó la danza de nombre sobre quienes pueden tener expectativas y reunir las condiciones para la función. Las gestiones que vencen en abril de 2023 son las del fiscal general, Jorge Baclini, y su par del Servicio Público de la Defensa, Jaquelina Balanguine, ninguno de estos dos puestos tiene reelección. En cambio, las gestiones que también terminan pero que podrían concursar para renovarlas son las de los fiscales regionales Carlos Arietti (Santa Fe); Rubén Martínez (Reconquista) y Diego Vigo (Rafaela), y los dos interinos María Eugenia Iribarren (Rosario) y Matías Merlo (Venado Tuerto).

El MPA tiene una estructura vertical y compacta. Quien aspire a conducirla tendrá a su cargo el diseño de una persecución criminal estratégica para toda la provincia y que sea factible de ser adaptada a las asimetrías regionales. Así planteado suena como un cargo muy técnico, pero en la práctica quedó demostrado que el puesto requiere además de muchísima cintura política y un aceitado mecanismo de vínculos.

El ejemplo último y concreto de qué pasa cuando eso no funciona es la vorágine de fotos y tuits en respuestas, subidísimas de tono, que protagonizaron en los últimos días Baclini versus legisladores del peronismo y funcionarios de Perotti. Los últimos le reprocharon al fiscal general un encuentro con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la foto de ese momento, en la que se los ve compartir la mesa con el diputado provincial, y ya lanzado como candidato a gobernador por la UCR, Maximiliano Pullaro y el diputado del PRO Gabriel Chumpitaz. Las buenas migas entre Baclini y el peronismo ya venían con muchos contratiempos y esa reunión fue la gota que rebasó el vaso. El jefe del MPA, sin embargo, no se dio por aludido. Insiste en que esa reunión con Larreta no tuvo contenido partidario y que menos aún lo tienen las investigaciones del Ministerio santafesino. Además, en entrevistas recientes dijo que cuando termine su mandato volverá a su puesto de fiscal.  

Lo cierto es que esa lectura fina de cómo los tiempos judiciales se acoplan a los de la política para evitar, o minimizar, las sospechas de que una investigación se usa con fines partidarios, no es fácil de adquirir. Por eso, hay quienes dicen que la nueva conducción podría estar a cargo incluso de alguien que no provenga de carrera judicial. Como ejemplo, marcan el caso del exministro de Seguridad Jorge Lagna quien, antes de ser designado a cargo de la cartera más caliente, había concursado para la fiscalía regional de Venado Tuerto. Otros dicen que también hay senadores que miran con ganas el cargo. Y es que la designación significa un crecimiento exponencial en la carrera de cualquiera, con mucha expectativa de liderazgo, pero además, con un sueldo equivalente al de un ministro de la Corte.

Quienes suenan
Más allá de la vaporosa danza de nombres, hay algunos perfiles que decantan solos ante la apertura del concurso. Entre ellos el de María Eugenia Iribarren, que llegó a ser jefa de los fiscales de Rosario tras la destitución y posterior detención de Patricio Serjal, imputado como organizador de una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia. Antes había sido jefa de la Agencia de Criminalidad Organizada. En el caso de Irribarren, corre con la ventaja de conocer a fondo el departamento Rosario, el territorio rojo en cifras de inseguridad en la provincia de Santa Fe, que lleva 163 homicidios contabilizados hasta el 31 de julio pasado. Con esas estadísticas, y el trabajo puntilloso que demanda Rosario, muchos marcan que será difícil que se designe a alguien del centro o del norte de la provincia.

Otro de los candidatos que se perfila es Carlos Arietti, actual fiscal regional de Santa Fe, quien ocupó ese mismo cargo en la regional de Rafaela. Es uno de los regionales con más experiencia y podría elegir concursar para renovar su cargo o dar el salto a la fiscalía general. En los últimos años tuvo un perfil muy alto y una enemistad manifiesta con el exministro de Seguridad Marcelo Sain. En abril del año pasado llegó a pedir su destitución del Organismo de Investigaciones con un pedido formal ante la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación y además es el jefe directo de los fiscales que llevan adelante la investigación por espionaje contra Saín. El allanamiento y los primeros momentos de esa pesquisa generaron un desequilibrio político en la provincia, pero en términos procesales la causa aún no tuvo novedades. La jugada fue muy fuerte y en su entorno cuentan que Arietti sintió que se tuvo que hacer cargo solo del conflicto y que cayeron sus chances en la carrera por la jefatura del MPA, porque tras el concurso, quien finalmente elige los pliegos que envía a la legislatura es el gobernador.

 Fuente: Letra P, sobre una nota de Gabriela ALBANESI