Alarma por default del fondo para las obras sociales y expectativa por lapicera de Massa

POLÍTICA 26 de agosto de 2022 Por Mariano Martín*
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Un fondo que cubre los tratamientos más costosos de las obras sociales sindicales entró técnicamente en quiebra y sembró alarma en la CGT. La crisis financiera, que amenaza con una cesación de pagos generalizada en un sistema que brinda salud a casi 20 millones de argentinos, quedó en manos del ministro de Economía, Sergio Massa, de quien depende la firma de un decreto de auxilio económico que la central obrera negocia desde el año pasado con el Gobierno. La falta de definición sobre este punto condiciona la relación entre el Frente de Todos y el sindicalismo más tradicional, al que le pedirán una participación activa en las movilizaciones y protestas por la situación procesal de Cristina de Kirchner.

El quebranto era una posibilidad creciente en los últimos meses pero recién se terminó de verificar una vez asentados los números de agosto: de los 13.400 millones de pesos que ingresaron en el último ejercicio al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la totalidad se agotó entre coberturas de prestaciones para discapacitados ($9.300 millones) y desembolsos automáticos el sistema a favor de las obras sociales con menos recursos ($ 4.000 millones). Los funcionarios que monitorean el FSR admitieron que este mes no habrá recursos para el Sistema Único de Reintegros (SUR) que reembolsa de modo diferido el valor de todos los tratamientos médicos, prestaciones o remedios de alto costo y que representa el corazón del flujo de fondos entre el Ejecutivo y los gremios.

El desequilibrio es dinámico y depende del ingreso de recursos al FSR, que se nutre de una porción de la recaudación fiscal entre las propias obras sociales sindicales. En términos contables ese fondo contaba este mes con un total de $ 3.200 millones para hacer frente a reintegros de este mes y de septiembre que, se calcula, totalizarán cerca de 10 mil millones de pesos. El alerta en la CGT motorizó llamadas febriles de Héctor Daer, uno de sus cotitulares, a Alberto Fernández y al propio Massa, renuente hasta ahora a firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que la organización reclama desde hace meses.

La normativa en análisis fue elaborada por la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y establece la asunción por parte del Estado de una porción de las prestaciones en la actualidad a cargo de las obras sociales. En concreto, los gastos en servicios de educación y transporte para sus afiliados discapacitados. Por ese rubro se destinan cada mes $4.500 millones (la proyección inflacionaria señala que subirá a $ 6.000 millones mensuales de aquí a fin de año) que representan la mitad del gasto total en discapacidad.

El proyecto de DNU se hace eco de un argumento expuesto por la CGT: los recursos para salud no deben ser aplicados a otros ítems, como en este caso el transporte o los servicios educativos para los discapacitados, sino que debe ser el Estado el responsable de pagar por ellos. El manejo de la negociación pasó por varias manos: de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, derivó a su par de Trabajo, Claudio Moroni, y en la actualidad Massa es el que tiene la última palabra en un contexto de restricciones presupuestarias autoimpuestas para cumplir con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero incluso si no hubiera margen para el pulido técnico del decreto pendiente la CGT espera alguna respuesta en los próximos días. En las charlas de Daer con el Presidente y Massa hubo predisposición para encontrar una salida al ahogo financiero mediante vías transitorias. Para la semana que viene se esperan novedades en ese sentido, en paralelo con el avance de las conversaciones políticas por la participación de la central obrera en la escalada de movilizaciones que planea el Partido Justicialista en defensa de Cristina. Lo que hasta principios de esta semana era una negativa cerrada de la “mesa chica” a participar en las protestas al menos hasta que no se produjera una eventual condena contra la vicepresidenta, anoche parecía mostrar flexibilidad.

* Para www.ambito.com

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