La receta de Massa y Rubinstein para bajar el gasto público

Desde la llegada a la máxima conducción del Ministerio de Economía, Sergio Massa dijo que tendrá como una de sus prioridades el ordenamiento fiscal, ya que los equipos técnicos detectaron que la velocidad del gasto público derivaría, de continuar, en un desvío en exceso de 0,7 puntos del PBI de la meta fiscal acordada del 2,5% con el Fondo Monetario Internacional, pese a que al 19 de agosto se había gastado $1,34 billones menos del máximo asignado del Presupuesto vigente hasta ese momento, como resultado de que sobre 27 grandes jurisdicciones, sólo 5 se habían excedido en unos $114 mil millones, y otros 22 se mostraron austeros en $1,45 billones.

De ahí que para dar el primer paso en busca de “ahorrar” unos $500.000 millones, en coincidencia con la designación de Gabriel Rubinstein como secretario de Política Económica, el lunes se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 826, con la firma de Sergio Massa y el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, que dispuso una poda en límite autorizado para utilizar el resto del año de $210.000 millones en seis Ministerios:

- Desarrollo Productivo, para el financiamiento de la producción: $70.000 millones;

- Desarrollo Territorial y Hábitat, Planificación: $50.000 millones;

- Educación, Conectar Igualdad: $50.000 millones;

- Obras Públicas, Recursos Hídricos: $20.000 millones;

- Transporte, Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo: $10.000 millones; y

- Salud, Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles: $10.000 millones.

Pero en todos esos casos, salvo Desarrollo Territorial y Hábitat en el que la reducción de la partida superó en unos $9.000 millones a la subjecución de $41.337 millones, y de Desarrollo Productivo que prácticamente fue similar ($75.000 millones), en los cuatros restantes se trató de quitas que representan 54% del crédito no usado por Educación; 45% en Obras Públicas; 27% en Transporte; y 22% por parte del Ministerio de Salud.

De ahí que lo que aparece como un “ajuste” severo del gasto público y en varias áreas indudablemente sensibles, es en realidad, hasta el momento, sincerar la menor necesidad de partidas para el resto del año en función del promedio ejecutado en los siete meses y medio previos.

Prueba de lo anterior, aunque puede cambiar, es que si se analizan los datos de ejecución del Presupuesto 2022 vigente para la Administración Central (no incluye organismos descentralizados, ni empresas públicas) de $16,43 millones para todo el año y que ahora se achicó levemente a $16,3 billones, porque se sumaron $82.000 millones al crédito de la Tesorería General de la Nación, para Asistencia en Servicios Económicos (“otras asistencias financieras”), surge nuevamente que sobre 27 grandes jurisdicciones sólo cinco tendrán en lo que resta del 2022 menos capacidad de ejecución de las partidas de gastos promedio nominal diario inferior al de los siete meses y medio precedentes, son los Ministerios de: Mujeres, Género y Diversidad 62%; Desarrollo Social 32%; Público 24%; Servicio de la deuda pública 14%; y Seguridad 4 por ciento.

Por el contrario, para las 22 carteras y áreas restantes que presenta la ejecución presupuestaria diaria de la Secretaría de Hacienda, Infobae estimó que -salvo que se firmen nuevas Decisiones Administrativas que reasignen y recorten partidas para cumplir con la meta de baja del déficit fiscal a 2,5% del PBI-, hay 3 que podrán elevar el promedio de gasto diario nominal en 17% respecto del ritmo que tuvo la ejecución efectiva; otros 6 se podrán estirar a un rango de 32% a 39%; otros ocho subir entre 40% y 90%, y los 6 restantes hasta un máximo de 264% por parte de Desarrollo Productivo, que es una de las carteras con mayor grado de subejecución de partidas.

La actualización de los datos de la ejecución presupuestaria de los gastos y recursos previstos para todo 2022, hasta el último viernes 19 de agosto, arrojaba el 55,11% en el caso de la partida de erogaciones sobre un total $16,43 billones; y de 54,47% de los ingresos totales de $12,34 billones, pese a que hasta entonces había transcurrido el 63,2% del año calendario.

Semejantes brechas en la disciplina de la administración de la hacienda pública, cuando habitualmente se asiste a reclamos de diferentes áreas para disponer de mayores partidas, y también se pone el acento en “crear” más impuestos a la extensa lista de más de 166 que rigen en todo el país cuando se agregan las tasas y contribuciones que aplican provincias y municipios, desnuda la “inconsistencia” que caracteriza a los Presupuestos de Gastos y Recursos en la Argentina y que en el caso particular del correspondiente a 2022 presentado por el ex ministro Martín Guzmán el último 15 de septiembre, no fuera aprobado por la mayor parte de los representantes de los partidos de oposición al Gobierno.

Ahora, el ministro Sergio Massa, y su viceministro, Gabriel Rubinstein, deberán confirmar que no sólo están dispuestos a “ordenar las cuentas fiscales” en el resto del año, sino en particular a diseñar un plan de gastos y recursos para 2023 consistente y sustentable, basado en la austeridad en las erogaciones y compromiso de no recurrir al cobro de más impuestos y rentas extraordinarias.

Un paso en esa dirección se dio con la Decisión Administrativa 827 publicada el último martes y firmada también por el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Economía Sergio Massa, que puso en marcha el mecanismo dispuesto por el Decreto 426 del corriente año por el cual buscará tener un seguimiento mensual de la cantidad de empleados públicos en cada repartición pública, incluidas las empresas con mayoría de capital estatal, excluidos los movimientos vinculados con la estacionalidad.

Entre los considerandos en los que justifica la medida, el Poder Ejecutivo aseguró que “resulta necesario adoptar medidas con miras a garantizar el ejercicio eficiente y responsable de los recursos del Estado Nacional, en lo que hace a la contratación de personal, particularmente en lo que refiere a los regímenes de contratación de aquel que presta servicios en el ámbito del Sector Público Nacional”.

En esa línea, se prevé que se avance en una de las iniciativas que había planteado la fugaz ministra de Economía, Silvina Batakis, de unificar el manejo de recursos financieros que generan algunas carteras ministeriales con la aparente colocación de saldos de caja a plazo fijo en busca de un interés mensual.

Del análisis de los gastos ejecutados en los primeros siete meses y medio del año, y de los efectivamente pagados al 19 de agosto, se desprende que, de 27 grandes jurisdicciones, prácticamente la mitad honra las obligaciones, incluido el servicio de la deuda, dentro de los 10 días de ejecutadas, con un promedio general de 14 días, aproximadamente.

Por el contrario, hay 5 carteras que, al parecer, registran un plazo medio de pago de las partidas de gasto ejecutada de más de 30 días: Educación; Economía, Obras Públicas, Ciencia, tecnología e innovación; Desarrollo Productivo; y Desarrollo Territorial y Hábitat.

De todo lo anterior se desprende que, a excepción del caso del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que registra una subejecución de unos $553.000 millones, porque debe contar con alguna reserva para poder cumplir con las exigencias de la Ley de Movilidad Previsional en un escenario de aceleración de la inflación, el resto, comenzando por la Tesorería de la Nación que pese a subejecutar partidas autorizadas por unos $252.000 millones, recibió el último lunes un refuerzo de $82.000 millones -probablemente por el compromiso que asumió Sergio Massa de no acudir al financiamiento del Banco Central, y de mantener una fluida asistencia a provincias- tendría un margen para soportar una poda del crédito presupuestario remanente de unos $600.000 millones, sin que signifique un “ajustazo” en áreas sensibles.

Fuente: Infobae