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Alarma en CGT: Massa posterga el auxilio financiero a obras sociales

POLÍTICA 31/08/2022 Mariano Martín*
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Sergio Massa prepara el terreno para darle una mala noticia a la CGT, un espacio aliado que considera clave para su estructura de poder: dejará para el año que viene, atada a la definición parlamentaria del Presupuesto 2023, la solución a un reclamo de sus obras sociales por un auxilio financiero que había prometido Alberto Fernández desde 2021. Se trata de una compensación por el crecimiento del gasto en atención a los afiliados discapacitados del sistema solidario de salud, que demanda unos $6.000 millones por mes y que ya entró en un quebranto técnico por falta de recursos.

La definición del ministro de Economía está en línea con la disciplina fiscal que se impuso desde el inicio de su mandato y con las restricciones propias del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. No obstante, y para evitar una cesación de pagos generalizada el líder del Frente Renovador se comprometió a echar mano de otro fondo, que había retenido Martín Guzmán, por un total de 24 mil millones de pesos para robustecer el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la herramienta que les reembolsa a las obras sociales el costo de los tratamientos médicos y remedios más caros.

En los hechos, y siempre pendiente de la letra chica, la herramienta ofrecida por Massa tendrá efectos financieros similares a la que reclamaba la CGT. La diferencia es que lo comprometido por Alberto Fernández desde el año pasado implicaba una solución de fondo y acaso definitiva para el desfinanciamiento provocado por el crecimiento incesante del costo de las prestaciones para discapacitados, en particular los servicios educativos y de transporte para esos afiliados. Mientras que la propuesta del ministro dejará una vez más a la central obrera sujeta a una constante negociación para garantizarse que sus prestadoras de salud no entrarán en quiebra.

Así, Massa descartó poner su firma en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que circuló por distintas áreas del Ejecutivo desde principios de año y que establecía la absorción por parte del Estado del costo de los traslados y de la educación de los afiliados a las obras sociales con alguna discapacidad. Pero además de desechar esa alternativa que hubiera encarrilado la problemática en lo inmediato, la determinación del funcionario encendió las alarmas en la CGT porque someterá la resolución a una discusión en el Congreso de resultado incierto para el Gobierno. De hecho el Presupuesto 2022 naufragó por la negativa de la oposición a darle tratamiento parlamentario.

Tanto la central obrera como la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano encargado de administrar el FSR, destacan que del total de los recursos ingresados al Fondo Solidario mediante la recaudación, la mitad se destina al rubro de discapacidad. Y algo más el 50% de esas prestaciones (un cuarto del total de lo que se recauda) es captado por entidades de servicios para esos afiliados que prestan tareas de educación o transporte pero no estrictamente sanitarias. Son instituciones que forman parte del sistema desde hace medio siglo y que también integran la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como organizaciones no gubernamentales en general ligadas a la Iglesia Católica. Esos sectores fueron los más refractarios hasta ahora a una normativa que les quitara a las obras sociales el peso de financiar con recursos propios esas prestaciones.

La decisión de Massa fue confirmada en su entorno y por parte de legisladores nacionales del Frente Renovador. La “mesa chica” de la CGT hasta anoche no se había dado por anoticiada y sus referentes admitían que la confirmación podría crear una crisis interna y con el actual superministro. Es que el tigrense cobijó en su espacio político y tiene una relación óptima con Héctor Daer y con Carlos Acuña, dos de los tres secretarios generales de la central obrera. Además la novedad amenaza con sembrar incertidumbre en otro ítem sensible para el Frente de Todos: las movilizaciones que se preparan en apoyo de Cristina de Kirchner por su situación judicial.

* Para www.ambito.com

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